Esta asociación también denuncia que "la imposición lingüística en la escuela valenciana camina hacia la inmersión a la catalana: dos de cada tres colegios públicos en la Comunidad Valenciana imparten menos del 30% en español". En la imagen consejero de Educación de Cataluña, Josep González-Cambray. Foto: David Zorrakino/EP
Hablamos Español denuncia ante la Fiscalía al consejero de Educación catalán ‘por instar al profesorado a desobedecer la sentencia lingüística’
Considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, y añade que "la prevaricación también se produce cuando grosera y deliberadamente se actúa contra lo resuelto por sentencia firme"
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03/12/2021 09:30
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Actualizado: 03/12/2021 10:13
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Hablamos Español ha denunciado ante la Fiscalía al consejero de Educación de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, por la circular que envió al profesorado «instándoles a desobedecer la sentencia lingüística, lo que podría constituir un delito de prevaricación».
Señala que «en cuanto se hizo público que el Tribunal Supremo convertía en firme la sentencia que obliga a la Generalidad de Cataluña a cumplir un mínimo del 25% en español en las escuelas, el consejero de Educación envió una misiva por correo electrónico a todos los centros de enseñanza dependientes de la Generalidad de Cataluña, que a su vez fue reenviada a todos los docentes dependientes de la Consejería a través de las Direcciones de los centros, en la que «tras enumerar una serie de aberraciones pedagógicas y calificar como igualitario un modelo que discrimina a los niños hispanohablantes, González-Cambray afirma sin rubor que los alumnos acaban la enseñanza obligatoria sabiendo español y catalán y concluye con la rotunda afirmación: “La escuela en Cataluña, en catalán”.
«Pero más allá de la esperpéntica justificación de un modelo aberrante, lo relevante de esta circular es que el máximo responsable de la Administración educativa catalana imparte instrucciones para que el fallo judicial logrado por la Abogacía del Estado no se acate», denuncia esta asociación, que preside la profesora Gloria Lago.
Hablamos Español hace hincapié en que la ejecución de sentencias «debería realizarse de forma exacta bajo lo que son los más elementales imperativos de lealtad institucional que fundamentan el Estado de Derecho y la división de poderes que rige sobre todo el edificio constitucional».
«González-Cambray dice al profesorado que no han de hacer cambio alguno en sus proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia lograda gracias a un recurso de la Abogacía del Estado y les anuncia que contarán con el amparo de la Consejería. La mencionada circular expresa la voluntad inequívoca y arbitraria de abolir ese Estado de Derecho en lo que se refiere al derecho a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña y, por tanto, implica violentar los derechos constitucionales de los ciudadanos, plasmados en el artículo 24.1 de la Constitución, que se traducen también, según la jurisprudencia constitucional, en el derecho a que toda sentencia firme obtenida sea cumplida ‘en sus propios términos'», expone esta asociación.
El equipo jurídico de Hablamos Español considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, que castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria”. Además, esta asociación añade que «la prevaricación también se produce cuando grosera y deliberadamente se actúa contra lo resuelto por sentencia firme».
«Gonzàlez-Cambray, prevaliéndose de su cargo público y plenamente consciente de su injusticia y completa incompatibilidad con el ordenamiento jurídico imparte unas instrucciones abusivas para que no se acate un fallo judicial firme. No cabe mayor prevaricación que quien ocupa las más altas responsabilidades administrativas llame a pisotear al Poder Judicial«, sentencia Hablamos Español.
Recuerda que en el artículo 511 del Código Penal se dispone que incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
«En este caso, se ordena que se deniegue a los hispanohablantes y a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen el poder recibir al menos el 25% de la enseñanza en español, es decir, se trata de un claro ejercicio de discriminación por razón de lengua, que merece el mayor reproche penal al ejecutarse desde el puesto de máximo responsable educativo de una autonomía», concluye.
‘LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN LA ESCUELA VALENCIANA CAMINA HACIA LA INMERSIÓN CATALANA’
Por otra parte, esta asociación ha denunciado esta semana que «la imposición lingüística en la escuela valenciana camina hacia la inmersión a la catalana».
Esta asociación ha llevado a cabo un estudio sobre el alcance de la imposición lingüística en la enseñanza infantil y primaria en la Comunidad Valenciana, que arroja que «dos de cada tres colegios públicos imparten menos del 30% en español«, y le preocupa el modelo de inmersión «obligatoria» en Infantil.
Puede descargar el informe pinchando aquí.
Esta asociación defiende estatutariamente que en las comunidades autónomas con cooficialidad lingüística se respeten los siguientes derechos: la libertad de elección de lengua vehicular entre las oficiales en la enseñanza; el bilingüismo en la administración; una enseñanza libre de adoctrinamiento nacionalista; una función pública sin aranceles lingüísticos; la recuperación de la oficialidad de los topónimos en español; y la apertura de las ayudas a los creadores en cualquiera de las lenguas oficiales. Para lograr su objetivo pide que se apruebe una ley que garantice nuestros derechos.
Reivindica para Cataluña y las comunidades autónomas con cooficialidad lingüística, «el mismo modelo que se aplica en todos los países con más de una lengua oficial». «En ningún país se obliga a los alumnos a estudiar sometidos a la inmersión obligatoria, pero tampoco con un sistema de porcentajes, ni el 25% ni el 50%, porque significa dejar de aprender muchar terminología en lengua materna y se perjudica al registro culto, y se limita y se perjudica la movilidad de las familias que tienen hijos en edad escolar», explica Gloria Lago.
Recuerda a las familias que la Administración puede imponer la lengua al docente, pero no al alumno. También destaca que aunque la asignatura se imparta en valenciano, los alumnos pueden usar el español en clase, oralmente y por escrito, tanto en trabajos como en exámenes, y que las familias tienen derecho a exigir todas las comunicaciones del centro educativo (circulares y documentación) en español. Esta asociación pone a disposición de las familias escritos con fundamentos jurídicos para hacer valer estos derechos.
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