'Hablamos Español' presenta una queja ante el Defensor del Pueblo sobre un instituto de Mallorca por 'eliminar el español'
Informa que algunas personas se han quedado sin poder volar al no poder aportar certificado en lengua admitida por las compañías; en la imagen Gloria Lago, presidenta de esta asociación creada en el verano de 2017 para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes.

Hablamos Español presenta una queja ante el gobierno gallego por la exclusión del español de los consentimientos para la vacunación a menores y de los certificados de antígenos

Ofrece sus servicios jurídicos a quienes necesiten reclamar judicialmente por los perjuicios sufridos

30 / 08 / 2021 12:38

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La asociación Hablamos Español ha informado hoy que «una vez más» ha tenido que presentar una queja por la exclusión del español en el Servicio Gallego de Salud.

Según explica esta entidad, que preside la profesora Gloria Lago, por una parte, les están llegando estos días numerosas quejas de familias gallegas con hijos menores de edad que reciben el texto del consentimiento informado que deben firmar para aceptar que sus hijos sean vacunados contra el COVID.

Este texto «solo lo están recibiendo en gallego», siendo su lengua de uso habitual o preferente el español.

Una madre les ha enviado este vídeo:

Por otra parte, señala que «la mayoría de farmacias de Galicia está entregando a los usuarios el certificado de la prueba de antígenos en gallego, ya que el Servicio Gallego de Salud lo emite así por defecto y sin advertir que en esta lengua no es válido fuera de España».

Hablamos Español señala que esto está siendo una fuente de problemas, por ejemplo, para los usuarios de líneas aéreas extranjeras. Según detalla, «algunos se han quedado en tierra ante la imposibilidad de presentar un certificado en lengua admitida por la compañía aérea».

«Es realmente impensable que la Administración autonómica no sea consciente de los serios inconvenientes y perjuicios que puede ocasionar a los ciudadanos el hecho de que los certificados relacionados con la COVID excluyan el español, cuando para surtir validez a la hora de viajar en medios de transporte públicos o en países extranjeros, tendrían que estar redactados al menos en español o castellano», critica esta asociación.

«No cabe descargar semejante responsabilidad en los dependientes de las oficinas de farmacia, cuando en el sitio web oficial habilitado para descargarlos e imprimirlos, aparecían, por defecto, exclusivamente en gallego», añade.

Señala que «existe, al parecer, la posibilidad de obtenerlo en español si se realiza una búsqueda en la página», pero  que deberían estar disponibles por defecto, en todo caso, en español.

Por ello, acaba de solicitar al gobierno gallego que se vuelvan a remitir también en castellano/español los textos con el consentimiento informado para las familias de los menores de edad que se han de vacunar; se proporcionen los certificados de las pruebas de antígenos con igual disponibilidad en gallego y castellano/español, advirtiendo que solo será válida la versión en español ante determinadas instancias a la hora de viajar fuera de España; y se pidan disculpas a los afectados por esta «mala praxis de la Administración, que podría dar lugar a la exigencia de compensaciones por tales perjuicios».

Esta asociación ofrece sus servicios jurídicos a quienes necesiten reclamar judicialmente por los perjuicios sufridos.

Esta asociación defiende una política lingüística basada en la libre elección de lengua, que tenga como eje los derechos de las personas, y que estas «no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas».

Persigue la elección de lengua vehicular en la enseñanza y que se pueda estudiar en español en toda España.

Otra de sus batallas es el bilingüismo en la administración, que ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, establecerse en una comunidad española o acceder a una oposición en cualquier lugar de nuestro país.

Por ello, pide que el español esté presente en la Sanidad, en edificios y documentos oficiales, en informacion turística y en señales de tráfico, y que un empresario pueda rotular su negocio en la lengua que quiera.

Para lograr su objetivo pide que se apruebe una ley que garantice nuestros derechos.

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