El Pleno del Tribunal Constitucional lo admitió a trámite el 9 de mayo de 2017. Foto: Confilegal.
El TC sigue sin resolver, cuatro años después, el recurso de inconstitucionalidad sobre cláusulas suelo
Fue interpuesto por 50 diputados de Unidas Podemos en 2017
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08/4/2021 06:49
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Actualizado: 07/4/2021 23:30
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó en mayo de 2017 admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1960-2017 contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
El recurso fue promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados.
La resolución del TC, fechada el 9 de mayo de 2017, con la rúbrica de la que por aquel entonces era la secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra, hoy jubilada, se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado de 15 de mayo de ese año.
El recurso fue presentado el 20 de abril de ese año por el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral; la senadora por Guipúzcoa y responsable de Políticas Sociales y Vivienda del partido, Pilar Garrido; y los abogados Verónica Dávalos y Dionisio Moreno, del caso Aziz.
Sin embargo, desde ese año, las novedades han sido escasas. Tras una consulta realizada por Confilegal al Constitucional, se confirman la situación del recurso, pendiente de señalamiento, votación y fallo.
Pese a las gestiones hechas por esta publicación, no hemos podido recabar la opinión de Unidas Podemos sobre este tema, ahora partido de coalición del PSOE en el Gobierno.
El blog de la abogada y profesora de Derecho Civil de la UNED Verónica del Carpio es uno de los pocos sitios donde se puede consultar dicho recurso de inconstitucionalidad. “El problema del Tribunal Constitucional no es lo que dicta sino cuando lo dicta”, señala esta jurista.
Esta letrada es partidaria de que este Alto Tribunal cuelgue públicamente el estado del procedimiento, recurso, texto completo, alegación del Ministerio Fiscal y alegación del Gobierno para que se sepa realmente la situación de cada procedimiento. “Hay que darse cuenta que el Ejecutivo ha cambiado y que Unidas Podemos ahora está en el Gobierno”, indica.
En estos casi cuatro años que han transcurrido del citado recurso, aún sin resolver, se puso en marcha un sistema de resolución extrajudicial de conflictos y se creó una Comisión en la que estaban representados diferentes entidades jurídicas y económicas.
Dicha comisión presidida por el subgobernador del Banco de España, tiene como miembros el secretario técnico del Ministerio de Economía, representantes del Ministerio de Justicia, Sanidad, Consejo de Consumidores, Consejo General de la Abogacía Españaola (CGAE), Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Asociación Hipotecaria Española.
Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, es el representante de la abogacía en dicha comisión de expertos, “la implementación de aquel sistema extrajudicial que puso en marcha el ministro Luis de Guindos supuso un nuevo obstáculo para los consumidores”.
Cree que “judicialmente la nulidad de las cláusulas suelo, por su carácter abusivo, era una cuestión ya resuelta y pacífica en los tribunales. El Gobierno salió en auxilio de la banca, a la que además se otorgaron ventajas procesales”, advierte.
Este jurista indica que desconoce el orden que sigue que el Tribunal Constitucional para resolver este tipo de asuntos “hoy más alejados de los ciudadanos por el requisito de la especial trascendencia constitucional”.
Considera además que “sigue pendiente la introducción en la legislación española de intereses moratorios especiales, en favor de los consumidores, por razón de las responsabilidades de las empresas, derivadas de la aplicación de cláusulas abusivas”
Pascual recuerda que «este tipo de intereses, que en nombre del CGAE he propuesto reiteradamente en el seno de la Comisión, son análogos a los existentes en materia de seguros o de lucha contra la morosidad, propuesta de la que en su día la Comisión dio traslado al Ministerio de Economía».
Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche.
“En mi opinión, los intereses moratorios especiales han de ser el instrumento que disuada a las empresas de imponer cláusulas abusivas a los consumidores”.
“Mientras el legislador no traiga los intereses moratorios especiales, no nos puede sorprender que las empresas sigan manteniendo cláusulas abusivas, porque les producen un beneficio económico, que solo desaparece en los casos en que los consumidores litigan”.
Un sistema extrajudicial viciado
Dionisio Moreno, abogado, experto en derecho hipotecario, recuerda que el Real Decreto pretendía solucionar la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, sobre las cláusulas suelo y especialmente cuando había muchos consumidores intentando negociar que se las quitaran de forma rápida y con efectos retroactivos los importes cobrados en ese concepto desde que se activó el suelo.
“Hasta entonces o no se obtenía nada o se aceptaron incluso malos acuerdos donde se renunciaba a reclamar nada de lo cobrado de más, lo que generó otra problemática”, afirma.
Moreno indica que “ese Real Decreto Ley pretendía imponer una solución extrajudicial previa a la reclamación judicial que dejaba en manos de los propios bancos tanto el cálculo como la forma de devolución”.
Dionisio Moreno, abogado, experto en derecho hipotecario.
Se trataba de “perdonarles las costas procesales en caso de desacuerdo, pero en la práctica, la mayoría de los consumidores han tenido que acudir a los tribunales y han ganado la mayoría de los pleitos, pero a cambio de tener que tardar años en solucionar el asunto”.
Moreno que estuvo presente el día del registro del recurso, subraya sobre esta iniciativa que “las soluciones que pretendía implantar dicha norma en la práctica han sido nulas, aunque han favorecido a los bancos en cuanto a que la solución judicial ha atascado el sistema y ha retrasado mucho las devoluciones”.
“Los datos revelan que esa solución extrajudicial no ha funcionado y muchos consumidores han tenido que recurrir a los tribunales. Eso ha hecho que muchos juzgados uniprovinciales creados para gestionar dichas demandas se hayan colapsado en estos tres últimos años”, comenta.
Moreno cree que “ahora ya es difícil que sirva para algo, con todas las reclamaciones en los tribunales, la resolución del recurso de inconstitucionalidad tendría pocos efectos”.
“Solo queda aplicar la mala experiencia a la devolución de otros importes derivados de cláusulas abusivas como los gastos o las comisiones: nunca se tiene que dejar en manos del banco que gestione devoluciones con eficacia y buena fe porque han decepcionado”, apunta.
Este abogado cree que Unidas Podemos podría solicitar algún impulso procesal, porque es un recurso que se interpuso hace ya años y va a tener la misma consecuencia que el recurso contra la Ley 1/2013, al final el resultado era innecesario por cuestiones sobrevenidas.
Desconexión del Constitucional con los ciudadanos
Por su parte, Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), señala que «este recurso de inconstitucionalidad sigue sin resolver la validez del procedimiento extrajudicial para compensar, dentro de un plazo breve y sin pleitos, a las personas consumidoras por cláusulas suelo abusivas, procedimiento que se estableció en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”.
“Al mismo tiempo que el caso se dilata, centenares de miles de personas consumidoras con cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas tienen pendientes de resolver su asunto en los juzgados especializados”, aclara Ballugera.
Para el presidente de la CCU, “es evidente que hay una desconexión entre las prioridades del Tribunal Constitucional y las de cientos de miles de familias afectadas y de fondo, se ve que hay una desconexión entre el aparato estatal de justicia y esos mismos intereses de miles de personas consumidoras”.
“Desde el punto de vista del ciudadano lo único que puedo hacer es pedir públicamente al Tribunal Constitucional que ajuste su calendario con el de estos sectores tan importantes de la ciudadanía que pese a un abuso evidente sufre sus consecuencias en medio de la parálisis de los poderes públicos”.
Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
Ballugera pide a Podemos que no desista ni se olvide, que pese al silencio de la opinión pública, hay centenares de miles de asuntos sin resolver de ciudadanos que han sido llevados a los juzgados por sentencias tan desafortunadas en lo procesal como la de 9 de mayo de 2013.
“Estos ciudadanos no pueden sentirse acompañados por los poderes públicos, que sin embargo, conforme a los artículos 9.2 y 51 CE tienen obligación de actuar en defensa de los intereses económicos de las personas consumidoras”, advierte.
También considera que no “pueden sentirse protegidos por los poderes públicos pues en lugar de ver como éstos, en cumplimiento obligatorio de sus competencias, sancionan adecuadamente a bancos que han cometido cientos de miles de sanciones graves, en lugar de eso, ven la morosidad, la tardanza y la inactividad de las autoridades”.
“Los reguladores deberían incluso privar de licencia a bancos que, acreditadamente, son abusadores en serie, pero ante la inactividad de esos reguladores las personas consumidoras abusadas tienen que armarse de paciencia y esperar lo que las autoridades a su servicio quieran concederles”, afirma.
Un decreto ley que ampara a la banca
Por su parte, Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), señala que muchos afectados por cláusulas suelo “se vieron obligados a someterse a un decreto pensado, como casi siempre, para proteger a la banca de una devolución pronta, del dinero estafado a sus clientes mediante esta cláusula abusiva”.
“Conviene recordar, además, que, inmediatamente al decreto, el CGPJ creó los juzgados únicos provinciales para este tipo de demandas, que recibieron todos los procedimientos acumulados en todos los juzgados de Primera Instancia, más los nuevos que se iban presentando, unido al hecho de que la banca estaba exenta de costas, supuso para los consumidores la eternización de sus reclamaciones, y para la banca, una forma cómoda y lenta de pago”.
«Algunos consumidores, además, ante la previsible e importante demora prevista, se allanaron a los injustos acuerdos que les ofrecía su banco, que, a fin de cuentas, era lo que buscaban tanto el Gobierno como el CGPJ», explica.
Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Morote se muestra pesimista, no cree que el asunto sufra un impulso, “salvo que al TC le venga bien ahora resolverlo. La lentitud convierte en injusta la presunta Justicia”.
“Además, esta demora no parece casual, ya que, tanto el decreto del Gobierno, como los juzgados únicos impuestos por el CGPJ, no se nos antojan medidas independientes, sino una, para nosotros, evidente acción de Estado para proteger a la banca”.
“Hemos visto muchas veces por parte del TC, sentenciar asuntos incluso con más de una década después de haberlos admitido a trámite, que incluso dando la razón a los recurrentes, ha facilitado la huída de los recurridos de los puestos que ocupaban, limitando, o incluso haciendo inútiles los efectos que sus recursos buscaban, por no haberse adoptado ninguna medida cautelar en ese tiempo”.
“Es muy lamentable que éste tribunal, fundamental para garantizar los Derechos Fundamentales actúe de esta forma, que claramente devalúa esos derechos”, afirma.
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