Se cumplen catorce años de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en un momento crucial para la Benemérita, cuando está inmersa en la campaña electoral para las elecciones al Consejo a celebrar durante el 26 y 27 de octubre.
Este órgano permite a los guardias civiles, de manera muy exigua, dicho sea de paso, expresar y exigir ante la directora general y el ministro del Interior, sus propuestas de reformas para alcanzar una igualdad laboral y salarial, para los agentes, que a día de hoy, soportan condiciones, en algunas ocasiones, infrahumanas, a pesar de su esfuerzo y sacrificio para derrotar a ETA, entre muchos otros logros sociales.
‘El Estado paga mal y tarde’, me cuentan algunos guardias civiles, que no renuncian a equiparar sus derechos con el resto de policías autonómicas y policías europeas.
Agentes destinados en anti-terrorismo, narcotráfico, fronteras, o anti-corrupción, no conciben este agravio con otros cuerpos policiales.
Precisamente, estos agentes, deberían recibir el máximo respaldo por la democracia española, porque la Benemérita es un cuerpo de élite, valorado como el mejor del mundo a nivel internacional.
Sin embargo, ¿qué trascendencia tiene esta Ley Orgánica para los guardias civiles ante estas elecciones al Consejo?
Muy sencillo. Su artículo 37, del régimen económico, prevé que las asociaciones profesionales no pueden financiarse a través de donaciones privadas.
Con lo cual, ninguna organización de la Guardia Civil, que pretenda representar a los agentes en el Consejo, puede hacer trampas durante la campaña electoral, y captar fondos de otros colectivos ‘afines’, para ‘intentar ganar ventaja sobre el resto de asociaciones candidatas al poseer más recursos económicos, y por tanto, mayor nivel de penetración’.
Y yo me pregunto, ¿puede un sindicato de policía nacional, primar con pagos encubiertos o directos a una asociación de guardias civiles?
¿Podría el sindicato JUPOL, presuntamente, desvíar fondos públicos a la asociación JUCIL, para influir en el Consejo de la Guardia Civil?
A raíz de ciertos indicios y averiguaciones, he tratado de ‘tomar el pulso’ a guardias civiles en esta campaña. Concretamente a agentes de la asociación JUCIL –filial del sindicato policial JUPOL y Jusapol–, que me confiesan que albergan sospechas sobre el uso de los fondos públicos en estos colectivos policiales.
Sin descartar que los policías nacionales de Jupol, presuntamente, pudieran haber estado sufragando gastos de los guardias civiles de JUCIL, con el objetivo de tener un mayor alcance entre los compañeros.
Con el objetivo de ganar estas elecciones, y ser los mayoritarios en el Consejo de la Guardia Civil.
Tal como ostenta JUPOL la mayoría, en el Consejo de la Policía en la actualidad’.
Es decir, obtener el poder absoluto entre las filiales JUPOL y JUCIL en los Consejos de Policía y de la Guardia Civil, ante el Ministerio del Interior y, de paso, controlar el asociacionismo de los policías en España, si lograran ser ambos los mayoritarios.
Un poder sindical absoluto ante los gobiernos, los partidos políticos, dejando al margen al resto de colectivos policiales sin representación.
Esta es una de las grandes claves de estas elecciones.
Otra clave, sería, sí, presuntamente –otra vez–, el CNI, controlaría a los colectivos, Jupol y Jucil, en la sombra, en detrimento de las demás organizaciones policiales!, estudian algunos policías.
«SOLO BUSCAN LA PASTA»
«JUPOL y JUCIL sólo buscan el poder absoluto en ambos consejos policiales, sólo quieren la ‘pasta’ de las subvenciones públicas, no tienen programa electoral efectivo. Nos han pedido cuotas extras al seguro asociativo para algunos procesos judiciales, pero ya no salen a las calles a manifestarse. Estos policías llegaron a los sillones, se acomodaron y se olvidaron de la lucha por la equiparación salarial, mientras las otras asociaciones siguen en la brecha», me cuentan algunos afiliados a JUCIL.
Pero, Jupol no puede derivar fondos públicos a JUCIL a pesar de ser filiales. Por tres cuestiones muy sencillas: ni los estatutos de estos policías nacionales lo contemplan, ni tienen cauce legal, ni JUCIL puede recibir donativo alguno.
Es más, «están tan candentes las cuentas, que, JUCIL ha tenido que contratar una auditoría externa», me confirman estos agentes.
Los guardias civiles tienen miedo.Tienen miedo a que JUCIL acabe judicializada como JUPOL, por su falta de transparencia respecto a sus cuentas económicas.
Tienen miedo a que JUCIL repita los escándalos contables denunciados por afiliados de Jupol.
DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Ante estas «relevantes declaraciones», he solicitado ante la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, a la luz de estas informaciones, la apertura de una investigación respecto al uso de los fondos públicos de JUPOL y JUCIL, así como se proceda a las averiguaciones pertinentes sobre la financiación de JUCIL durante esta campaña electoral al Consejo.
Además, he pedido, por medio de la Ley de Transparencia y Derecho, acceso a la información ante el Ministerio del Interior, a todos los detalles de los gastos de los fondos públicos utilizados por JUPOL y JUCIL, euro por euro, pues los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos.
