La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalmente respondió a la líder de Podemos, y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien hace siete días, el 14 de octubre, declaró que Alberto Rodríguez había sido condenando sin pruebas. Y, por lo tanto, la Sala de lo Penal había prevaricado.
«La Comisión Permanente considera que estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», dice el comunicado del CGPJ.
El órgano de gobierno de los jueces no tomó como referencia la entrevista que le hizo Carlos Alsina en su programa «Más de uno», de Onda Cero, sino los mensajes que Belarra subió a su cuenta de Twitter (@ionebelarra), en la que escribió: “Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.
ABSOLUTO Y ROTUNDO RECHAZO
«La Comisión Permanente considera que estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», afirma la Permanente del CGPJ.
Para más adelante expresar su «profundo malestar» porque dichas declaraciones fueron realizadas por «un miembro del Gobierno de la Nación a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido».
El órgano de gobierno de los jueces recuerda, asimismo que tanto el Tribunal Supremo como el resto de juzgados y tribunales españoles han mostrado su independencia, objetividad e imparcialidad y que los jueces y magistrados cumplen con la Constitución y las leyes.
El comunicado, que no ha sido unánime –votaron a favor 5, (el presidente Carlos Lesmes; y los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya) frente a 3 (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda)–, termina haciendo un llamamiento a los miembros del gobierno para que «no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.
