Hablamos Español

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Es la tercera acción judicial que Hablamos Español y Convivencia Cívica llevan a cabo conjuntamente para forzar a cumplir la sentencia.
Piden la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros que se nieguen a la aplicación de la sentencia.
Piden la nulidad del acuerdo, como paso previo a exigir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal si se destinase dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que se oponen a la imposición lingüística.
"Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian", reza uno de ellos.
Considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, y añade que "la prevaricación también se produce cuando grosera y deliberadamente se actúa contra lo resuelto por sentencia firme".
Los acusa de entorpecer su denuncia por discriminación lingüística en las pruebas EBAU.
Afirma que tiene artículos ilegales y que los legales se basan en una ley gallega que la asociación aspira a llevar ante el TC.
Esta asociación ofrece sus servicios jurídicos a quienes necesiten reclamar judicialmente por los perjuicios sufridos.
La asociación Hablamos Español ha realizado un estudio de libros de esta asignatura en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia y concluye que tienen contenidos con un “claro sesgo ideológico.