La asociación Hablamos Español ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) la ordenanza de usos lingüísticos del Ayuntamiento de La Coruña, en cuyo preámbulo «se cuestiona la condición de verdaderos gallegos a quienes tienen como lengua propia el español».
Esta entidad, que preside la profesora Gloria Lago, denuncia que «el texto es una sucesión de artículos en los que se excluye el uso oficial del español y se erradica de la vida municipal, e incluso se propone restringirlo en el ámbito privado».
Señala que con la nueva ordenanza, «además de establecer el gallego como lengua de la rotulación, comunicación, actividades de todo tipo, campañas publicitarias y de todo lo visible e invisible, se establece que desde el Ayuntamiento se irá más allá y se actuará sobre todos los ámbitos de la sociedad».
«Para que nada sea ajeno a ello, se enumeran la enseñanza, la familia, la juventud, el sector socioeconómico, el sociocultural, el sociosanitario, el asociativo, el deporte, las personas migrantes, los medios de comunicación, las tecnologías de la información y de la comunicación y también las confesiones religiosas», apunta.
Para Hablamos Español, se trata de «un proyecto de ingeniería social para cambiar la lengua de las personas».
Denuncia que esta ordenanza que «tiene artículos ilegales», y que los legales se basan en una ley gallega que la asociación aspira a llevar ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según detalla «esta ordenanza, de inspiración nacionalista, contiene artículos ya anulados por el Tribunal Supremo gracias a un recurso de Hablamos Español», y destaca que una norma similar ha sido llevada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ante el TC tras un recurso de VOX.
Según denuncia Gloria Lago, las ordenanzas de uso del gallego de los ayuntamientos de Galicia «discriminan a las personas que prefieren usar y ser atendidas en español y son un ejemplo del monolingüismo y de la falta de respeto a la cooficialidad lingüística que se lleva a cabo por el gobierno autonómico, ayuntamientos y diputaciones gallegas».
«La inmensa mayoría de ordenanzas fueron aprobadas antes de que iniciásemos nuestra actividad en defensa de la libertad elección de lengua y, por lo tanto, no pudimos recurrirlas. Hasta ahora, solo habíamos podido llevar a los tribunales la ordenanza del Ayuntamiento de Lugo. Lo hizo en su momento Galicia Bilingüe, ahora integrada en Hablamos Español y, tras siete años de litigio, logramos que el Tribunal Supremo anulase aquello que no era legal y que el ayuntamiento pagase los 4.000 euros de las costas», relata Gloria Lago.
Añade que ahora, el Ayuntamiento de La Coruña ha aprobado en pleno otra ordenanza «similar a las que hay en todos los ayuntamientos de Galicia».
Hablamos Español también pide al TSXG en su recurso que eleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Administración Local de Galicia, «ya que su artículo 7, en el que se basan en los ayuntamientos para redactar estas ordenanzas que atentan contra la plena oficialidad del español, tiene visos de inconstitucionalidad por tal motivo».
Señala que prueba de ello es que recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante un recurso del partido liderado por Santiago Abascal, elevó una cuestión de ese tipo al TC.
En este sentido, precisa que el TSJPV ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6.2 de la Ley de Instituciones Locales del País Vasco al considerar que dota al euskera de una «supremacía exorbitante» respecto al español, por lo que ha solicitado al máximo tribunal de garantías que determine si ese artículo vulnera el «equilibrio» que, según la Constitución, ha de garantizarse entre las lenguas cooficiales del Estado.
Gloria Lago asegura que «la ley gallega es todavía más excluyente que la ley vasca», por lo que afirma que la petición de Hablamos Español al tribunal «está más que justificada».
«Las mismas políticas que critica el PP en Cataluña, por ejemplo, las aplica en Galicia, algo que se debería conocer en toda España, pero lamentamente el PP gallego consigue taparlo», concluye.
