Vicente Vañó Santonja, médico de atención primaria de la sanidad pública, sufrió el accidente conduciendo su Toyota RAV 4, cuando se dirigía a su puesto de trabajo en un centro de salud. Su viuda y sus dos hijos, que son los demandantes, afirman que no funcionaron los "airbags" del vehículo y aportan un completo informe pericial.
La Justicia admite una demanda contra Toyota por una muerte provocada por un «airbag» supuestamente defectuoso
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06/10/2021 01:00
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Actualizado: 06/10/2021 01:00
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Los representantes de Toyota España deberán responder a la demanda interpuesta por los familiares de un hombre que perdió la vida en un accidente cuando conducía un vehículo de su marca, después de que un juzgado de Valencia haya admitido a trámite una demanda por los daños derivados de un producto defectuoso que no evitó el fallecimiento.
Según consta en la documentación, a la que ha tenido acceso Confilegal, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Valencia, del que es titular la magistrada María Cecilia Torregrosa, ha admitido a trámite la demanda contra la compañía automovilística por el accidente mortal en el que no se activaron los «airbags» de un Toyota RAV4.
La decisión del letrado de la Administración de Justicia se produce tras analizar –y comprobar que cumple todos los requisitos– la demanda interpuesta por Leonor Sardón Juárez, esposa de la víctima, Vicente Vañó Santonja, y sus dos hijos, bajo la dirección legal de los abogados Ignacio Montoro y Borja García, en la que se demandan 426.977,86 euros, como indemnización, más intereses y condena en costas a Toyota España, S.L.
El conductor falleció el 4 de abril de 2018 sobre las 7.55 de la mañana cuando circulaba por la carretera N-330, sentido Alicante, a la altura del kilómetro 160.700. Conducía su coche, un Toyota RAV4. Se dirigía a su puesto de trabajo. Era médico de atención primaria del Centro de Salud de Cofrentes, dependiente del Departamento de Salud de Pequeña, Valencia.
«Lo más probable es que la causa de la muerte fuera la indicada en el informe de la Guardia Civil, un despiste o un momento de somnolencia que le hiciera perder el control del vehículo, salirse de la calzada por su sentido izquierdo para posteriormente chocar con la bionda y volcar aparatosamente cayendo dentro de la zona de tierra que limita con el monte adyacente», dice el informe pericial sobre el origen del siniestro.
«Por lo que respecta a la velocidad, todo indica que era la adecuada para la vía en las circunstancias ambientales de aquel día», añade.
Los «airbags» del Toyota RAV4, que tiene un precio base de 35.000 euros, no se dispararon.
La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, incompatible con la vida.
Mortal de necesidad.
Tanto en el escrito de la demanda como en los informes periciales que se acompañan se establece una relación directa entre el fallecimiento y la falta de activación de los «airbags» del Toyota RAV4.
En el informe pericial consta esta foto, en la que se puede ver que el «airbag» estaba activado. Pero no funcionó.
DE HABER FUNCIONADO LOS «AIRBAGS» LA VÍCTIMA PODRÍA HABER SOBREVIVIDO: ¿ERAN DEFECTUOSOS?
De acuerdo con los hechos recogidos en la demanda, «tras comprobar el escenario del fallecimiento con la Guardia Civil, llamó la atención a los agentes y a la familia que los ‘airbags’ del vehículo no se habían activado, pese a que el impacto fue muy importante, causando numerosos daños en el turismo».
Dadas las circunstancias del siniestro, los familiares decidieron contratar a la agencia de detectives Distrito 46, dirigida por Juan de Dios Vargas Ramos.
En las conclusiones de la investigación, que se adjuntan a la demanda, se confirma la sospecha de este defecto, puesto que el impacto del vehículo fue suficientemente importante como para haber hecho estallar los detonadores de los sacos de aire.
Es más, con base a la opinión de Carlos Martín Carrasco, ingeniero industrial, especialista en la rama mecánica, y Daniel Arnanz Fernández, médico especialista en medicina legal y forense, la agencia de investigación llega a plantear que «con casi toda probabilidad, y salvo mejor criterio técnico-pericial, consideramos que, de haber funcionado los sistemas de seguridad correspondiente, la víctima podría haber sobrevivido al impacto dadas las características del vehículo y los sistemas de seguridad incorporados al mismo».
El doctor Arnanz, concluye de forma categórica que «tras el estudio de la documentación aportada, con especial atención a la causa del fallecimiento y a la existencia de airbag de cortina y frontal, podemos concluir con el rigor pericialmente exigible que un correcto funcionamiento de los ‘airbags’ hubiera evitado la producción de una fractura abierta a nivel frontal izquierdo incompatible con la vida».
El vehículo, tras el accidente, quedó para el desguace.
EL NULO FUNCIONAMIENTO DEL «AIRBAG» DEMUESTRA LA RESPONSABILIDAD DE TOYOTA ESPAÑA
Para el ingeniero consultado en la pericial, el nulo funcionamiento del «airbag» acredita la responsabilidad de Toyota España como fabricante o productor del vehículo.
Así pues, el perito intentó buscar si se trataba de un caso aislado o si, por el contrario, se habían producido más defectos y problemas similares en vehículos del fabricante japonés.
En este punto, encontró que algunos medios de comunicación ya se habían hecho eco de reclamaciones similares a la marca demandada.
Efectivamente, a principios de 2020 Toyota anunció la llamada a revisión de 3,4 millones de vehículos en todo el mundo al detectar un problema electrónico que provocaba que el mecanismo del airbag no se desplegara en caso de accidente.
El conductor falleció por un «shock traumático», consecuencia del accidente.
139.000 VEHÍCULOS DE ESTE MODELO TENÍAN ESTA UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA DEFECTUOSA
Precisamente, entre los coches afectados por esta unidad de control electrónica defectuosa había 139.000 unidades del modelo RAV4, el mismo que conducía la víctima.
En su demanda, los abogados adjuntan varias noticias relatando precisamente este tipo de problemas de los Toyotas con los «airbags». Algunas como estas:
Ante la evidencia de estas pruebas, la familia no pretende enjuiciar la causa del accidente, sino el desenlace de su conductor debido al error en un dispositivo de seguridad.
De esta forma, basándose en casos similares como el Citroen en 2009, donde el Tribunal Supremo le condenó a pagar una indemnización de 128.446 euros como responsable parcial de la incapacidad temporal y las lesiones permanentes sufridas por un conductor, los demandantes solicitan que se declare a Toyota responsable civilmente de la muerte.
Este medio se ha puesto en contacto con Toyota, pero la empresa ha desatendido la solicitud de información.
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