Procedían de toda España. Casi llegaban a 200 asociaciones y plataformas ciudadanas que se dieron cita en la calle de Atocha ayer por la tarde en Madrid para exigir un modelo de transición energética «distribuido y justo», que no se limite a reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de generación renovable a gran escala.
Convocados por la Alianza Energía y Territorio (Aliente), mostraron su preocupación por la incidencia que tienen los megaproyectos renovables en las zonas rurales, «donde la despoblación constituye un auténtico drama social, que se verá agravado con la invasión del territorio por un desarrollo industrial que no genera empleo en el entorno local y le resta atractivo como destino para nuevas iniciativas y proyectos de vida».
Bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’, las asociaciones convocantes de la protesta han destacado la necesidad de «una transición energética que ponga por delante los beneficios para las personas» y, de cara a las administraciones, trasladar la propuesta de una revisión completa del modelo energético «con un enfoque científico, medioambiental y social» para enfrentar el cambio climático.
En este sentido proponen «una transición hacia un modelo distribuido basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, rechazando el modelo centralizado de renovables a gran escala, sin planificación ni ordenación territorial y sin participación ciudadana».
Aliente celebró que miles de personas de toda España acudieran a la concentración de Madrid.
«Sin palabras, miles de personas de todos los territorios llenan Madrid. La manifestación supera todas las expectativas», afirmó la organización en su cuenta de Twitter.
En la manifestación tomó parte la secretaria de Horizonte Verde y Revitalización del Medio Rural de Podemos, Irene de Miguel, y el secretario general de Galicia en Común y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez Reino.
«El necesario aumento del parque renovable debe venir acompañado de una ordenación más armónica y menos caótica. Estamos siendo testigos de cómo se alicata el medio rural de paneles fotovoltaicos, arrancando para ello olivos centenarios, desmontando regadíos e instalando aerogeneradores tan cerca de los municipios rurales que causan un grave perjuicio para sus vecinos y vecinas», declaró De Miguel.
Por su parte, Gómez Reino, destacó que «es imprescindible un modelo en el que evidentemente es fundamental transitar hacia energías renovables, pero estas energías renovables no pueden incidir en los problemas de especulación con la energía y de golpear al territorio, al patrimonio social, cultural, ambiental» de España, refiriéndose en especial a los macroparques eólicos que están proliferando en los diferentes territorios del país.
Para de Miguel lo que necesita el país es hacer una apuesta «más decidida por el autoconsumo y por las comunidades energéticas locales como motor de esta transición energética y no un desarrollo de las renovables sólo en manos del oligopolio».
EL MITECO, CONSCIENTE DEL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica aseguró que es consciente de que incluso las tecnologías más limpias y sostenibles «tienen impactos visuales, acústicos y espaciales y requieren infraestructuras para llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume».
Para mitigarlo, el Ministerio destacó que trabaja en construir un modelo energético más distribuido y diversificado, promoviendo el autoconsumo o las comunidades energéticas locales.
«Sin embargo, no podemos prescindir totalmente de los beneficios y eficiencias de los proyectos de mayor escala, que permiten aprovechar el recurso renovable donde es más abundante», apuntaron fuentes ministeriales.
En todo caso, el MITECO ha recordado que hay una normativa energética y ambiental garantista de ordenación del territorio que «solo autoriza proyectos respetuosos con el medio e incorpora las medidas correctoras necesarias».
Cada proyecto debe superar una fase de información pública y someterse a una evaluación de impacto ambiental, que corresponde a la Administración del Estado cuando supere los 50 MW o se ubique en territorios de varias comunidades autónomas (puede suceder con los proyectos en áreas lindantes); en otro caso, les corresponde a ellas.
El MITECO ha aprobado una zonificación ambiental para los proyectos de energías renovables para orientar a los promotores y evitar proyectos en localizaciones de mayor sensibilidad ambiental.
Esto es adicional a la evaluación de impacto a la que tienen que someterse todos los proyectos.
