La asociación Convivencia Cívica Catalana ha recurrido los indultos a los presos del ‘procés’, condenados por sedición y malversación «por los gravísimos hechos acaecidos en 2017 en Cataluña», en los que por parte de la propia administración autonómica «se atentó contra el orden constitucional, se alentó a la población a enfrentarse a las legítimas autoridades judiciales y policiales con una referéndum ilegal, y se malversó dinero público».
Considera la concesión de dichos indultos «una grave afrenta frente a la parte de la sociedad catalana que sufrió en sus carnes los graves hechos del mal llamado ‘procés’, que ve ahora como se les da un trato de favor totalmente injustificado».
Convivencia Cívica Catalana recuerda que «ha asesorado y representa a muchas de las víctimas del ‘procés’ y de toda la retahíla de actuaciones ilegales llevadas a cabo por los condenados (comerciantes, ciudadanos catalanes)», señala que es una de las víctimas de los hechos delictivos por los que fueron condenados los indultados, hecho éste que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo, entiende que le confiere legitimación para formular la impugnación.
«Entendemos que el ser una asociación de ciudadanos de Cataluña que sufrimos en primera persona los efectos de los hechos delictivos cometidos por los indultados nos confiere un interés directo en la actuación administrativa, que nos otorga plena legitimación procesal para impugnar los indultos», explica.
Según ha informado a Confilegal, el abogado Ángel Escolano Rubio, especialista en derecho del trabajo y de la función pública, se basan en el precedente de la anulación del indulto al presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, un caso en el que se reconoció la legitimación de Ecologistas en Acción para impugnarlo pese a que no fue parte en el proceso penal, considerando que el ser una entidad que defendía el medio ambiente la convertía en perjudicada.
Este empresario de la seguridad fue condenado a tres años de cárcel por hacer obras ilegalmente en su chalé, situado en un paraje protegido a las afueras de Las Palmas. El Gobierno de Mariano Rajoy le indultó en 2013, en contra del juez y del fiscal del caso, a cambio de que demoliera las obras. Ecologistas en Acción recurrió el indulto ante el Supremo y fue revocado por un defecto de forma, porque el Ministerio no había pedido informe preceptivo a la Audiencia de Las Palmas, el tribunal que endureció la primera condena.
“Los ciudadanos que hemos sufrido las graves consecuencias del ataque frontal llevado a cabo por los indultados frente al orden constitucional en Cataluña, y del que además no se arrepienten y jactan, tenemos la obligación moral de combatir jurídicamente» esta actuación por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez«, manifiesta Ángel Escolano Rubio.
Denuncia que esta actuación del Ejecutivo «deja a todos los constitucionalistas catalanes en una nueva situación de abandono, a la espera de que los independentistas vuelvan a atentar de nuevo contra el orden constitucional y donde se les vuelva a premiar, como siempre, a base de cercenar los derechos de aquellos catalanes que no secundamos sus planes totalitarios de imponer una república étnica catalana”.
Desde 2013 a esta parte han proliferado asociaciones que combaten el separatismo en Cataluña en primera línea. Son la resistencia civil que contraataca y embiste una tras otra los desafíos del independentismo. Convivencia Cívica Catalana es pionera en esta cruzada.
Lleva desde 1998 reclamando al gobierno catalán que garantice que el castellano sea vehicular en la enseñanza, y desarrollando una intensa labor ante los tribunales de Justicia para defender la libertad lingüística, “vulnerada por los sucesivos gobiernos autonómicos”.
Está integrada por afiliados de todos los partidos constitucionalistas.
La constitución de Convivencia Cívica Catalana, en Barcelona el 22 de febrero de 1998, tuvo como causa inmediata la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Política Lingüística aprobada por el Parlamento de Cataluña.
Fue presentada en sociedad el 6 de marzo de 1998 en el Hotel Barceló-Sants ante una asistencia de 1.200 personas.
Ha impugnado todos los reglamentos de desarrollo de esta ley. A través de su equipo jurídico ha dado asistencia jurídica y ha llevado la defensa ante los tribunales en los diferentes recursos planteados por los ciudadanos de Cataluña ante esa “vulneración” de derechos lingüísticos derivados de la imposición del catalán en el ámbito privado.
Esta plataforma aporta, desde un punto de vista independiente del poder político catalán, información y análisis sobre la realidad catalana, y ha organizado diferentes campañas por la libertad de lengua en la enseñanza y en los comercios.
Convivencia Cívica espera poder conseguir que se anulen los indultos «por una esencial cuestión de Justicia: Si nadie en España va a la cárcel por sus ideas, tampoco puede ser que salga de ella por éstas».
