Una familia de la población barcelonesa de Canet de Mar logró que fuese reconocido el derecho de su hijo a recibir, al menos, un 25% del horario lectivo en español, y seguidamente se desató una campaña en redes sociales en contra de dicha familia, según ha informado la asociación Hablamos Español, entidad defensora de la libertad de elección de lengua.
Explica que a través de una cuenta de Twitter abierta ex profeso, se publicó lo siguiente: «Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50% en castellano».
Hablamos Español señala que entre los mensajes publicados destaca uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, exprofesor del Grado de Turismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), redactado en los siguientes términos “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”.
Esta asociación, que preside la profesora Gloria Lago, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra el autor de este mensaje y contra otros, y ha solicitado al Ministerio Fiscal que proceda a investigar los hechos denunciados y que tras identificar a los autores de los tuits que «incitan a la violencia y odio» se proceda contra sus responsables.
Considera que «la despreciable campaña orquestada contra esta familia es un motivo más para agilizar el cumplimiento de la sentencia que obliga a la Generalidad de Cataluña a garantizar la presencia de, al menos, un 25% de horas lectivas en español».
Esta asociación señala que hasta ahora, eran las familias las que se veían obligadas a solicitarlo, con la consabida presión que ello conlleva, e informa que Hablamos Español presentó recientemente las solicitudes de 28 familias de un mismo colegio de Barcelona. «Lo hicimos de este modo para que se sintiesen acompañados y amparados, pero aún así, no pudimos evitar que se produjeran una considerable tensión», explica.
Hablamos Español facilita a las familias la reclamación de un 25% de horas en español, «porque en este momento es lo único garantizado por recientes sentiencias». Esta asociación reivindica que se aplique «un sistema de libertad de elección de lengua, el único modelo homologable al de todos los países con más de una lengua oficial y respetuoso con la doctrina del Tribunal Constitucional y con los Tratados internacionales ratificados por España».
Destaca que «si las familias pueden elegir lengua vehicular teniendo la otra lengua oficial como asignatura, se garantiza la enseñanza 100% en catalán para quienes así lo prefieran, vaciando con ello de argumentos a los sectores favorables a la imposición». «Ellos, haciendo gala de una gran hipocresía, se declaran contrarios a la elección de lengua, pero en realidad ya han elegido su opción y quieren imponérsela a los demás», condena.
Esta asociación también denunció la semana pasada ante la Fiscalía al consejero de Educación de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, por la circular que envió al profesorado «instándoles a desobedecer la sentencia lingüística, lo que podría constituir un delito de prevaricación». Considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, y añade que «la prevaricación también se produce cuando grosera y deliberadamente se actúa contra lo resuelto por sentencia firme».
Hablamos Español es una asociación apartidista creada por personas de diferentes lugares de España para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Plantea una política lingüística homologable a las de los países con varias lenguas oficiales, es decir, basada en la libre elección de lengua; «una política que tenga como eje los derechos de las personas, y que estas no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas».
Quiere lograr que se pueda estudiar en español en toda España; que el español también esté presente en la Sanidad, edificios oficiales documentos, información turística, señales de tráfico, etc; que ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, establecerse, o acceder a una oposición en cualquier lugar de España; que los empresarios puedan rotular su negocio en la lengua que quieran; que no se frustre la creación cultural en español en las comunidades bilingües a causa de las ayudas exclusivas a los creadores que no usen el español; y que los topónimos en español de larga tradición vuelvan a ser oficiales.
«No hay poder público legitimado para determinar qué lengua ha de asumir una persona como suya: esto es algo que corresponde a cada persona en el ejercicio de su libertad», subraya.
