Javier Rubio, abogado de la PAH y de CAES impartió este martes un taller sobre cómo acogerse a las medidas sobre desahucios.
Un protocolo del Comité DESC de la ONU paraliza varios desalojos a la espera de una resolución
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10/5/2018 06:00
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Actualizado: 09/5/2018 20:35
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Un resquicio de esperanza se ha abierto para los cerca de 60.000 familias que anualmente pierden su vivienda según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A raíz de un tratado firmado por nuestro país, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC), desde el 2013, puede pedir una suspensión temporal del desalojo y frenar el desahucio.
Javier Rubio, abogado de la PAH y de CAES impartió este martes un taller sobre cómo acogerse a estas medidas. Lleno a rebosar con presencia de muchos afectados en esta situación. De momento se han paralizado media docena de asuntos con estas medidas cautelares pese al desconocimiento de los jueces españoles de este protocolo.
Rubio explicó dicho protocolo que emana del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) suscrito en 1976 por nuestro país antes de la Constitución de 1978 “Este Pacto ha estado muchos años sin aplicación real en la medida que no existía un cauce procesal adecuado para aplicarlo. Desde el 2013 cuando entra en vigor el Protocolo Facultativo de este Pacto se logra ese cauce para acudir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC) que vela por el cumplimiento de dicho Pacto Internacional.
Como precedente el dictamen de 20 de junio del 2017 que condenó a España por la vulneración del derecho a una vivienda a una familia aparece la posibilidad de acudir con mayores garantías a este comité DESC si los tribunales internos españoles no amparan dicho derecho a la vivienda. “Se trata de poder demostrar que habrá un desalojo con consecuencias muy graves para la unidad familiar porque no tendrán alternativa habitacional”.
Nuestro interlocutor reconoce que muchos jueces españoles han confesado que no conocen dicho protocolo internacional que él nos describe. “Los jueces españoles no velan por la protección del derecho a la vivienda. Se trata de lograr ese amparo y plantear ante el Comité DESC ese daño que habrá tras el desalojo. Hay que documentarlo muy bien. Hay que acreditar que se pidió vivienda pública y no se logró y que la vía judicial no ayuda en estos temas. Con la documentación presentada se piden medidas cautelares que paralicen el desalojo”.
Los jueces españoles, una vez logradas esas medidas cautelares, han señalado en muchos casos la dificultad de incorporar al procedimiento dicha decisión del Comité DESC al desconocer dicho protocolo facultativo “ hay un déficit de formación de nuestros jueces en los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, pese a ser Tratados Internacionales que vinculan a nuestro país. Esta cuestión que debería resolver el CGPJ a través de diferentes acciones formativas”, apunta. Hasta el momento en todos los casos se han logrado la suspensión del desalojo.
Con estas medidas cautelares se logra la paralización provisional del asunto mientras se analice el fondo del asunto. De esa forma se evita un daño irreparable “Será el propio Comité DESC quien deba tomar una decisión sobre ese asunto para ver quien tiene razón el solicitante o nuestro país, que es a quien se dirige la petición en concreto. El único precedente de 20 de junio del 2017 dio la razón al solicitante y declaro que se había violado por España su derecho a la vivienda”, indica Rubio.
Recurrir a la ONU la ley de desahucio express
El pasado 24 de abril, el Congreso aprobó una nueva ley de desahucio exprés, para casos de ocupación de viviendas de particulares propuesta por el PDeCat, y apoyada por Cs, PP y PNV. Bajo el supuesto de que esta ley sólo podrá ser utilizada por personas físicas, y no por bancos, fondos o SOCIMIs, con esta ley lo que realmente se hace es allanar el camino para que los grandes especuladores en vivienda puedan beneficiarse de ella más tarde.
Muchos afectados con problemas económicos escuchando las explicaciones de este abogado.
Se trata de una ley claramente innecesaria, dado el bajo número de casos afectados, sin embargo, como ya se ha dicho, lo que realmente pretenden los entre sí enemigos del PDeCat, PP y Cs, es que sean los grandes tenedores de vivienda los que finalmente la utilicen.
Rubio advierte que dicha ley ley que agiliza los desahucios, no contiene ningún instrumento para garantizar el realojo de las familias desahuciadas, como exige el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI DESC) suscrito por España en 1976, que prohíbe los lanzamientos a familias sin alternativa habitacional, que exige un juicio de proporcionalidad a los jueces antes de ordenar los desahucios y la coordinación entre los Órganos Judiciales y los Servicios Sociales”.
Desde la PAH se indica que el problema no es la recuperación de viviendas, sino el hecho de que el acceso a la vivienda dependa exclusivamente de la capacidad económica de las personas, que fondos buitre, SOCIMIs y la banca sean propietarios de la inmensa mayoría de los más de 3,5 millones de casas vacías que hay en España según el INE, y que están provocando un incremento desquiciado de los precios de alquiler, mientras el parque público de vivienda apenas llega al 2% frente a la media del 15-20% en el resto de Europa.
Para Rubio, al igual que otros expertos “es necesario poner en marcha una política de vivienda social y ampliación del parque público por parte de las Administraciones que haga recaer la responsabilidad del gasto, sobre todo, en quienes han sido los principales responsables de generar esta crisis y que además han sido rescatados. Se trata de respaldar el derecho a la vivienda y así que estuviera activo realmente el artículo 47 de la Constitución que habla del derecho a una vivienda digna”.
A su juicio una solución sería desbloquear la Ley de Vivienda de la PAH, vetada en el Congreso de forma fraudulenta por el PP y Cs porque contiene los instrumentos necesarios para acabar con los desahucios, frenar la burbuja del alquiler y generar el necesario parque de vivienda pública, que garantice el Derecho de Acceso a la Vivienda. “En el momento que se apruebe esta normativa denunciaremos la misma al Comité DESC de la ONU”, aclara Rubio.
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