Convivencia Cívica Catalana

Es la primera vez que un grupo de sanitarios interpone una demanda contra la exigencia del catalán en las oposiciones.

Considera que debe modificarse el redactado del artículo 4 que impugna, por "infringir la doctrina contenida en las sentencias 31/2010 y 82/1986 del TC".

Es la tercera acción judicial que Hablamos Español y Convivencia Cívica llevan a cabo conjuntamente para forzar a cumplir la sentencia.

Piden la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros que se nieguen a la aplicación de la sentencia.

Estima las alegaciones de la Abogacía del Estado contra los recursos de VOX, PP y Ciudadanos, así como Convivencia Cívica Catalana y una asociación.

Piden la nulidad del acuerdo, como paso previo a exigir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal si se destinase dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que se oponen a la imposición lingüística.

Requiere a la intervención de la Generalitat para que bloquee su ejecución "por ser gravemente lesivo para el interés público".

Entiende que "destinar dinero público a defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos".

Es una entidad que defiende la Constitución en Cataluña y alega ser perjudicada directa.

Convivencia Cívica Catalana ha presentado una denuncia contra él y el centro por un presunto delito de quebrantamiento de condena.