De izquierda a derecha, empezando por arriba, Rodrigo Olivares-Caminal, Juana Pulgar, Rodrigo López, Carlos Ara, Adrián Thery, Javier Rubio y Blas González.
Los pesos pesados de la abogacía de los negocios descartan una avalancha en concursos de acreedores
|
19/10/2021 06:47
|
Actualizado: 19/10/2021 06:47
|
No habrá avalancha de concursos de acreedores como se había vaticinado, pero sí muchas reestructuraciones empresariales.
Es la idea fuerza que dejó el primer Encuentro Digital de la serie “Deudas y Finanzas Post-Covid”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Institute for Global Law, Economics and Finance de la Queen Mary University of London.
Las razones, según apuntaron los expertos que conformaron la charla, todos ellos especializados en Reestructuraciones e Insolvencias, tanto del mundo académico como de los despachos de abogados más relevantes del sector- son diversas.
Para Adrián Thery, socio de Garrigues, la primera de ellas es que “el sistema bancario sufriría enormemente». Por eso, aunque existe gran sobreendeudamiento, cree que habrá reestructuraciones paulatinas, a medida que venzan los créditos, y se podrá abordar este sobreendeudamiento de forma ordenada.
En este sentido, Rodrigo López, socio de Gómez-Acebo y Pombo, apuntó hacia la existencia de «un interés por parte de los financiadores por evitar situaciones concursales y ha habido muchas extensiones de las obligaciones de pago”.
Tesis que fue apoyada por Blas A. González, socio director de la firma con su propio nombre, al manifestar que, a su entender, “se ha producido una especia de reajuste de la propia economía y del sector empresarial, y las empresas que han aguantado hasta ahora podrán acudir al concurso de acreedores cuando estos se reactiven. Pero no en esa avalancha apocalíptica que se describía hace meses”.
Rodrigo Olivares-Caminal, catedrático de la Queen Mary University of London y Of Counsel de Kepler-Karst, fue el encargado de moderar esta primera charla, en la que se debatió sobre la situación económica y empresarial de España.
Entre los puntos llevados a debate estaban las medidas adoptadas para superar la crisis provocada por la pandemia (donde se optó por un modelo basado en el derecho civil, con ayudas públicas a las empresas, por encima de un modelo concursal), el sobreendeudamiento consecuencia de dichas medidas, el impacto que la situación ha tenido en la empresa española, así como las herramientas disponibles para ayudar a salvaguardar el tejido productivo.
En este sentido, también se debatieron las posibilidades que presenta el anteproyecto de Ley Concursal que se encuentra ahora mismo en tramitación.
“No queda claro si estamos en la realidad post-pandemia o no, porque hay cierto miedo a dar un salto al vacío, hay muchas medidas de intervención y aún no estamos en el libre mercado» remarcó el socio de Garrigues. A su parecer, existen dudas sobre la situación real de las compañías y de la economía y lo que surgen ahora son preguntas desde el punto de vista del derecho de la competencia y de la moral: «¿Se han dado ayudas a compañías ya muy endeudadas?”.
Otro de los puntos más mencionados fue el riesgo de inflación, algo que hasta hace poco era transitorio, pero que ahora no lo parece tanto.
Los niveles de endeudamiento son muy altos tanto a nivel público como privado, algo que no es un problema en sí, depende del precio de la deuda.
En este sentido, Javier Rubio, «Counsel» de Uría Menendez, señaló que “si vamos a un escenario de subida de tipos de interés, cosa que no veo probable, pero si fuera así, iríamos a un escenario dramático”.
En opinión de este experto, hay un aspecto que ha pasado prácticamente desapercibido hasta la fecha, y es la
moratoria aplicada a la “causa de disolución por pérdidas”.
“Cuando tu patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social por pérdidas, hay obligación de disolver la sociedad o recapitalizar. Ahora mismo, hay una norma especial que dice que las pérdidas de 2020 no computan, pero en cuanto al ejercicio de 2021, si al final del ejercicio estamos en causa contable de disolución obligatoria, habrá dos meses para disolver».
Ante este escenario, avisó del riesgo de ver a muchas empresas con un problema de balance serio. «O reduces capital, o disuelves, o pones nuevo dinero. Y en este punto la duda es ver quién quiere ponerlo.»
En este sentido, Carlos Ara, socio de Cuatrecasas, explicó que “hay mucha liquidez en el sistema. Hay grandes capitales buscando inversión».
No obstante, la realidad corporativa dice que hay empresarios que se cuestionan la idoneidad de acceder a la financiación en estos momentos.
«Creo que va a haber un 2022 con muchas necesidades de reestructuración, pero al mismo tiempo con oportunidades porque hay dinero. La cuestión es si todos los stakeholders estarán alineados, porque habrá quien quiera poner dinero, pero habrá quien no quiera cogerlo para no perder el control de su empresa”.
En lo que todos los expertos coincidieron fue en que el país dispone de las herramientas y los jugadores necesarios para afrontar esta crisis. “En 2008 no teníamos tanta experiencia, los instrumentos legales no estaban tan afinados, pero el tiempo nos aporta ventajas. Ahora hay liquidez, hay financiación por varias vías y esto ayuda a impulsar refinanciaciones. Además, estamos bien preparados para la venta de Unidades Productivas”, añadió Rodrigo López.
Del mismo modo, Ara sostuvo que hay «grandes herramientas y la venta de unidades productivas será muy útil dentro del concurso cuando no se pueda hacer una reestructuración”.
Diferencias en torno al anteproyecto concursal
Respecto al citado anteproyecto de Ley Concursal, que está en tramitación, Thery sostuvo que mejora las soluciones que se ofrecen a las personas físicas, porque se tiende a una exoneración plena y efectiva de las deudas, aunque sigue
pendiente la exoneración de los créditos públicos, y mejora las opciones de reestructuración de las grandes corporaciones.
“Y luego están las pymes. Las pymes, por definición, se reestructuran poniendo a la venta en una subasta la unidad productiva. El problema en España es que si quien compra esa unidad productiva está relacionado con el deudor, no puede beneficiarse de la exoneración de la deuda preexistente, y eso es un desincentivo muy grande. Y esa es la gran asignatura pendiente del anteproyecto y lo que impide dar una solución satisfactoria a todas esas pymes”.
Juana Pulgar, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que “este anteproyecto hay que leerlo en clave de un tránsito: la reestructuración sale de los juzgados, no porque huye de ellos, sino porque la gestión judicial de la insolvencia nunca es eficaz».
A su entender, el texto propicia la reestructuración desde las empresas, y si no es posible, entonces se va a un procedimiento judicial.
«La gran asignatura pendiente es cómo ensamblar los pactos internos contractuales de subordinación entre acreedores, con la formación de clases preconcursales y con el marco concursal».
Para Blas González, en cambio, las respuestas del anteproyecto a las pymes siguen la estela de huir del concurso. “Se propone la refinanciación o venta de unidades productivas. Pero las alternativas a la refinanciación en relación a los acuerdos de reestructuración, ¿serán aplicable al sector de las pymes? ¿Es esto sanador del tejido empresarial? Yo creo que no. Los mensajes que se trasladan desde el anteproyecto, desde el punto de vista técnico son desalentadores. Al huir de la justicia y prescindir de la administración concursal y de los abogados, se mira al modelo inglés: un proceso privado en el que solo participa el acreedor con sus deudores. Creo que es algo peligroso en relación a las pymes”.
Noticias Relacionadas:
