La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) una reclamación de cumplimiento de la sentencia que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en castellano, declarada firme en enero.
Solicitan que se condene a la administración a indemnizar a quienes se sientan afectados, con 450 euros por cada trimestre que no se aplique la resolución, y piden la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros educativos que se nieguen a aplicarla.
Hablamos Español y Convivencia Catalana están promoviendo que cumpla la sentencia en cuatro frentes. Uno de ellos con asociaciones de padres, otro con reclamaciones individuales, una tercera en nombre de sus asociaciones y una cuarta con jucil, que se ha formalizado este martes.
«En el caso de Jucil, la legitimación se basa en el derecho a la conciliación familiar y se pide la aplicación para todo el sistema educativo catalán porque están sujetos a movilidad forzosa», explica a Confilegal, la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.
“Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la administración autónomica no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia”, afirma la secretaria general de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico. Y hace hincapié en que todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocido, al amparo de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica de Igualdad, el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar y, por tanto, a educar a sus hijos en el lugar de destino, por lo que se trata de un derecho que puede ser defendido por Jucil.
La presidenta de Hablamos Español señala que de las cuatro acciones judiciales que han promovido desde su asociación y Convivencia Cívica, la que llevan a cabo con Jucil y con las asociaciones de padres «son las que tienen más posibilidades de prosperar».
«Y sabemos que la Consejería de Educación está muy preocupada por estas dos reclamaciones», añade.
Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana y abogado, entiende que Jucil «está legitimada con claridad para exigir el cumplimiento de la sentencia del 25%, ya que es evidente que tienen derecho a que sus hijos se escolaricen en Cataluña de acuerdo con la legalidad».
«De hecho, debería ser el Ministerio del Interior y no nosotros quien tendría que haber impulsado esta demanda», concluye.
