El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez Saval, ha incoado procedimiento abreviado contra cinco de los investigados en el marco de la pieza E del llamado ‘Caso Taula’, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre 2003 y 2007.
Los investigados contra los que se dirige la causa son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent -autodenominado ‘yonki del dinero’- y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias: Carlos V. G., Carlos T. H., Enrique A. Ch. y Rafael G. B.
Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También se refieren a la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y a la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.
El magistrado expone en la resolución, dictada el 29 de octubre, que los hechos investigados podrían revestir indiciariamente caracteres de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.
Por otra parte, el magistrado ha acordado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra una de las principales investigadas, la que fuera concejal de Cultura de Valencia María José Alcón, al estar fallecida, y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de otros cinco investigados.
Contra esta resolución cabe recurso de reforma, así como de apelación, que se puede formular conjunta y subsidiariamente al de reforma.
El instructor da traslado a la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento valenciano, para que en el plazo de 20 días soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.
Recientemente, la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, Ana María Lillo Sánchez, también ha propuesto juzgar a las 26 personas investigadas en relación a presuntas contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, que constituyen las piezas separadas B y F del caso Taula.
Entre ellos, el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla; los exdiputados provinciales Rafael Rubio (PSPV-PSOE) y Salvador Enguix (PP), dos exalcaldes y un exconcejal.
