Estas asociaciones manifiestan en una carta conjunta su malestar en relación a cómo ha llevado esta negociación el secretario general para la Innovación y calidad del servicio público de la Justicia, Borja Vargues. Foto: Congreso de los Diputados.
CNLAJ y AINLAJ piden el amparo de la presidenta del Congreso para la subida de sueldo de los letrados judiciales
Reclaman que se cumpla la Ley de Presupuestos Generales del Estado para adaptar el salario a sus competencias y responsabilidades
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10/10/2021 06:47
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Actualizado: 10/10/2021 06:47
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El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a cumplir el mandato parlamentario en relación a la adecuación salarial de su colectivo.
Así se lo han trasladado en una carta conjunta a la presidenta de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en la que reclaman que se cumpla la Ley de Presupuestos Generales del Estado para adaptar el salario a sus competencias y responsabilidades.
Ambas asociaciones manifiestan su malestar con el Gobierno por incumplir, a través del Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop, el mandato que el Congreso de los Diputados le ha dado para adecuar el salario del colectivo.
Recuerdan que la Disposición adicional 157 de la Ley de Presupuestos se establece que «se procederá a la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas».
Para ello, señala el precepto, «el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición».
El precepto también fija que se procederá a la negociación en el ámbito de la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Administración de Justicia de un incremento en los complementos específicos del personal de los Cuerpos de Auxilio Judicial, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Gestión Procesal y Administrativa, de Médicos Forenses y de los cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El objetivo es adecuar los complementos al volumen y responsabilidad en el trabajo y aproximarlos a las que se perciben en puestos equivalentes en otros ámbitos.
A juicio de ambas asociaciones, el secretario General para la Innovación y calidad del servicio público de la Justicia, Borja Vargues, ha negociado con los sindicatos una subida salarial en la que trata de dar cumplimiento a la adaptación del complemento de los funcionarios que prestan sus servicios en el ámbito del Ministerio con los específicos de sus homólogos destinados en las comunidades con competencias transferidas.
DENUNCIAN QUE JUSTICIA SE HA LIMITADO A INCREMENTAR LA RETRIBUCIÓN EN 10 EUROS
Sin embargo, «hace caso omiso al mandato parlamentario referido a los letrados de la Administración de Justicia, a los que incrementa sus retribuciones al subir el especifico (igualmente consecuencia de hacerlo a los cuerpos a nosotros subordinados), pero no nos las adecúa en la forma ordenada por la norma».
Según exponen en la carta, Vargues «se ha limitado a incrementarnos las retribuciones en 10 euros más que las del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en el concepto de complemento específico, que es dudoso que sea lo único procedente cuando se trata de adecuar el salario a competencias y funciones de un colectivo».
Por ello, agregan, «no puede decirse que con esa ínfima cuantía y en esos términos, se haya adecuado nuestro salario a nuestras nuevas funciones y responsabilidades (que nada tienen que ver con las de los gestores)».
Nuestra oposición a las conversaciones por la ínfima subida real, de 10€ en comparativa con la que se prevé para los cuerpos que nos están subordinados y a quienes la ley no dice que haya que adecuar su salario a competencia alguna, sino a sus homólogos de las CCAA transferidas
— Letrados de Justicia (El Colegio Responde) (@coseju) October 8, 2021
«Entendemos que debería haberse adecuado tomando como referencia a los jueces y magistrados, máxime si se tiene en cuenta que, las nuevas funciones que ahora ejercemos, antes las desarrollaba ese colectivo judicial, y ello es la base que funda la propia Disposición Adicional 157 de la LPE 2021″.
«No compartimos y queremos dejar patente nuestra oposición a considerar esa subida como una adecuación salarial a nuestras nuevas funciones asumidas conforme a las últimas reformas procesales y administrativas», indican en la carta.
«SE ESTÁ VULNERANDO LA VOLUNTAD DEL PARLAMENTO»
CNLAJ y AINLAJ afirman que «dentro de las mil excusas peregrinas que se han esgrimido en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia se reitera la de que el Ministerio de Hacienda se opone a esa subida y que deben hacerla con fondos propios del Capítulo I».
«Sin duda, de ser cierto, se estaría también obviando lo dispuesto en el último párrafo de la Disposición Adicional 157, que ordena al Gobierno a adoptar los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición».
Por ello, afirman que «por lo que se está vulnerando la voluntad del Parlamento por órganos del poder ejecutivo sin justificación alguna».
Así, consideran que se está dando un «trato desconsiderado» al colectivo como cuerpo superior jurídico de la Administración de Justicia, por lo que tras «meses de constantes mensajes de decepción y enfado» solicitan la intervención del Congreso para que, en la forma que considere, y en control de la acción del ejecutivo, «se inste al Gobierno a cumplir con el mandato parlamentario».
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