Lo dijo despacio, midiendo cada palabra, como quien sabe que le escuchan con lupa. José Luis Rodríguez Zapatero se sentó ayer frente al magistrado instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama y soltó una frase que llevaba preparada desde antes de cruzar la puerta: toda su actividad profesional, dijo, «ha sido conforme a la legalidad». Y otra, todavía más rotunda: no ejerció «absolutamente ninguna influencia en el rescate» de Plus Ultra.
El expresidente del Gobierno comparecía como investigado. Y no por un asunto menor. Calama le atribuye nada menos que el liderazgo de una presunta red de tráfico de influencias tejida alrededor de los 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió en plena pandemia a una aerolínea pequeña, casi desconocida, de tan solo 4 aviones alquilados, que, de repente, se convirtió en uno de los rescates más controvertidos de aquellos meses de incertidumbre.
«Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de derecho», arrancó, según el audio del interrogatorio. La igualdad ante la ley como pórtico. Y, acto seguido, el desmentido: nunca influyó, nunca se interesó.
Respondió solo a dos voces —a la del magistrado instructor y a la de su propio abogado—, y a esas dos les repitió la misma idea de mil maneras. «No sólo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra». Tampoco —añadió— se lo pidió nadie.
¿Y la aerolínea? Zapatero no supo ni precisar cuándo oyó hablar de ella por primera vez. Lo que sí recuerda, dijo, es que el ruido llegó con «todo el lío que se montó en el rescate».
«Yo no he viajado nunca en Plus Ultra, no he tenido relación», zanjó. Y deslizó un dato que no parecía colocado al azar: la empresa, recordó, «tuvo todos los permisos bajo el Gobierno del Partido Popular».
La primera vez que el nombre se cruzó en su camino —«quizá», matizó— fue cuando el empresario Julio Martínez Martínez, también investigado, le pidió una «gestión»: que el Banco Santander atendiera a su gente para buscar financiación. ¿Presionó? «No, en absoluto». ¿Entonces? «Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podían atender». Una llamada, según su relato. Nada más.
Venezuela: presos, sí; negocios, no
El interrogatorio no se quedó en Plus Ultra. Calama quiso saber de Venezuela, ese capítulo que persigue a Zapatero desde hace años. El expresidente lo situó en 2015, en las elecciones a la Asamblea «que ganó la oposición», a cuya petición —subrayó— viajó por primera vez.
Después fueron muchos más viajes. ¿Por qué? Por dos motivos, dijo, y los enumeró. Liberar presos —«centenares de presos que he liberado», afirmó, visiblemente reivindicativo de esa etiqueta— y seguir de cerca los procesos electorales.
«Tuve una intensísima labor en Venezuela con el diálogo», remató, antes de hablar de las familias y de lo «reconfortado» que se siente por aquella relación.
A esos viajes le acompañó a veces Martínez. La mayoría, contó, los hizo vía República Dominicana, escala previa antes de aterrizar en Caracas. Y cuando le preguntaron por lo que de verdad interesaba —si allí hizo negocios— la respuesta fue seca: «No, yo no he hecho negocios en Venezuela, por supuesto».
Las joyas, para otro día
Hubo, sin embargo, un asunto en el que Zapatero levantó el muro. Las joyas. Las que la Policía Nacional le intervino al registrar su despacho, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros y por las que también está investigado —presuntos delitos fiscal y de contrabando— al no haber justificado su origen. De eso no quiso hablar.
Calama preguntó al letrado cuándo estaría su cliente en condiciones de declarar sobre ellas. La respuesta, casi protocolaria: «una semana o diez días». El reloj, otra vez, en marcha.
