Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) el acuerdo del Gobierno catalán que «ofrece asistencia jurídica gratuita a cargo del erario público a los profesores y directores que decidan incumplir el mandado de los tribunales en materia de lengua y amenaza con todo tipo de acciones a las entidades que, según ellos, atacan a la gente que defiende el catalán», para que se declare su nulidad, como paso previo a exigir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas y penales si se destina dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que se oponen a la imposición lingüística.
Se trata del Acuerdo GOV/1/2022, de 4 de enero, «sobre la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social«, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el día 5.
El ejecutivo catalán lo promovió después de que el Tribunal Supremo ratificara la obligación de ofrecer el 25% de la enseñanza en castellano y de que el TSJCat estableciera este porcentaje mínimo para una escuela de Canet de Mar (Barcelona).
Estas asociaciones sostienen que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho, por dos motivos fundamentales.
«En primer lugar, es un acuerdo que se dicta para incumplir una sentencia firme (se proporciona asistencia jurídica gratuita a los profesores y directores que incumplan la sentencia del TSJ en materia de lengua en la enseñanza) y se acuerda destinar dinero público para fines particulares», explican.
Por otra parte, denuncian que es «gravísimo que se utilice la administración de la Generalidad y sus recursos para amenazar a las entidades que defienden los derechos de los castellanohablantes con acciones de todo tipo -penales, administrativas “y otras”- y para pagar la defensa de aquellos que decidan incumplir sentencias firmes, siendo esto un grave ataque contra el Estado de Derecho».
Esperan que su denuncia llegue a buen término. «Existe jurisprudencia al respecto en relación a pronunciamientos sobre el ‘procés’ realizados por el Colegio de la Abogacía y la Universidad de Barcelona», apuntan.
«El Gobierno catalán estaba acostumbrado a amedrentar a las familias que piden presencia del español en la escuela, pero con nosotros, obviamente, no les van a funcionar esos intentos de acallarnos, bien al contrario. Cada resquicio legal lo aprovecharemos para llevarlos ante los tribunales, y no me refiero solo a los cargos políticos, sino también a cualquier miembro de la comunidad educativa que restrinja derechos o libertades a alumnado o familias incumpliendo sentencias o leyes», señala a Confilegal la presidenta de Hablamos Español, la profesora Gloria Lago.
«Entendemos que este acuerdo es una nueva muestra del carácter totalitario que está adoptando la Generalitat de Cataluña, que no duda en utilizar para fines particulares y partidistas la administración pública, que debería ser un ente totalmente imparcial y al servicio de todos los ciudadanos, no solo de algunos», manifiesta a a este diario el presidente de Convivencia Cívica, el abogado Ángel Escolano.
«Si permitimos que utilicen la Abogacía de la Generalitat como sus abogados particulares, estaremos permitiendo que utilicen dinero público, que es de todos, contra más de la mitad de Cataluña, y eso en una democracia es aberrante y más propio de regímenes totalitarios», añade.
Hablamos Español y Convivencia Cívica han impulsado la creación de Ampa Total, la federación de AMPA con la que están ayudando a las familias a exigir de forma gratuita y segura el cumplimiento del mínimo de un 25% de horas lectivas en español.
Explican que este recurso se enmarca en esa senda de colaboración de ambas entidades «para lograr el cumplimiento de la sentencia lograda por la Abogacía del Estado».
Gloria Lago informa que «ya hay bastantes familias animadas a participar en Ampa Total». «Confiamos que será una vía efectiva para empezar a derribar ese muro de la inmersión obligatoria», concluye.
