El Congreso debate hoy una iniciativa de VOX para impedir la salida de prisión de los presos del ‘procés’ y de ETA
El partido de Santiago Abascal también pide que se desarrolle y apruebe un Estatuto General de los funcionarios de prisiones para que se les reconozca como agentes de autoridad, se les dote de medios suficientes que garanticen su seguridad y se les abone una retribución digna.

El Congreso debate hoy una iniciativa de VOX para impedir la salida de prisión de los presos del ‘procés’ y de ETA

Reclama al Gobierno recuperar la competencia penitenciaria transferida a Cataluña y derogar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario
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25/2/2020 09:46
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Actualizado: 25/2/2020 17:11
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El Congreso debate hoy una iniciativa de VOX que exige al Gobierno recuperar la competencia penitenciaria transferida a Cataluña e impedir las salidas de la cárcel de los presos condenados por el proceso independentista.

Se trata de una moción consecuencia de la interpelación que el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith-Molina, dirigió el pasado miércoles en el Pleno al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La defenderá Ortega Smith-Molina en el Pleno de esta tarde, que empieza a las cinco.

En esta iniciativa, el partido de Santiago Abascal emplaza al Ejecutivo a despojar a Cataluña de la gestión de la política penitenciaria y a negar esa transferencia de prisiones a Euskadi.

Denuncia que la Generalitat ha concedido permisos de manera «fraudulenta» a los condenados por el ‘procés’ y pide derogar el artículo 100.2 del Reglamento Renitenciario que permite sus salidas de prisión, y garantizar «el cumplimiento real y efectivo» de las condenas impuestas», tanto a los líderes independentistas presos por el ‘procés’ como a «los etarras vascos».

A cinco de los 9 presos del ‘procés’ se les ha concedido el régimen del artículo 100.2 que permite flexibilizar el régimen penitenciario. Son Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Fordadell, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

El pasado 6 de febrero, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners aprobó aplicar el artículo 100.2 a ‘Los Jordis’, sentenciados a 9 años de cárcel y de inhabilitación absoluta por sedición.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sale de la cárcel desde el pasado 13 de febrero de lunes a viernes nueve horas y media cada día para ir a trabajar y para hacer tareas de voluntariado.

Cuixart dirige una empresa especializada en diseño y producción de maquinaria industrial para envasados, situada en el polígono industrial de Sentmenat (Barcelona).

Por las mañanas va a la empresa y por la tarde, a un centro de personas con riesgo de exclusión social.

El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, tendrá 11 horas diarias en libertad tres días a la semana para un programa de voluntariado.

El exconsejero de Interior de la Generalitat Quim Forn, condenado por sedición a 10 años y 6 meses de prisión y de inhabilitación absoluta, sale de prisión desde el pasado jueves, 20 de febrero, para ir a trabajar a Mediapro.

Jaume Roures lo ha fichado para el departamento legal, donde trabajará como jurista especialista en Derecho Público.

Forn sale de la cárcel cinco días entre semana 12 horas y media cada día para trabajar, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Desde el pasado 17 de febrero, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell –condenada a 11 años y medio por el ‘procés’, por sedición– también sale del centro penitenciario de Mas d’Enric, situada en El Catllar (Tarragona), para hacer tareas de voluntariado y cuidar a su madre. 

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Mas d’Enric acordó que Forcadell puede salir tres días a la semana durante nueve horas.

También salió el pasado 17 de febrero por primera vez de la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Gerona) en aplicación del 100.2 la exconsejera Dolors Bassa, condenada a 12 años de prisión por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía, para cuidar de un familiar.

Estará en libertad tres días entre semana 8 horas cada día.

Estas salidas son de aplicación inmediata aunque necesitan de una aprobación posterior del juez de vigilancia penitenciaria, previa consulta a la Fiscalía. La última palabra la tiene la Audiencia Provincial de Barcelona.

Hasta el momento, la Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a que se aplique esta medida excepcional, que requiere que se fundamente o tenga su razón de ser en un programa específico de tratamiento, al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium CulturalJordi Cuixart, y al exconsejero de Interior catalán Quim Forn.

La consejera catalana de Justicia, Ester Capella, ha manifestado que el artículo 100.2 “se aplicará a todos” los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo, a los 9.

Manos Limpias presentó la semana pasada una denuncia contra ella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos delitos de prevaricación y fraude de ley.

Esta asociación que preside Miguel Bernad considera que Capella está preparando la salida de los presos del ‘procés’ en el régimen de semilibertad aplicando “torticeramente” el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para “darle un encaje a la carta” a los líderes independentistas.

Bernard señala que “el trato de privilegio” hacia los presos del ‘procés’ se aplica por su condición de ser independentistas y ser o haber sido miembros relevantes del gobierno catalán. 

“Tienen al padrino” del ‘Govern’ “con la complicidad del Gobierno de España”, critica.

TAMBIÉN PIDE QUE SE RECONOZCA A LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES COMO AGENTES DE AUTORIDAD

La moción de VOX también pide desarrollar y aprobar un Estatuto General de los funcionarios de prisiones para que se les reconozca como agentes de autoridad, se les dote de medios suficientes que garanticen su seguridad y se les abone una retribución digna.

Reivindicaciones que llevan años demandando los trabajadores penitenciarios, y por las que han ido a huelga, junto a la de que se tomen medidas para combatir las agresiones a funcionarios de prisiones.

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