La asociación Convivencia Cívica Catalana ha solicitado al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad frente al Decreto- Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, y ha solicitado a la Intervención de la Generalitat que bloquee el cumplimiento del mismo, «por ser gravemente lesivo para el interés público».
Ante la publicación del Decreto-Ley que da cobertura jurídica al pago de las fianzas de los encausados ante el Tribunal de Cuentas con dinero público, esta asociación, presidida por el abogado Ángel Escolano, sigue con sus actuaciones jurídicas.
El pasado martes presentó una denuncia contra el gobierno catalán «por asumir ilegalmente» el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas, lo que a su juicio constituye malversación de caudales públicos y prevaricación.
La asociación reitera que dichos gastos «no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat, toda vez que se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos, hecho éste que manifiestamente antijurídico».
«La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal», subraya.
«Convivencia Cívica va a utilizar todos los recursos legales que ofrece el ordenamiento jurídico para evitar que la Generalitat se gaste el dinero de todos en impedir que sus compañeros de partido asuman las consecuencias de sus actos ilegales», advierte en declaraciones a Confilegal el presidente de la asociación.
Convivencia Cívica Catalana señala que «la Generalitat es plenamente consciente de que está actuando ilegalmente, y por ello ha amparado su actuación en un Decreto- Ley, forma jurídica que impide que sea impugnado directamente en los tribunales ordinarios».
Por ello, ha instado al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, a que interponga un recurso de inconstitucionalidad frente al referido Decreto-Ley, ya que es uno de los legitimados para hacerlo.
En el escrito, Convivencia Cívica Catalana le indica «diversos vicios de legalidad que motivan la impugnación».
La asociación también impugnará todos los actos administrativos que se dicten en aplicación de dicho Decreto-ley.
En este sentido, se ha dirigido a la Intervención de la Generalitat solicitando que no se aplique dicho Decreto, y que notifique a Convivencia Cívica todos los actos de aplicación para ser impugnados.
“El Gobierno de Pere Aragonés está actuando con la cuestión de los avales con un nivel de indecencia y falta de decoro más propia de un alzamiento de bienes que de un acto de gobierno», manifiesta el presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano.
«A las surrealistas explicaciones del consejero de Economía y su teoría de las cajitas, a que se tenga que explicar que un acto no es malversación en la rueda de prensa de su presentación, se suma el uso abusivo e ilegal de la figura del Decreto-Ley para evitar que la justicia ordinaria pueda examinarlo y dificultar su impugnación; por ello, hemos tenido que pedir amparo al Defensor del Pueblo”, explica.
