La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado hoy su rechazo a la propuesta de subida salarial presentada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la Mesa General de las Administraciones Públicas y que irá recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Este sindicato reclama al Gobierno que repare las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios. En este sentido, destaca que este año ya se ha producido una desviación importante sobre la subida del 0,9% que se marcó para 2021, que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010.
Según un estudio de CSIF, desde los recortes de 2010, cuando se decretó una bajada del sueldo, los trabajadores de las administraciones arrastran una pérdida del 10%.
«Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis entre 13 y 18 meses en función de la categoría: menos 47.668,28 euros para un A1, 35.653,62 euros para un A2 y de 20.656,61 en el caso de un C1», detalla.
Por eso, CSIF reclama un acuerdo para el resto de legislatura que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Señala que «habría que tomar como referencia la desviación de este año por el alza de los precios, la previsión del IPC para el año que viene, más un punto y medio que permita avanzar en la recuperación de este poder adquisitivo». Además, indica que la subida debe ir en consonancia con el esfuerzo que se les ha exigido a nuestros empleados públicos durante la pandemia.
También pide la habilitación de fondos para acabar con las desigualdades retributivas entre territorios. «A igual trabajo, mismo salario», reivindica.
Asimismo, exige la adecuación de los complementos de residencia e insularidad (datan del año 2002), dotación económica para la reforma de la Ley de Cuerpos Penitenciaria, adecuación de los haberes reguladores en las pensiones de clases pasivas, y la regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto de empleados públicos minorando los coeficientes reductores que se proponen implantar en el Proyecto de Ley de reforma de Pensiones, que, según señala CSIF, «en algunos casos suponen una pérdida en la cuantía de la pensión de hasta 7.959,28 euros anuales».
ELIMINACIÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN
Respecto a la oferta de empleo público para el próximo año, CSIF informa que tras la interlocución de este sindicato en la negociación, Función Pública incrementa su propuesta inicial estableciendo un 110% de tasa ordinaria; un 120% para los sectores prioritarios y administración Local con deuda financiera satisfecha y un 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Señala que si bien supone un avance, para CSIF es «todavía insuficiente», ya que este sindicato exige la eliminación de la tasa de reposición para que las administraciones públicas puedan convocar plazas estructurales y reforzar los servicios «que, como hemos visto en la pandemia, se han visto seriamente tensionados».
Afirma que esto permitiría que las comunidades autónomas pudieran dedicar fondos recibidos de la Unión Europea para la recuperación, a la Sanidad, a la Educación, a sus servicios autonómicos, etc.
Además, manifiesta que «estamos viendo cómo miles de contratos de refuerzo que se hicieron por el Covid van a extinguirse a finales de año». «Solo en la Sanidad podríamos perder 90.000 puestos de trabajo y en otros servicios, como el SEPE se va a prescindir de 1.500 contratos de refuerzo de aquí a final de año», apunta.
CSIF destaca que los datos del paro publicados ayer arrojan la pérdida de 29.283 empleos entre los sectores de la Administración Pública (-15.972) y la Sanidad (-13.311) durante el pasado mes de septiembre. Para CSIF, estos datos «vuelven a poner de manifiesto las debilidades de nuestro sistema, el envejecimiento de las plantillas y la precariedad en el empleo que afecta a los servicios fundamentales que recibe la ciudadanía».
También recuerda que el último dato de la Encuesta de Población Activa que conocimos este verano «puso de manifiesto la temporalidad en nuestras administraciones que, con una tasa del 30,5%, supera en nueve puntos la temporalidad a nivel general.
