Convivencia Cívica Catalana, Hablamos Español, y 42 sanitarios han interpuesto de forma conjunta un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) contra el «abusivo» requisito del catalán en las oposiciones impuesto por el gobierno catalán para la provisión de 3.500 plazas en el Instituto Catalán de la Salud (ICS).
Es la primera vez que un grupo de sanitarios interpone una demanda contra la exigencia del catalán en las oposiciones.
En el recurso denuncian que la administración sanitaria catalana está imponiendo una «diferencia de trato entre españoles por motivo de lengua, claramente lesiva del artículo 14 de la Constitución«.
Recientemente, el TSJPV ha reiterado que el idioma no puede ser un elemento discriminatorio a la hora de acceder a un empleo público, y ha anulado una convocatoria para la cobertura de plazas en un órgano autónomo de la Diputación Foral de Guipúzcoa por vulneración de derechos fundamentales.
Los 42 profesionales de la salud recurrentes son trabajadores en activo, entre los que se encuentran cirujanos, personal de mantenimiento, enfermeras, auxiliares, médicos, celadores, técnicos y biólogos.
En la actualidad ejercen en los hospitales Can Ruti (Badalona), Vall d’Hebron (Barcelona) y Bellvitge (Hospitalet de Llobregat) y en centros de salud repartidos por toda la provincia.
Destacan que han demostrado su «plena capacidad para desarrollar su labor, y que ahora se encuentran con una «injusta y arbitraria» barrera idiomática para poder estabilizar su plaza.
En paralelo, siete exmiembros del Comité de Empresa del Hospital Clínico de Barcelona han constituido una agrupación de Convivencia Cívica Catalana en su hospital para impugnar cualquier medida de la Generalitat encaminada a imponer el catalán a los trabajadores.
«El Clínico ha sido escogido por la Generalitat como hospital piloto para sus políticas de imposición del catalán en la Sanidad», declara a Confilegal el abogado Ángel Escolano Rubio, presidente de Convivencia Cívica Catalana.
La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago Cuadrado, indica a este diario que es la primera vez que un número tan considerable de profesionales decide emprender la vía judicial para reclamar sus derechos lingüísticos. «Desde Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, vamos a trabajar tanto en el ámbito jurídico como social para ayudarles», declara.
«Detrás de este recurso, hay historias personales de buenos profesionales que solo piden poder seguir ejerciendo su trabajo sin que unas abusivas y absurdas barreras lingüísticas se lo impidan», agrega.
RECURREN LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE COMO REQUISITO «EXCLUYENTE» PARA PARTICIPAR EL ACREDITAR UN NIVEL DE CATALÁN
Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español y estos 42 sanitarios han recurrido la resolución SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante los sistemas de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario por el sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del Instituto Catalán de la Salud, que fue publicada el pasado 30 de diciembre en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
En concreto, las bases comunes 3.1.6 y 10.2.1 y el requisito 2.b fijado en los anexos 4 a 80.
En el recurso exponen que en dichas convocatorias se establece como requisito «excluyente» para participar, el acreditar un nivel de catalán (que se fija de manera individual para cada categoría). Apuntan que en caso de no disponer de la titulación acreditativa, se deberá realizar un examen eliminatorio previo de catalán.
Argumentan la demanda en diversos preceptos, entre los que destacan que el nivel de catalán que se exige en todas y cada una de las categorías objeto de la convocatoria, es «desproporcionado» y está «totalmente injustificado», habiéndose adjudicado «por mero automatismo».
Destacan que estos puestos de trabajo están siendo desempeñados por trabajadores que en muchos casos no disponen de nivel alguno de catalán y no ha supuesto ningún problema
Los recurrentes entienden que se da el supuesto que el Tribunal Constitucional (TC) ya anunció que infringiría el artículo 23.2 de la Constitución: exigir un conocimiento del catalán «desproporcionado» en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar y que, por tanto, es “contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública».
Así, denuncian que se está imponiendo un requisito para participar en las convocatorias que «impide» que cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña y que no tenga el nivel de conocimiento de catalán exigido, «desmedido para las funciones a desempeñar», pueda participar en el proceso selectivo.
Los recurrentes subrayan que mediante este requisito idiomático, todos los empleados demandantes que actualmente prestan sus servicios para ella y que no disponen del nivel de catalán exigido, «no podrán participar en la convocatoria y no podrán adquirir la condición de fijos, pese a que muchos de ellos llevan siendo interinos más de 10 años».
Indican que esta situación se repite, por ejemplo, con el personal de enfermería que el ICS ha nombrado temporalmente para cubrir su «endémico déficit de personal».
«Se trata, en muchos casos, de profesionales originarios del resto del territorio nacional, que no poseen el nivel de catalán requerido, si bien este personal ha podido desempeñar sus funciones profesionales sin problema alguno, y las va a tener que seguir desempeñando bajo nombramientos temporales», concluyen.
