La asociación Convivencia Cívica Catalana ha denunciado al gobierno catalán «por asumir ilegalmente» el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas -el coste de las fianzas de los encausados por el órgano fiscalizador-, lo que a juicio de la organización constituye malversación de caudales públicos y prevaricación.
Considera que dichos gastos «no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat, toda vez que se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos, hecho éste que manifiestamente antijurídico».
Dirige la denuncia, presentada ayer ante el Juzgado de Guardia de Barcelona, contra el presidente catalán, Pere Aragonés, y contra todos los consejeros que hayan votado a favor.
El gobierno catalán aprobó ayer decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat, que tienen 15 días para depositarlos.
A través de este fondo, que gestionará el ‘Institut Català de Finances’ (ICF) hasta que no se constituya una comisión gestora, la Generalitat actuará como contra aval del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos del gobierno catalán.
Ha indicado que no se podrán acoger cuando haya sentencia firme que declare que las actuaciones son ilícitas, tampoco cuando el riesgo ya esté cubierto por otras pólizas aseguradoras contratadas por la Generalitat, ni en el caso de que el ejecutivo catalán haya iniciado una acción o un procedimiento contra la actuación de la persona afectada.
De esta manera, en el caso del Tribunal de Cuentas, la entidad financiera pondrá el aval de las fianzas que se reclaman y la Generalitat, a través del ICF, hará de contra aval, hasta que haya una sentencia firme, y si se mantiene la reclamación económica, la Generalitat pedirá a los beneficiarios del fondo el retorno del dinero que ha puesto la administración como aval, además de intereses y los costes ocasionados.
«Estamos ante una actuación escandalosa. ¿Alguien se imagina a la Comunidad de Madrid avalando las responsabilidades de los imputados en la Púnica? Ninguna administración pública puede destinar recursos para aliviar las consecuencias de actos ilegales a quien los comete», señala a Confilegal el presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano Rubio, que, además, es abogado, especialista en derecho del trabajo y de la función pública.
«La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal», subraya esta asociación.
Entiende que «destinar dinero público a defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos».
Por ello, ha presentado la correspondiente denuncia e instará el correspondiente procedimiento ante el Tribunal de Cuentas una vez se confirme que el dinero ha sido depositado en dicho tribunal.
“No se puede permitir que se destine un solo euro de dinero público a los gastos de defensa de quienes han malversado dinero público, y mucho menos se haga con la naturalidad que estamos viendo», denuncia el presidente de Convivencia Cívica Catalana.
Escolano hace hincapié en que «la Generalitat es una administración pública que sirve a todos los ciudadanos, no un instrumento de los independentistas que pueden utilizar para todo, incluso para pagar los costes de sus ilegalidades». «Sorprende que alguien vea como normal pagar las responsabilidades por actos ilegales de alguien con dinero público”, apostilla.
Convivencia Cívica Catalana el 22 de febrero de 1998 en Barcelona a raíz de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Política Lingüística aprobada por el Parlamento de Cataluña.
Desde su fundación ha desarrollado una intensa labor ante los tribunales de Justicia para defender la libertad lingüística «vulnerada por los sucesivos gobiernos autonómicos», impugnando todos y cada uno de los reglamentos de desarrollo de la Ley de Política Lingüística y dando asistencia jurídica y llevando, a través de su equipo jurídico, la defensa ante los tribunales en los diferentes recursos planteados por los ciudadanos de Cataluña «ante esa vulneración de derechos».
Defiende derechos de los ciudadanos y aporta, desde un punto de vista independiente del poder político catalán, información y análisis sobre la realidad catalana, y ha organizado diferentes campañas por la libertad de lengua en la enseñanza y en los comercios.
También ha organizado diferentes campañas por la libertad de lengua en la enseñanza y en los comercios.
Convivencia Cívica Catalana es la asociación pionera en la lucha contra los desafíos del independentismo.
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