Ampa Total pide la ejecución de la sentencia del 25% en español para todo el sistema educativo de Cataluña
El pasado diciembre, ambas asociaciones promovieron la creación de una federación de ampas para tener otra vía de acción ante los tribunales.

Ampa Total pide la ejecución de la sentencia del 25% en español para todo el sistema educativo de Cataluña

Es la tercera acción judicial que Hablamos Español y Convivencia Cívica llevan a cabo conjuntamente para forzar a la Consejería de Educación a cumplir la sentencia
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19/4/2022 09:14
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Actualizado: 19/4/2022 11:27
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Las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana están llevando a cabo acciones conjuntas para obligar a la Generalidad de Cataluña a cumplir la sentencia que introduce el español como lengua vehicular en las escuelas, declarada firme el pasado enero. Ya presentaron la reclamación en su nombre, como entidades, y en el de Jucil, como organización sindical mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Hoy han registrado una tercera petición.

Esta vez en nombre de la Ampa de un colegio de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) que va a representar a todas las demás que pertenecen a la Federación Ampa Total, y lo han hecho para todo el sistema educativo de Cataluña, apelando a la misma legitimación que han pedido que se reconozca para las entidades que operan en Cataluña.

«Las AMPAS tienen reconocido interés legítimo expresamente por el reglamento Autonómico, en el artículo 3 del Decreto 202/1987, de 19 de mayo, asociaciones de padres de alumnos y por el propio Tribunal Supremo», señala a Confilegal la presidenta de Hablamos EspañolGloria Lago.

Desde Convivencia Cívica y Hablamos Español han promovido la creación de Ampas para reclamar el cumplimiento de esta sentencia. Según explican, todas, excepto la de este colegio de Sant Fost, que será la de cabecera, las han formalizado ante notario «para salvaguardar la privacidad de sus integrantes a los ojos de la Generalidad de Cataluña».

«La ejecución que presenta Ampa Total es un hito histórico: Si se le reconoce la legitimación en esta materia, acabaremos con los años de impunidad que ha tenido la Generalidad para poder aprobar normativas ilegales y contrarias a la enseñanza en español. Hasta ahora, siempre se nos negaba la legitimación procesal, obligando a los padres a impugnar individualmente y a exponerse. Esperemos que eso empiece a acabar hoy», declara a este diario Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica y abogado.

En la reclamación de cumplimiento de la sentencia solicitan que se condene a la administración a indemnizar a quienes se sientan afectados, con 450 euros por cada trimestre que no se aplique la resolución, y piden la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros educativos que se nieguen a aplicarla.

«Si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no permite que nosotros como entidades o Ampa Total como federación pidamos la aplicación para todos los centros de Cataluña, entonces el Ampa de Sant Fost, como cabecera, presentará las solicitudes en nombre de las demás que tiene federadas. Así se conseguirá que, al menos, se aplique para todos los alumnos de estos colegios. Esa legitimación sí es incuestionable», manifiestan ambas organizaciones.

«El plazo de ejecución voluntaria terminó el 28 de marzo y la Generalidad no la ha cumplido. Tampoco ha aplicado el 25% obligatorio en un colegio de Barcelona, el Emili Juncadella, donde hay unos padres de nuestra asociación que pidieron el 25% de forma individualizada cuando la sentencia ya era firme. La semana pasada, el gobierno catalán nos contestó con una negativa», explica Gloria Lago.

La profesora Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español desde su creación en 2017.
Ángel Escolano es abogado, especialista en derecho del trabajo y de la función pública, y presidente de Convivencia Cívica desde diciembre de 2018, relevando en el cargo al profesor Francisco Caja, que estuvo al frente de la asociación 18 años.

Sospechan que la Generalidad «va a crear confusión en los centros permitiendo una cierta desorganización de los horarios de las asignaduras, de manera que sea muy difícil apreciar si se cumple o no el mínimo del 25% en español». «Numerosas familias nos están alertando sobre ello», señala.

El cuarto frente que llevarán a cabo Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana será pedir la ejecución de la sentencia en nombre de los alumnos cuyos padres no han conseguido formalizar todavía un Ampa. «En este caso, la sentencia solo se aplicaría al grupo de esos alumnos», indica Lago.

Hablamos Español es una asociación apartidista creada en julio de 2017 por personas de diferentes lugares de España para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Plantea una política lingüística homologable a las de los países con varias lenguas oficiales, es decir, basada en la libre elección de lengua; «una política que tenga como eje los derechos de las personas y que estas no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas».

Quiere lograr que se pueda estudiar plenamente en español en toda España; que el español también esté presente en la Sanidad, edificios oficiales documentos, información turística, señales de tráfico, etc; que ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, establecerse o acceder a una oposición en cualquier lugar de España; que los empresarios puedan rotular su negocio en la lengua que quieran; que no se frustre la creación cultural en español en las comunidades bilingües a causa de las ayudas exclusivas a los creadores que no usen el español; y que los topónimos en español de larga tradición vuelvan a ser oficiales.

Convivencia Cívica Catalana fue creada en febrero de 1998 en Barcelona. Desde su fundación ha desarrollado una intensa labor ante los tribunales de Justicia para defender la libertad lingüística «vulnerada por los sucesivos gobiernos autonómicos», impugnando todos y cada uno de los reglamentos de desarrollo de la Ley de Política Lingüística y dando asistencia jurídica y llevando, a través de su equipo jurídico, la defensa ante los tribunales en los diferentes recursos planteados por los ciudadanos de Cataluña «ante esa vulneración de derechos».

Ambas asociaciones acordaron el pasado noviembre, a raíz de la sentencia del Supremo que declaró firme la del TSJCat, hacer un frente común para exigir su cumplimiento.

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