Convivencia Cívica Catalana

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Es la tercera acción judicial que Hablamos Español y Convivencia Cívica llevan a cabo conjuntamente para forzar a cumplir la sentencia.
Piden la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros que se nieguen a la aplicación de la sentencia.
Estima las alegaciones de la Abogacía del Estado contra los recursos de VOX, PP y Ciudadanos, así como Convivencia Cívica Catalana y una asociación.
Piden la nulidad del acuerdo, como paso previo a exigir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal si se destinase dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que se oponen a la imposición lingüística.
Requiere a la intervención de la Generalitat para que bloquee su ejecución "por ser gravemente lesivo para el interés público".
Entiende que "destinar dinero público a defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos".
Es una entidad que defiende la Constitución en Cataluña y alega ser perjudicada directa.
Convivencia Cívica Catalana ha presentado una denuncia contra él y el centro por un presunto delito de quebrantamiento de condena.
También reconocerá la labor de la asociación 'Espanya i Catalans' por la defensa de la unidad de España desde la transversalidad.
Dice que únicamente cumplen con el mínimo del 25% de horas en castellano impartidas en asignaturas troncales y con el material didáctico en esta lengua que dictaminó el TS cuando algún padre interpone una demanda y la gana.