Los datos del CGPJ sobre el último trimestre del 2017 han vuelto a poner sobre la mesa el problema de los desahucios en nuestro país y la falta de alternativas habitacionales para que las familias no se queden en la calle.
El descenso a los 60.754 efectuados en el 2017, un 36% menos, viene dado porque los bancos han diversificado su estrategia de reclamación, alejada de las hipotecas.
Javier Rubio es abogado de CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) y de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca).
Su visión del problema nos ayuda a situarnos: “Los datos del CGPJ que hablan de un descenso del 37% hay que matizarlos y ponerlos en un contexto adecuado”.
Rubio revela que las entidades financieras han optado por abrir procedimientos diferentes al de ejecución hipotecaria “para reclamar el total de la deuda y amenazar con la subasta de la vivienda. Son procedimientos declarativos o ejecuciones no hipotecarias”.
Con la ley en la mano esta práctica se puede hacer.
Precisamente estos datos, advierte Rubio, “no están entrando en la estadística del CGPJ. Al mismo tiempo, ese cambio de rumbo viene dado por la presencia de cláusulas abusivas en la mayoría de las hipotecas. Las cláusulas abusivas significa enfrentarse a decisiones de judiciales de protección al consumidor del TJUE. Por eso diversifican sus métodos de reclamación de deudas”.
El total de los desahucios practicados en 2017 asciende a 60.754 desahucios.
Lo que significa que cada 8 minutos, una familia es expulsada de su hogar
De estos desahucios, 22.330 refieren a ejecuciones hipotecarias.
Son familias que han perdido su hogar, quedándose con una deuda impagable de por vida que les condena a la economía sumergida.
Si bien el gobierno del PP se hace eco del descenso de las ejecuciones hipotecarias respecto a los del 2016, desde la PAH ya se avisó que esta situación tiene que ver con la suspensión temporal de las ejecuciones hipotecarios por mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestiona precisamente la legalidad de estos procedimientos.
Este mandato marca que se aplacen las ejecuciones hipotecarias hasta que el TJUE se pronuncie respecto a la cláusula de vencimiento anticipado incluida en casi todas las hipotecas. Una cláusula abusiva que marca que el banco es capaz de exigir toda la deuda hipotecaria de golpe a una persona afectada que no realizará el pago de tres cuotas hipotecarias.
De hecho, las propias comisiones de seguimiento de las reformas del gobierno del PP muestran que el Código de Buenas Prácticas y la Moratoria de los Desahucios no han sido capaces de dar soluciones permanentes a más de 1% de las familias afectadas.
El problema hipotecario persiste, por mucho que lo traten de maquillar.
Para Rubio “hay un problema estructural en nuestro país en relación a la entrada en domicilio y su protección de la vivienda. La falta de garantías procesales para proteger su vivienda, algo respetado a nivel europeo e internacional, con una doctrina importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en nuestro país no termina de aplicarse por nuestros tribunales”.
Peligrosa burbuja de los alquileres
Más alarmante es la subida de los desahucios por alquiler en un 4,3%, con 35.666 desahucios.
Casi un 60% de los desahucios en 2017 fueron por impago del alquiler.
Un aumento que desde hace años se denunció desde la PAH “hay varios factores que han contribuido a este escenario en el que ahora estamos. Se hizo una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el 2013 donde se bajaron los contratos de cinco a 3 años y permitió que los caseros incrementasen las rentas de forma indiscriminada”.
Al mismo tiempo, revela que “al entrar en vigor la reforma de la LAU en el 2015 y 2016, al ir acabando esos contratos, se dota de mucho poder a los propietarios y de pocos derechos a los inquilinos. Al mismo tiempo han entrado fondos de inversión en la compra de vivienda vacía y se ha facilitado la creación de las sociedades de cotización inmobiliaria, Socimis, con una bajada fiscalidad muy favorable y se ha favorecido sin control el negocio de los pisos turísticos y nuevas plataformas de alquiler online. Todo ello empuja al alza los precios de alquiler”.
Para este experto “podemos entrar en una burbuja de alquileres que luego nos conduzca a una de hipotecas. Los alquileres se están volviendo inasequibles e impiden el acceso a la vivienda a las personas, la acción de las hipotecas puede parecer como económicamente viable para las personas. Se podría repetir el ciclo de la burbuja inmobiliaria anterior, con otras características y resultados parecidos al final: endeudamientos largos y una situación precaria cercana a la exclusión para muchas familias”.
Sobre estos datos del CGPJ también hay que señalar que no contemplan la negativa a renovar los contratos de alquiler.
Una práctica que se está imponiendo en las ciudades, y que aumenta las expulsiones vecinales.
Estos datos, tampoco contemplan los desahucios derivados de ocupaciones por necesidad, producidas por la combinación entre alquileres desorbitados y la ausencia de un parque público de vivienda donde realojar a las familias en emergencia.
Una situación que lleva a muchas familias a tener que decidir entre vivir en la calle con sus hijos u ocupar por necesidad. La no renovación de los contratos de alquiler y los desalojos de ocupación por necesidad representan desahucios invisibles, que deberían ser cuantificados para tener una radiografía completa de la problemática.
Para Rubio, muchas de estas soluciones se encuentran en la Ley de Vivienda de la PAH. Hablamos de una ley que, de aprobarse, acabaría con los desahucios, la pobreza energética, regularía los precios del alquiler y aumentaría el parque público de vivienda.
No sólo pondría fin a la catástrofe habitacional que ha provocado el gobierno del PP. También sentaría las bases de un nuevo modelo de vivienda donde toda ciudadana tendría garantizado un hogar sin caer en la precariedad.
Propuesta vivienda del Gobierno insuficiente
Nuestra publicación ha podido saber que este viernes en Consejo de Ministros se presentará un Plan de Vivienda desde el Ministerio de Fomento.
“No creemos que vaya a resolver mucho la situación. Es posible que haya un fomento a la subida de precios en el alquiler y en la compra en la medida que se va a subvencionar parte de la compra. Habrá más hipotecas y más alza de precios. También hay que recordar que esas ayudas al alquiler, es una medida que se intentó por el Gobierno del PSOE en el 2007 y significó un alza de los precios de alquiler de sus rentas”.
Para Rubio se trata de inyectar dinero público en los promotores de vivienda para la compra venta o el alquiler”.
Sobre el parque de viviendas vacio que hay en nuestro país recuerda que “ La PAH con la Ley de Vivienda plantea una regulación mínima donde también se habla de incentivos para la vivienda vacía y que se ponga al mercado. En un plazo muy corto se podría intervenir en el mercado provocando una cierta bajada de precios”, aclara.
De cara al futuro, es evidente que esos fallos del TJUE pueden marcar el devenir de muchas familias “es posible que nos metamos en un incremento aún mayor de los desahucios en alquiler. Se interponen demandas en la actualidad que tardan meses en realizarse, algunas pueden tener prórroga o negociación, pero el futuro de muchas familias es incierto en este contexto”.
En Madrid, nos confiesa que la Agencia Social de la Vivienda deniega cualquier petición, incluso por vía judicial de realojo de familias en otra vivienda.
En otras Comunidades Autónomas, el parque público es casi inexistente.
Hoy miércoles la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) interviene en la Comisión del Congreso de los Diputados para dar su visión sobre los años de la crisis económica y como miles de familias perdieron sus viviendas.
Será Francisco Morote, portavoz nacional quien tome la palabra, en un acto cerrado al publico pero que se podrá seguir por el canal de streaming del Congreso de los Diputados.
Con anterioridad Dionisio Moreno, abogado del caso Aziz, también intervino en dicha Comisión
