«La crítica legítima hacia las resoluciones judiciales no permite amparar los ataques personales ni la deslegitimación de las juezas y de los jueces que imparten justicia en el País Vasco».
Son palabras de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco (TSJPV) en referencia al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Ángel Garrido.
Sin mencionarlo expresamente, el TSJ ha decidido arropar al magistrado antes las críticas del Gobierno Vasco tras sus resoluciones contra medidas establecidas por el Ejecutivo para evitar la propagación de la Covid-19.
La última resolución objeto de polémica ha sido la de la ampliación de los aforos en los estadios de fútbol, que el TSJPV decidió ampliar a un máximo del 60% siguiendo el límite del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, frente al 30% que había establecido el Gobierno Vasco.
Esta nueva decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo, que se suma a otras anteriores que anulaban otras restricciones dictadas por el Ejecutivo para luchar contra la pandemia, ha sido criticada representantes del Gobierno Vasco y el propio Lehendakari, Iñigo Urkullu.
Urkullu consideró el pasado miércoles, según informa Europa Press, que la representación institucional del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), que él preside, había sido «despreciada», y las recomendaciones sanitarias había sido desautorizadas por «personas que han demostrado su menosprecio a la ciencia, incluso con declaraciones públicas, pero que tienen capacidad de decidir sobre las cuestiones que afectan a la salud de las personas», en alusión a Garrido.
Durante el pleno de política general celebrado en el Parlamento Vasco este jueves, el Lehendakari insistió en las críticas a los jueces y lamentó «los obstáculos y dificultades» que ha encontrado en una situación «tan inédita y adversa», como la crisis sanitaria que ha tenido que gestionar, pese a sus resoluciones.
La Sala de Gobierno del TSJPV, reunida este viernes, ha abordado esta cuestión y ha acordado un texto en el que, sin mencionar al Ejecutivo ni al magistrado, destaca que, «en las sociedades democráticas, los juzgados y tribunales tienen plena legitimidad para resolver, conforme al ordenamiento jurídico, las peticiones de tutela jurisdiccional formuladas por las personas, asociaciones y entidades».
«De esta manera, hacen efectivo el derecho a la tutela judicial, uno de los pilares del Estado de Derecho», ha aseverado.
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