España contesta “fuera de plazo y de manera insuficiente” las recomendaciones de la ONU para frenar los desahucios

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Fuera de plazo, de manera insuficiente y aludiendo a iniciativas como el Código de Buenas Prácticas Bancario y la ley 1/2013, normativa que transformo la Iniciativa Legislativa Popular presentada este año, ha sido la respuesta del Gobierno Español ante las recomendaciones emitidas por el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas, que condenaba a España por haber vulnerado el derecho a la vivienda, por desahucio, en el caso de una familia con hijos menores de edad, de 1 y 3 años que estuvo 10 días viviendo en un coche.

La historia arranca cuando el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas condenaba a España en julio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda al no garantizar el acceso a una vivienda alternativa a una familia que, con dos hijos menores de edad, había sido desahuciada; y le obligaba  a presentar una serie de medidas para implementar las recomendaciones del dictamen.

Sin embargo, la respuesta dada por parte de las autoridades españolas a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro, ha sido absolutamente insuficiente.

Así lo denuncian diversas organizaciones que han seguido este caso, que insisten en que actualmente España se encuentra en una crisis del derecho a la vivienda que está afectando a cientos de miles de personas. Entre ellas se pueden mencionar, Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar – FEANTSA-EANTSA (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB).

Junto con también Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen, al mismo tiempo reclaman al Gobierno español en cuanto a derecho a la vivienda:

Javier Rubio es el abogado de dicha familia que fue desahuciada y que gracias al Ayuntamiento de Madrid tiene una vivienda. También forma parte de Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una de las organizaciones implicada en el seguimiento de la respuesta española al Comité DESC. “Las medidas que se han tomado por nuestro Gobierno referido al caso individual de esta familia y al tema general de los desahucios en nuestro país han sido insuficientes”, asegura.

En el caso de la familia desahuciada “ha sido el Ayuntamiento de Madrid quien les otorgó a través del IVIMA una vivienda. Pero falta por cuantificar los daños por estar diez días viviendo a la intemperie en un vehículo.”

A nivel general, nuestro interlocutor destaca que nuestro país poco ha hecho en las líneas de las recomendaciones del Comité DESC; “se siguen permitiendo desalojos sin alternativa habitacional, no se han hecho las reformas procesales necesarias para que los jueces tomen en consideración las circunstancias de las personas antes de autorizar un desalojo”.

Otra de las cuestiones que Rubio destaca es que dicha respuesta del Gobierno a la que CONFILEGAL ha tenido acceso “Tampoco se ha puesto un plan de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables en colaboración con las CCAA y en el caso de los desalojos de los inquilinos permitir al juez que conozca la situación de estos si son desalojados”. Respecto a la difusión del dictamen que la ONU pidió ha sido también muy escasa.

España fue condenada por ONU, en julio de 2017, por vulnerar el derecho a la vivienda al no garantizar el acceso a una vivienda alternativa a una familia que, con dos hijos menores de edad, había sido desahuciada.

Respuesta escasa: El gobierno no cree en el derecho a la vivienda

Para las organizaciones firmantes la respuesta del Estado español al dictamen de Naciones Unidas es insuficiente, como también es alarmante el hecho de que no incluya, en el escrito enviado al Comité, cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro.

Además España desoye completamente las recomendaciones del Comité en materia de vivienda y tampoco ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al dictamen.

“Es una contestación llena de soberbia porque se limita a decir que el Estado hace todo lo que está en su mano para garantizar el derecho a la vivienda de las personas. Y se remite a unas alegaciones anteriores de este proceso a medidas anteriores que no han funcionado como hemos visto”, apunta Rubio. La comunicación firmada desde el Ministerio de Justicia  por la Abogacía del Estado se remite a la Representación  Permanente de España ante la ONU en Ginebra.

Las medidas que se han tomado por nuestro Gobierno referido al caso individual de esta familia y al tema general de los desahucios son claramente insuficientes  y vulnera el derecho a la vivienda

Desde este colectivo de organizaciones se reclaman ciertas medidas necesarias para proteger el derecho a la vivienda:

-Un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquilercon el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido desde 2009 el presupuesto de vivienda en más de un 70%.

-Reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige.

-La adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo.

-La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda.

La Ley de Vivienda de la PAH sería la solución

Para estas organizaciones, una de las soluciones que tendría el Gobierno sería aprobar la propuesta de Ley de la Vivienda de la PAH, norma registrada en el Congreso  el pasado mes de enero y que por un defecto detectado se amplia hasta el 15 de marzo el derecho a veto del Gobierno.

Precisamente este fin de semana tuvo lugar en Sevilla la XXII Asamblea Estatal de la PAH con la asistencia de 250 delegados de toda España. Arranca la campaña de difusión de dicha Ley de Vivienda y los próximos 27 y 28 de febrero en el Pleno del Parlamento Europeo la PAH explicará su modelo de vivienda, informa Paco Morote, portavoz estatal de la PAH.

Mientras tanto, este proceso de la ONU y las recomendaciones de su Comité DESC  sigue abierto. “Desde la sociedad civil tenemos el plazo de un mes para hacer alegaciones en este asunto. Y con eso seguirá el proceso de control de cumplimiento de este tratado internacional  para saber hacia donde desembocará”, comenta a CONFILEGAL el propio Rubio.

También sabemos que en  abril el Estado español pasará un examen sobre el cumplimiento del tratado, no solo en derecho a la vivienda, sino también en cuestiones como educación, sanidad “y ahí se verá el nivel de cumplimiento del tratado, a nivel de vivienda ya lo vemos, muy escaso para lo que se pide”.

Rubio denuncia que la legislación interna española no tiene mecanismos previstos para cumplir estos tratados internacionales. “Y si a esto le añadimos la falta de voluntad política de nuestros gobernantes, observamos como un derecho que debería ser fundamental, el derecho a la vivienda está siendo vulnerado de forma continua en nuestro país.  Hay que buscar alternativas a los desahucios que van desde los alquileres sociales”, subraya.