El exvicepresidente catalán es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor en Historia del Pensamiento Económico; está condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Foto: EP
Junqueras dará clases en la Universidad de Vic (Barcelona)
Convivencia Cívica Catalana ha presentado hoy una denuncia contra él y el centro por un presunto delito de quebrantamiento de condena
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28/2/2020 16:12
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Actualizado: 28/2/2020 17:28
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El presidente de ERC y exvicepresidente de catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por el ‘procés’, iniciará en las próximas semanas una colaboración con la Universidad de Vic (Barcelona)-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), tras aceptar el centro su propuesta de impartir clases en el campus Manresa.
El rector, Josep-Eladi Baños, aceptó su propuesta por «su experiencia académica y su valía como profesor», según ha anunciado el centro en un comunicado.
La Universidad ha explicado que aún no está determinado el papel concreto de Junqueras, aunque ha señalado que ocupará un puesto vinculado con la formación continua de corto plazo.
Ayer, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), acordó permitir que Junqueras y el exconsejero Raül Romeva puedan salir de la cárcel tres días a la semana durante tres horas para trabajar, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Convivencia Cívica Catalana ha presentado hoy una denuncia contra la Universidad y Junqueras ante el juzgado de guardia de Barcelona por un presunto de quebrantamiento de condena, según ha informado en un comunicado.
Señala que Junqueras «no puede ser contratado» por ningún ente del sector público catalán, «siendo la Fundación Balmes (que gestiona la Universidad) miembro del mismo».
«Es incompatible trabajar en una fundación del sector público habiendo sido inhabilitado y condenado por malversación y sedición», ha señalado a Confilegal el presidente de Convivencia Cívica Catalana, el abogado Ángel Escolano.
Ángel Escolano Rubio (1984, Barcelona) es especialista en derecho del trabajo y de la función pública; tiene despacho propio, Angel Escolano Rubio Asociados, en Barcelona
Señala que es «escandaloso que la Universidad de Vic alegue su condición pública para recortar los sueldos de sus empleados y se “disfrace” de universidad totalmente privada para dar trabajo a un delincuente condenado por graves delitos contra la administración pública».
Escolano destaca que “es notorio» que Oriol Junqueras ha sido condenado a una pena de inhabilitación, «por lo que no puede ser contratado por ningún ente que forme parte del sector público».
«Siendo, además, obsceno que lo sea para obtener privilegios penitenciarios y por un ente dependiente de la propia administración pública que utilizó para perpetrar los delitos por los que está condenado”, agrega.
El pasado 14 de octubre, el Tribunal Supremo condenó a Junqueras por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía a 13 años de prisión y de inhabilitación absoluta.
El tribunal de la Sala de lo Penal le atribuyó el «liderazgo» en el ‘procés’.
El líder de ERC confía en que la justicia europea le retirará la inhabilitación y le permitirá ser candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, que todavía no tienen fecha.
«Cuento con que el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal General de la UE me resarzan plenamente mis derechos y, de acuerdo con la sentencia del 14 de septiembre del año pasado, adquiera mi condición plena de eurodiputado. Así debe ser y por eso hemos realizado y realizaremos todos los requerimientos necesarios ante las instancias judiciales europeas para que nos den la razón», ha manifestado hoy en una entrevista en El Nacional.
HASTA EL MOMENTO, EL 100.2 SE HA APLICADO A 7 DE LOS 9 PRESOS DEL ‘PROCÉS’: JUNQUERAS, ROMEVA, CUIXART, SÀNCHEZ, FORCADELL, FORN Y BASSA
Hasta el momento, también se ha aplicado el 100.2 el exconsejero Quim Forn, con salidas cinco días a la semana de 12 horas y media para ir a trabajar; la exconsejera Dolors Bassa, tres días durante ocho horas para cuidar a un familiar, y el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, que puede salir tres días 11 horas para voluntariado.
Asimismo, las juntas de tratamiento han aplicado el 100.2 a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, tres días a la semana nueve horas para cuidado de un familiar y voluntariado, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, 9 horas y media cinco días por trabajo y voluntariado.
El 100.2 es de aplicación inmediata aunque es obligatoria su comunicación al juzgado de vigilancia penitenciaria, que informa a la Fiscalía para que fije su posicionamiento. Posteriormente, el juez decide si lo ratifica o lo rechaza, una decisión que puede ser recurrida por el Ministerio Público ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que tiene la última palabra.
La consejera catalana de Justicia, Ester Capella, ha manifestado recientemente que “se aplicará a todos” los líderes independentistas condenados por sedición, los 9 que están en la cárcel.
Los otros dos a los que no se ha aplicado son Josep Rull y Jordi Turull.
Hasta el momento, la Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a que se aplique esta medida excepcional, que requiere que se fundamente o tenga su razón de ser en un programa específico de tratamiento, a Sànchez, y Cuixart, y Forn.
Manos Limpias presentó la semana pasada una denuncia contra la conseja de Justicia de Cataluña ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos delitos de prevaricación y fraude de ley.
Esta asociación que preside Miguel Bernad considera que Capella está preparando la salida de los presos del ‘procés’ en el régimen de semilibertad aplicando “torticeramente” el artículo 100.2 para “darle un encaje a la carta” a los líderes independentistas.
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