La Mesa del Congreso ha considerado adecuado el informe de los letrados que mantiene que el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez debe mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por un delito de atentado a un agente de la autoridad.
La Mesa ha apoyado este informe con los votos a favor de PSOE y Podemos, mientras que PP y VOX han votado en contra.
En total, han sido seis votos a favor frente a tres.
PSOE y Unidas Podemos se han aliado para permitir que el diputado de Podemos conserve su acta, mientras que PP y VOX han insistido en que Rodríguez debe ser despojado de su escaño en aplicación de la sentencia del Supremo que lo ha condenado como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de un mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
PP y VOX habían solicitado formalmente a la Mesa de la Cámara que hiciera efectiva la resolución del Supremo y retirara el acta a Rodríguez, pero sus peticiones han sido rechazadas por la mayoría que suman los partidos del Gobierno.
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado “el despropósito” de que PSOE y Podemos se alíen en la Mesa del Congreso para que no se cumpla la sentencia condenatoria contra Rodríguez, y ha advertido que “no le corresponde” a la Mesa interpretar, sino aplicarla y ejecutarla con arreglo a los términos establecidos por el Supremo.
Ha afirmado que lo vivido hoy en la Mesa de la Cámara es “otro episodio esperpéntico”. “El grupo parlamentario del diputado que ha sido condenado, le indulta de la ejecución de la condena”, ha señalado.
Gamarra ha destacado que “la aplicación de condenas que afecta a la inhabilitación no puede quedar en manos de una Mesa y, por tanto, de mayorías parlamentarias”. “¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera sometido a mayorías parlamentarias la inhabilitación de Torra? ¿Hubiera sido inhabilitado, o seguiría todavía en posesión de su acta?”, se ha preguntado.
Ha anunciado que el PP presentará un escrito de reconsideración a la Mesa en relación con la ejecución de dicha sentencia, elevará otro al Supremo para trasladarle lo ocurrido hoy en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, y elevará un tercer escrito a la fiscal general del Estado sobre la aclaración de la sentencia por parte del Supremo, escritos que se suman a la solicitud ya realizada a la JEC, para que establezca cómo debe aplicarse el fallo.
Gamarra ve “inadmisible desde el punto de vista moral” que un diputado condenado por atentado contra la autoridad no haya dimitido y que los partidos que apoyan al Gobierno ni siquiera se lo exijan como compromiso con la regeneración y por respeto a los españoles.
VOX también ha remitido un escrito a la JEC para que declare la concurrencia de causa de inelegibilidad sobrevenida a Alberto Rodríguez y acuerde dejar sin efecto su credencial.
«La Mesa del Congreso acaba de decidir por 6 votos a favor (PSOE y PODEMOS) y 3 en contra (VOX y PP) que el diputado delincuente de Podemos, pateador de policías, conserva su condición de diputado. Vais a tener razón cuando decís que nos gobiernan delincuentes», ha publicado en Twitter la secretaria general de VOX en el Congreso, Macarena Olona, abogada del Estado en servicios especiales.
La Mesa del @Congreso_Es acaba de decidir por 6 votos a favor (PSOE y PODEMOS) y 3 en contra (VOX y PP) que el diputado delincuente de @PODEMOS, pateador de policías, conserva su condición de diputado. Vais a tener razón cuando decís que nos gobiernan delincuentes. https://t.co/qOTS6WHB5I
— Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 19, 2021
El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, también abogado del Estado en servicios especiales, también ha cargado contra el PSOE por defender dejar sin efecto en la Cámara la condena del diputado de Podemos y que pueda conservar su escaño.
Bal ha cuestionado el informe de los servicios jurídicos de la Cámara. A su juicio, «carece de todo fundamento».
Contempla «estupefacto» que los letrados sostengan que la pena de multa con la que el Supremo sustituyó la de prisión «anula» la pena de cárcel, y ha defendido que esa pena sigue existiendo y, por tanto, en aplicación de las causas de inelegibilidad que contiene el artículo 6 de la Ley Electoral, Rodríguez debe ser despojado de su escaño.
Bal confía en que la JEC acabe corrigiendo la interpretación de los letrados, y ha avanzado que, si no lo hace, deberá ser la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a través de un «incidente de ejecución», la que diga «si la sentencia se encuentra bien o mal ejecutada».
«Aferrarse al escaño no tiene nombre», ha señalado denunciando que los diputados de Podemos sólo conciben la institución del Congreso como pagadora de «un buen sueldo para vivir». «El Congreso es la sede de la soberanía nacional, no el refugio de políticas condenados», ha sentenciado.
También se ha pronunciado al respecto el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, quien ve «incomprensible» que alguien que ha cometido un «delito grave» no quede inhabilitado «como el resto de los políticos cuando comete un delito grave». «Es más, lo que me parece chocante es la velocidad de crucero con la que los de Podemos han cambiado el criterio y ahora son los primeros y los más interesados en agarrarse al sillón como sea, pase lo que pase y hayan hecho lo que hayan hecho», ha afirmado.
Por su parte, los partidos independentistas ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, además de Más País-Equo y Compromís, se han congratulado de que el condenado mantenga su escaño.
