Miembros de la Plataforma IRPH Stop Guipúzcoa.
El Defensor del Pueblo, UGT y la PAH piden a Calviño que dé una solución extrajudicial a los afectados por el IRPH
El Defensor del Pueblo ya recomendó al Gobierno en 2017 que eliminase el IRPH como índice oficial de referencia en la compra de vivienda protegida
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07/3/2020 06:30
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Actualizado: 06/3/2020 20:06
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El Defensor del Pueblo, UGT o la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son algunas de las entidades que en este escenario postIRPH han pedido públicamente a la ministra de Economia, Nadia Calviño que cree un sistema extrajudicial que resuelva la situación de los miles de afectados por elÍndice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
Tras la sentencia de 3 de marzo, queda claro que el afectado de IRPH que pueda demostrar la nulidad de ese índice tendrá que ir a la vía judicial y en especial a los juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo, totalmente colapsados por las miles de demandas existentes por distintos temas hipotecarios en nuestro país.
Los expertos piensan que con la experiencia de las cláusulas suelo se podría mejorar este método extrajudicial que ahora se plantea para el IRPH.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pidió este viernes al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que estudie la posibilidad de establecer un sistema extrajudicial al que puedan acudir los afectados por el IRPH.
En este sentido apuntó que «un mecanismo extrajudicial podría evitar, por un lado, el colapso de los tribunales de justicia ante la previsible oleada de reclamaciones y, por otro, beneficiar también a aquellos ciudadanos que no se pueden permitir acudir a la vía judicial».
Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo. Foto: EP.
Según explica la institución en un escrito enviado a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el marco de una actuación de oficio, a pesar de que no existen datos oficiales sobre los préstamos hipotecarios que están referenciados al IRPH, la cifra de afectados podría situarse en torno al millón, según diversas fuentes.
No es la primera vez que el Defensor del Pueblo se dirige a la Administración por los problemas generados por el IRPH.En octubre de 2017 recomendó al Gobierno eliminar el IRPH como índice oficial de referencia para tipos de interés convenidos en el marco de préstamos hipotecarios de viviendas de protección oficial.
La Institución, que ha recibido más de 200 quejas de afectados por el IRPH, propuso entonces que dicho índice se sustituyera por el Euríbor u otro índice oficial, para corregir los efectos de cláusulas potencialmente abusivas. Sin embargo, esta recomendación fue rechazada. No obstante, el Defensor del Pueblo ha vuelto a reiterarla ahora al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana.
UGT reclama más seguridad en el mercado
Por su parte, UGT considera que la sentencia del TJUE sobre IRPH vuelve a evidenciar la necesidad de regular el mercado hipotecario para que sea «más seguro, estable, eficiente y sobre todo más transparente y equitativo».
Esto, apuntan, requiere impulsar por parte de las autoridades (legislativas y gubernamentales) la prohibición de prácticas temerarias por parte de las entidades bancarias que impliquen riesgos y opacidad para los ciudadanos y mecanismos de supervisión más eficientes por parte del Banco de España.
A partir de esta sentencia, se abre la posibilidad para aquellos consumidores que tengan referenciado su préstamo al tipo IRPF, para que puedan reclamar la revisión de su hipoteca bien alegando falta de transparencia en su contratación, o bien por deficiencias en su comercialización, lo cual les indujo a contratar la misma que resultó ser mucho más cara que aquella que utilizaba el Euribor como índice.
UGT destaca que «una vez más, la justicia, en este caso la europea, resulta ser el último recurso con el que cuentan los ciudadanos y ciudadanas para la defensa de sus derechos conculcado».
Este sindicato insiste en la regulación de una Agencia de Protección del Consumidor Financiero, como instrumento de resolución eficaz de disputas entre consumidores y entidades de crédito, con autonomía propia, poder ejecutivo y que pudiese ser un medio de evitar conflictos jurídicos, siempre costosos para el consumidor.
Igualmente, apuntan, «se deberían promover sistemas de solución extrajudicial al igual que, la creación de mecanismos de supervisión más eficaces en el seno del Banco de España, con participación más eficaz de la sociedad civil (sindicatos y asociaciones de consumidores)».
El Gobierno debe adelantarse
Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, va también en esa línea . «La STJUE sobre el IRPH cajas deja ver las dudas existentes sobre la falta de transparencia en la comercialización de hipotecas con ese índice y la evidencia de que esa oscuridad permitió que muchas personas consumidoras eligieran un interés variable más caro que otros del mercado”.
A su juicio, “es lógico que la reacción de los clientes ante ello sea reclamar a su banco, y eso con independencia de cómo se resuelvan los casos actuales tanto en el juzgado 39 de Barcelona como en el Tribunal Supremo, que tendrá que modificar su doctrina de la sentencia de 14 diciembre 2017 sobre exención del IRPH Cajas del control de la Directiva 93/13/CEE”.
Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Ballugera cree que “el aumento de reclamaciones, que parece estar a las puertas, aconseja que el Gobierno se adelante y habilite los mecanismos que impidan una nueva avalancha de demandas, con el consiguiente aumento del atasco de los juzgados”.
“Para que ese mecanismo extrajudicial sea eficaz ha de permitir, una vez constatada la extensión y generalidad de una mala práctica en la comercialización del IRPH Cajas que, de modo extrajudicial, se pueda obligar a las entidades que incurrieron en la mala práctica, a una reparación imperativa de los perjuicios a sus clientes”, señala.
En su opinión, “dadas las particularidades del crédito y de las hipotecas, ese mecanismo extrajudicial puede consistir en la creación, que sigue pendiente, de la Autoridad de Protección del Cliente Bancario que previó la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo”.
Para Ballugera “ la eficacia de una Autoridad de este tipo dependerá de su regulación, de su dotación presupuestaria y de la incorporación a la misma de un conjunto de personas expertas en los problemas financieros, capaces de encontrar soluciones equilibradas al problema planteado”.
Este jurista cree que “en la búsqueda del equilibrio y la eficacia de las decisiones de esta Autoridad es también importante la participación de expertos de asociaciones de personas consumidoras y sindicatos”
En su opinión, “con esos mimbres todavía estaremos a tiempo de evitar la cronificación del atasco de los juzgados y de hacer que el sistema financiero deje los pleitos y vuelva al mercado y al encuentro de la confianza de sus clientes”
Afectados por la Hipoteca quieren garantías
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) valoran esta posible medida, aunque subrayan que aun no ha habido un debate interno sobre este tema. Uno de los portavoces de la plataforma, Paco Morote, asegura que “debería ser un proceso con garantías y vinculante, en especial para los bancos. No creemos que lo bancos estén en disposición de aceptar este tipo de procedimiento. Nada que ver con el decreto Guindos 1/2017 en el que la banca ponía sus condiciones en materia extrajudicial”.
En su opinión, “está claro que un procedimiento de este tipo abarataría tiempo y costes para cualquier afectado, sobre todo sabiendo como están los juzgados de cláusulas suelo uniprovinciales”.
Paco Morote, coordinador de la Plataforma Afectados por la Hipoteca de Murcia.
«Por enésima vez, el criterio del Tribunal Supremo es anulado, su jurisprudencia invalidada y es la justicia europea la que ejerce una verdadera protección de las personas hipotecadas”, afirma Morote.
En concreto, se establece que los bancos al imponer este índice IRPH debía informar adecuadamente, entregar cuadros de evolución del mismo y asegurarse de que las hipotecadas comprendían el alcance y la carga económica que podía suponer en el futuro.
Desde la PAH denuncian que en la reciente ley de crédito inmobiliario de 2019 no se contempla el IRPH como abusivo, lo que evidencia, aseguran, que fue una «reforma de maquillaje para seguir protegiendo a la banca».
Con todo, reclaman que se incorpore plenamente la Directiva 93/13/CE y toda la jurisprudencia del TJUE en relación a las cláusulas abusivas a esta ley y medidas «valientes y directas» contra el sobreendeudamiento abusivo de miles de familias.
Desde esta plataforma afirman que «no se entiende cómo en un tema de este calado que afecta a miles de consumidores españoles, el Ministerio de Consumo está al margen».
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