Desde hace años, ha existido un consenso casi generalizado de que la mayor eficacia de la Justicia española tenía que pasar por una reorganización interna y por la creación de los llamados tribunales de instancia. Con ello se acabaría con los juzgados unipersonales, preservando la independencia de los jueces, pero se aumentaría la capacidad resolutiva de la Administración de Justicia.
El problema es que eso conllevaba la desaparición de los juzgados de primera instancia e instrucción de muchas localidades, lo que provocó la resistencia de los alcaldes a dicho cambio.
La transformación tecnológica de la Justicia, iniciada por Juan Carlos Campo, y continuada –de forma muy inteligente– por su sucesora, Pilar Llop, supuso la cuadratura del círculo. Porque no se le puede llamar de otra forma.
¿Cómo? Transformando los 7.600 Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia, desde donde los ciudadanos van a poder ser atendidos no solo en materia de procedimientos judiciales. También van a poder recibir información general sobre el estado de tramitación de sus casos, hacer gestiones de índole procesal con los órganos judiciales y de acceso a personal judicial, de forma telemática.
Además, facilitarán el acceso de los ciudadanos al Registro Civil y prestarán servicios de mediación y arbitraje, entre otras cosas más. Casi nada.
Estas oficinas de justicia en los municipios, cuya creación se está coordinando con Comunidades Autónomas y ayuntamientos, supone, de hecho, un aumento de la presencia de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional.
Sin duda, va a ser un elemento de cohesión territorial y social y de eficiencia interadministrativa. Y un reforzamiento de los municipios y de los alcaldes, que mantienen y potencian servicios de gran valor para la ciudadanía. De cara a unas elecciones, un buen argumento para vender.
Una buena idea, en suma, dentro del Plan de Justicia 2030, y una pieza fundamental de la futura Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que se está cocinando en las calderas legislativas junto con sus otros dos «hermanas»: La Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y la Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.
Todo ello, con «el caldo» de los 470 millones de euros de los fondos europeos UE Next Generation, destinados a modernizar la justicia.
Porque todo esto pasa por la renovación –revolución, más bien, diría yo– tecnológica.
ASTURIAS, UNA DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EXPERIMENTAR LO QUE VIENE
El Principado de Asturias es una de las primeras Comunidades Autónomas donde se están implementando las Oficinas de Justicia en los Municipios.
El pasado viernes la ministra Llop se desplazó a Avilés, con todo su equipo, para explicar las líneas generales del Plan Justicia 2030 a las «fuerzas vivas»: autoridades políticas y judiciales, responsables de la Administración local, representantes sindicales, colegios profesionales del ámbito de la Justicia, empresarios, asociaciones de mujeres y colectivos de víctimas.
Para hacer divulgación, pedagogía o, como lo suelen definir los estadounidenses, para «evangelizar» –ojo, quitando el significado religioso a la palabra– sobre esta temática.
Y no yerra aquí Llop. El Ministerio que dirige tiene que hacer un poderoso esfuerzo «evangelizador» o de comunicación para convencer.
El desaparecido Willy Brandt, mentor del joven Felipe González –en su tiempo–, líder del Partido Socialdemócrata Alemán, solía decir que había que dedicar al trabajo un 30 por ciento del tiempo y el 70 por ciento restante a contar, a «vender», lo que se había conseguido.
Porque, de otra forma, nadie apreciaría el esfuerzo realizado. Además, para complicarlo aún más, además del esfuerzo «evangelizador» es necesario hacer otro más, un doble salto mortal: reforzar la llamada cogobernanza.
La colaboración con los responsables de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
Lo que requiere un esfuerzo diplomático y colaborativo sin precedentes en la historia.
Por eso hay que entender que este desplazamiento de Llop al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, de Avilés –el primero de los desplazamientos que va a hacer a las Comunidades Autónomas–, tenía una importancia suprema.
Durante su intervención en ese acto, Llop explicó que «Las medidas que contempla este proyecto tienen un impacto real en la eliminación de la brecha territorial y facilitan vivir en la España vaciada».
E hizo especial hincapié en que las Oficinas de Justicia en cada municipio permitirán tener un acceso en cada pueblo, «no importa lo pequeño que sea».
No faltó el guiño local, el elogio: «Asturias es una de las comunidades más avanzadas en la modernización de la justicia».
Y no sin razón, porque el Principado participa en tres programas pilotos relacionados con la transformación digital, la mejora organizativa y de los procesos, la accesibilidad, la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.
Se llevó, para este evento, a la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez; al secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, el «cerebro tecnológico» de este proceso transformador, y a su director de Gabinete, y «mano derecha», Rafael Pérez.
Tras el acto la ministra mantuvo encuentros con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la consejera de Presidencia de Gobierno de esta comunidad, Rita Camblor, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, y otras autoridades y operadores jurídicos.
