La Comisión Europea ordena a España no pagar «ninguna indemnización» derivada del laudo arbitral que en 2018 condenó al país a compensar al fondo de inversión luxemburgués Antin con 101 millones de euros. Este laudo fue el resultado de los recortes en las ayudas a las energías renovables implementados por el gobierno de Mariano Rajoy.
La decisión de la Comisión se produce tras una investigación exhaustiva iniciada en julio de 2021, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le reconociera a Anti el derecho a una indemnización de 101 millones de euros por la modificación en el régimen de ayudas a las renovables decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Igualmente, Bruselas pide a España que garantice la no ejecución del laudo arbitral, incluso instando a los jueces nacionales a tomar medidas «que se aseguren de que no se produzca ningún pago, ejecución o ejecución del laudo arbitral» y subrayan la «obligación de los jueces nacionales de ayudar a España a garantizar el cumplimiento» de la decisión, «incluso tomando las medidas oportunas» para evitar que se reconozca el laudo en terceros países.
La Comisión ha expresado preocupaciones sobre la conformidad del arbitraje con los principios de confianza mutua y la autonomía del derecho de la Unión Europea, subrayando que los arbitrajes entre inversores y estados miembros socavan el sistema legal establecido por los Tratados de la UE para resolver dichos litigios.
arbitrajes de renovables
Asimismo, se ha identificado una posible discriminación entre inversores en función de su nacionalidad, ya que los inversores españoles no tienen la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional de esta índole.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha declarado que esta es la primera vez que Bruselas se pronuncia sobre los arbitrajes de renovables enfrentados por España, y ha afirmado que la decisión «piloto» de la Comisión respalda la postura del país, que hasta la fecha no ha realizado ningún pago por los laudos emitidos, a la espera de la conclusión de los análisis.
España, por su parte, planea invocar esta decisión en las jurisdicciones extranjeras donde actualmente se opone al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos, lo que podría marcar un precedente significativo en la gestión de disputas similares dentro de la Unión Europea.
Este caso es emblemático de los desafíos que enfrentan los inversores en energías renovables en Europa y las dificultades legales de los estados de la UE para gestionar sus políticas económicas en un marco de respeto a los compromisos internacionales de inversión y las regulaciones de la UE.
51 ARBITRAJES CON RECLAMACIONES POR 10.635 MILLONES
De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones.
De los 43 casos sobre los que ya hay decisión judicial, España ha ganado una decena, aunque quedan otros ocho pendientes de laudo, tres fueron anulados y de otros tres desistieron los demandantes.
Mientras que del resto perdidos, apuntan desde el Ministerio, España ha logrado que se revisaran a la baja las indemnizaciones en un 85% sobre lo demandado.
