Paco Morote, portavoz de la PAH a la derecha. Foto: PAH.
La PAH pide al Gobierno una moratoria en los alquileres y considera el aplazamiento del pago de hipotecas «escaso»
Considera "cortas y poco efectivas" las medidas en materia de vivienda para hacer frente el impacto económico y social del COVID-19
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19/3/2020 06:30
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Actualizado: 19/3/2020 01:41
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“Echamos de menos, una vez más, que se obligue a la banca y grandes propietarios, como los fondos buitre, a corresponsabilizarse para rescatar realmente al sector más vulnerable de la ciudadanía, ampliado por culpa de la crisis sanitaria”, apunta Paco Morote, portavoz nacional de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
«No basta con esperar se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores, son necesarias medidas que les obliguen a ello, exonerar el pago de hipotecas y de alquileres, para no ampliar por culpa del coronavirus el número de desahucios ya programados y suspendidos, que se activarán cuando se retome la actividad judicial”.
La PAH tiene pendiente una reunión con David Lucas, nuevo secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, puesto en el que sustituye a Helena Beunza. Estaba prevista para este martes, pero tuvo que suspenderse. “La vivienda es de primera necesidad y un derecho”.
“Que esta crisis sanitaria no se convierta en el motivo para que un mayor número de familias pierdan su hogar”, subraya.
Sobre la moratoria del pago de hipotecas, a quienes cumplan todos los requisitos de vulnerabilidad, que consiste en una suspensión temporal del pago de cuotas, que se reanudarán una vez concluya su vigencia que, inicialmente es de solo un mes, afirma que es «una medida tibia que debe mejorarse con medidas complementarias”.
Morote señala que “una vez concluida esa vigencia, las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos, a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social».
También indica que “para la banca supone solo una demora en el cobro y salir airosa de esta situación que nos afecta a todos, nada novedoso. Desde la PAH pedimos la exoneración de las cuotas. Se puede ser muy ambicioso», aclara.
A los avalistas se les reconoce únicamente el derecho de exclusión solo si también cumplen los supuestos de vulnerabilidad y el limitado plazo para solicitar la moratoria dejará fuera a quienes padezcan los efectos retardados de la crisis, aparte del colapso burocrático cuando se levante la cuarentena.
«Estamos ante una situación de emergencia, ante la cual la banca también debe asumir pérdidas económicas como el resto de la ciudadanía y devolver a la sociedad, con viviendas vacías, el rescate impagado que asciende a 65.725 millones de euros».
Tras más de 23.000 millones de beneficios declarados por la banca en 2019, «hay que hacerles asumir su responsabilidad ya que son culpables de la crisis económica».
En este sentido, destaca que «las familias ya pagamos la crisis de 2008. Muchas sin vivienda, otras aún sobreendeudadas y quedamos miles amenazadas por el capital y no debemos volver a pagar esta».
No hay moratoria de alquileres
Morote señala que “la mayor gravedad de este Real Decreto recae en la falta de mención a los alquileres y a una moratoria de las rentas. Si los inquilinos ya protagonizan casi el 70% de los desahucios habituales, es obvio que es estos momentos de crisis son uno de los sectores de la sociedad con mayor riesgo de impago y perdida de hogar”.
Algo que, afirma, les sorprende porque el alquiler parecía el primer caballo de batalla de este nuevo gobierno. Destaca que “si la mayoría de las casas alquiladas en España son propiedad de la banca o de socimis (paraísos fiscales societarios) participadas por la banca, ¿por qué no exonerar esas rentas de alquiler mientras dure la crisis? No puede aumentarse la emergencia habitacional privando del derecho a este amplio sector de la ciudadanía”.
El Consejo de Ministros durante su reunión presencial y por videoconferencia.
Y es que “este Real Decreto no contempla absolutamente nada sobre desahucios, por lo que, una vez se reactiven los juzgados volverán muchas familias a ser puestas en la calle. A final de año habrá que sumar a los desahucios previstos antes de la crisis los que se provoquen como consecuencia esta recesión económica. Esta situación es insoportable”.
Tampoco es suficiente, agrega, la moratoria del corte de suministros básicos y telecomunicaciones (al consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión) y más sin establecer cómo ni cuándo habrá que hacer frente a las facturas acumuladas tras acogerse a esta moratoria.
Implicar a las grandes empresas
La PAH pide que se implique a las grandes empresas suministradoras en la moratoria y, en definitiva, en la factura final de las familia.
“El confinamiento provocará subidas importantes en el consumo de los suministros básicos, sumado a la caída de los ingresos para muchísimos hogares, no basta con garantizar que no haya cortes por impago o ampliar en el tiempo el bono social, hay que corresponsabilizar a las suministradoras para que asumen el coste de las facturas de las familias en vulnerabilidad”.
También apunta a que entidades como Bankia, Sareb y demás entidades rescatadas o beneficiadas de la crisis “deben dejar de desahuciar y aportar la contraprestación social que negaron mientras todas nos apretamos el cinturón, ¿qué mejor momento para obligarse a cumplir el dictamen DESC de las Naciones Unidas?».
A su juicio “la banca y los fondos buitres que entraron con ella han llevado a muchas afectadas a perder su salud y vida, qué mínimo que movilizar su vivienda para ponerla a disposición de la sociedad y dar respuesta social a personas en precario que no pueden acceder a una vivienda adecuada en un mercado inflado o víctimas de violencia machista ahora más desprotegidas por esta nueva crisis”.
Otra cuestión que plantean dese la PAH es que “si las medidas del Gobierno dejan descolgadas a tanta gente empobrecida que ya sufría precariedad antes de esta crisis, no podemos admitir que aumente, por lo que es vital el establecimiento de una renta básica que asegure vivir dignamente a todas las personas”.
“Lo avanzado hasta ahora, el aplazamiento del cobro de hipotecas o la prohibición de cortes de suministros básicos es consecuencia directa de la campaña iniciada por la PAH y por decenas de otros colectivos sociales que hemos exigido un plan de choque social, una respuesta social a la crisis económica que está generando esta emergencia sanitaria”, explicaMorote.
También recuerda “la postura de Naciones Unidas y la de sus relatores especiales que han visitado recientemente nuestro país es evitar los retrocesos en materia de derechos humanos, esto es tan solo una cuestión de voluntad política. Afirmación que ahora coge mucho más sentido y responsabilidad”
La reflexión final de la PAH es que “si algo está demostrando esta crisis sanitaria es la conciencia social. Tras años denunciando los recortes públicos y las privatizaciones, ahora estamos viendo el efecto de este tipo de políticas. A pesar de ello, gracias al compromiso de sus trabajadoras, la sanidad pública está dando una gran demostración de fuerzas y solidaridad”.
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