Un resquicio de esperanza se ha abierto para los cerca de 60.000 familias que anualmente pierden su vivienda según datos del CGPJ. A raíz de un tratado firmado por nuestro país, el Comité DESC de la ONU desde el 2013 puede pedir una suspensión temporal del desalojo y frenar el desahucio.
Fuera de plazo, de manera insuficiente y aludiendo a iniciativas como el Código de Buenas Prácticas Bancario y la ley 1/2013, normativa que transformo la Iniciativa Legislativa Popular presentada este año, ha sido la respuesta del Gobierno Español ante las recomendaciones de la ONU frente a los desahucios.