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La Asamblea Estatal de la PAH acuerda presentar en el Congreso de los Diputados una propuesta sobre una nueva Ley de Vivienda

Mesa de la Asamblea de la PAH celebrada en Cartagena.
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Cerca de 253 asociaciones de toda España pertenecientes a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) celebraron este sábado en Cartagena su Asamblea Estatal.

Por consenso mayoritario se ha aprobado presentar en el Congreso de los Diputados y a los grupos políticos una propuesta de ley estatal de la vivienda y criticado la actividad de los juzgados de cláusulas suelo uniprovinciales, colapsados desde su inicio.

Esta multitudinaria asamblea tuvo lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de esta localidad murciana. Representantes de las diferentes plataformas fueron recibidos por María del Carmen Martín del Amor, concejala de Servicios Sociales y Mediación Social del Ayuntamiento de esta ciudad.

El lema elegido para esta concentración “Juntas todo es posible”, que resume el espíritu de trabajo de este colectivo.

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Paco Morote, coordinador de la PAH en Murcia, es uno de los portavoces de este movimiento ciudadano que defiende la vivienda como un derecho fundamental del ser humano “Hay un consenso importante en la llamada Ley de Vivienda de la PAH.

Queremos hablar con todos los grupos parlamentarios y se registre en el Congreso de los Diputados este mes de octubre. Para ello empezaremos a hablar con las diferentes fuerzas políticas”.

Sobre esta normativa, nuestro interlocutor destaca que “recoge, por un lado aspectos importantes de la Iniciativa Legislativa Popular que presentamos en el 2013, en cuanto a dación en pago retroactiva, desahucios y alquiler social.

A estas demandas se han unido otras dos, derecho a los suministros básicos para frenar la pobreza energética y la queremos establecer la obligación a la banca de ofertar alquiler social antes de los desahucios.  También queremos que el juez antes de ordenar ese desahucio escuche cada caso concreto”.

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Necesidad reforma de la LAU para frenar burbuja alquileres

A juicio de la PAH, con este tipo de medidas que contiene la ley se podría poner fin al movimiento de desahucios que ha tenido nuestro país en los últimos años.

“Otra cuestión que nos preocupa es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Creemos que es necesaria una reforma porque ahora el propietario puede subir el alquiler de forma indiscriminada y los contratos son sólo por un año. Así frenaríamos la cascada de desahucios que hay en esta práctica generada en estos momentos también con el llamado desahucio express”.

Desde este movimiento ciudadano hay una unanimidad en impulsar esta propuesta de Ley de Vivienda. Según nos informan desde este colectivo el texto ya está redactado y se ha entregado a los diferentes grupos parlamentarios.

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Si se hubiera contado con una Ley de Vivienda como la que impulsa la PAH se hubieran evitado miles de desahucios en nuestro país, según Paco Morote, de la PAH de Murcia

Ahora “es el momento de abrir el diálogo con ellos y registrar la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados”, apunta Morote. Se la circunstancia que es la primera iniciativa de este tipo que se conoce en Europa de este tipo a nivel de defender el derecho a la vivienda.

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A juicio de este interlocutor, “si las administraciones hubieran contado con un texto normativo como éste que hemos aprobado, es muy posible que se hubiera garantizado de manera real  el derecho a una vivienda y se habrían evitado los miles de desahucios que ha sufrido nuestro país”.

Hace unos días ya nos comentó que el futuro de muchas familias españolas depende de la solución del TJUE a varias cuestiones prejudiciales.

Panorama general de la Asamblea que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) celebrada en Cartagena.

 

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Violencia de género económica crece

En esta Asamblea Estatal de la PAH se abordó también el llamado tema de la “violencia de género económica”. La firma de la hipoteca en muchos casos compromete a la pareja que la suscribe a la vez.

“Se produce con frecuencia, que uno de los dos, especialmente los hombres, se niega a participar en la negociación con el banco o firmar documentos cuando esta pareja tiene problemas de insolvencia con el banco”.

A juicio del coordinador de PAH Murcia “es una quiebra fraudulenta donde uno de los dos no afronta el pago de la hipoteca y en estos casos no están inmersos de momento en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Creemos que debería reformarse la ley para que se incorporen estos supuestos como propios de violencia, para que las víctimas de esta situación tengan su amparo”.

Movilización contra los juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo

Respecto a los 54 juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo que desde el pasado 1 de junio funcionan en nuestro país, la postura de la PAH es muy clara. El sistema no funciona por falta de medios y voluntad política para dotarles de ellos y es necesario y urgente “volver al sistema de reparto anterior de los juzgados de primera instancia.

Vamos a concretar alguna movilización a nivel nacional para protestar por este tema”, indica Morote.

También se debatió el reciente dictamen que emitió el Consejo de Derechos Sociales de la ONU a finales de junio por el que se establecía que “cualquier desahucio en el Estado español es contrario a la normativa de derechos humanos porque viola una seria de acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito. Ahora nuestro país tiene seis meses para incorporar el contenido de ese dictamen a nuestro ordenamiento jurídico”.

Precisamente este asunto se generó por un desahucio que frenó Javier Rubio, abogado de la PAH de Madrid “hemos actualizado con la nueva Ley Estatal de la Vivienda de la PAH una demanda ciudadana del 2013 con un millón y medio de firmas para resolver el problema de los desahucios, pobreza energética y deudas perpetuas con los bancos que no acaba de resolverse pese a los fallos del TJUE”.

La ONU pide al Estado Español un plan que frene los desahucios

Sobre dicho Consejo de Derechos Sociales de la ONU, un caso que Rubio llevó de una familia que estuvo diez años reclamando vivienda pública sin que la consiguiera. El desahucio se efectuó y tras la vida judicial se llegó al Tribunal Constitucional que no lo admitió a trámite el recurso de amparo. “En ese momento comunicados al Consejo la violación de los derechos fundamentales a través de una demanda. Su potestad arranca desde el 2013 de recoger denuncias de este tipo”.

Tras dos años de trámite el Consejo falló que se había vulnerado el derecho a la vivienda de la familia . Que la familia debería ser compensada adecuadamente por esta situación y además incluye cuatro recomendaciones generales para que no se produzcan situaciones parecidas con el resto de la población española “Ahora el Estado español tiene seis meses para presentar un plan de cara a evitar este tipo de situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Desde la PAH se ha creado un grupo de seguimiento sobre este tema.

Falta voluntad política para arreglar el problema de la vivienda

A juicio de este abogado el problema está “en el boicot sistemático del Gobierno a dichas resoluciones europeas.

El ejemplo lo tenemos en las diferentes leyes autonómicas de vivienda que son todas recurridas por el gobierno al Tribunal Constitucional, que al admitir esos recursos a trámite las bloquea de inmediato”. Con la nueva configuración del Parlamento espera que haya “apoyo suficiente para sacarla adelante”.

Para Rubio esta actitud del Gobierno está “sometiendo a los ciudadanos a un estrés y una falta de garantías jurídicas por un problema que hubiera tenido una solución fácil si en su momento se hubiera aprobado la Iniciativa Legislativa Parlamentaria del 2013 que al final se rechazó. Luego se aprobó una ley que fue un parche y que Europa la ha modificado en ocho ocasiones porque no garantiza los derechos de los consumidores”.

El gobierno español tiene seis meses de plazo desde junio de este año para explicarle a la ONU qué plan plantea para evitar los desahucios en España, de acuerdo con Javier Rubio, de la PAH de Madrid 

Desde su punto de vista, el momento es el ideal para consensuar esta nueva ley de la vivienda con los partidos políticos “lo estamos consiguiendo desde la PAH frenar diferentes desahucios e implicar a los bancos en alquileres sociales pero aspiramos a que un dia esta situación desaparezca y no tengamos que luchar en este tipo de asuntos, como ahora lo hacemos. Se tiene que garantizar la vivienda como derecho fundamental y así dotar de estabilidad a todas las familias”.

Respecto a las cuestiones prejudiciales pendientes, planteadas por el Tribunal Supremo y que el TJUE tendrá que resolver, Rubio cree que “si el tribunal europeo sigue su línea jurisprudencial durante los últimos años y es coherente con sus propias decisiones, estas cuestiones prejudiciales serán contestadas en el sentido que las ejecuciones hipotecarias con cláusula de vencimiento anticipado deben archivarse y que la cláusula de los intereses de demora debe ser eliminada sin que haya ningún tipo de moderación”.

Calendario de actuaciones

Otro de los puntos de esta Asamblea fue la necesidad de aprobar en breve un calendario de actuaciones que contemple esas reuniones comentadas por Morote de cara a que los partidos para que se comprometan a asumir los postulados de esta legislación, su posterior registro en el Congreso de los Diputados y un posterior proceso de movilización en diferentes ciudades españolas.

Morote ha exigido al Gobierno regional que desarrolle la Ley de la Vivienda de la Región, que se suspendió tras el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central.               “habría que llegar a un convenio con las entidades financieras, a través de convenios que serán voluntarios y, por otra parte, con los ayuntamientos porque se estable la obligación de las administraciones públicas de realojo.

Sin embargo, ha recordado que el Tribunal Constitucional levantó recientemente la suspensión de la ley sobre el apartado 2 del artículo segundo de esta norma, que obliga a los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio y se fijan medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética.

Por último, desde la PAH se quiere lanzar el mensaje a cualquier afectado por problemas hipotecarios graves, en vías de perder su vivienda que “se acerquen a nuestra plataforma para buscar soluciones negociadas a su problema. El movimiento se ha extendido por todo el país y es fácil contactar con nosotros. Se trata, en definitiva, de evitar situaciones dramáticas”, explica Rubio.