La futura Ciudad de la Justicia de Madrid estará operativa entre 2025 y 2026
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17/11/2021 01:18
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Actualizado: 17/11/2021 01:28
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Dicen que a la tercera va la vencida. Y esta es, sin duda, la tercera. El partido judicial de Madrid tendrá su Ciudad de la Justicia operativa entre 2025 y 2026 en el barrio de Valdebebas, al norte de la capital. Muy cerca del Instituto de Medicina Legal, el Hospital Isabel Zendal, el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el IFEMA y la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Hoy, con la información que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid (CAM), Enrique López, ha entregado a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, se ha dado el pistoletazo de salida que pone en marcha toda la maquinaria para ese fin.
La nueva Ciudad de la Justicia de Madrid concentrará en una sola parcela de más de 375.000 metros cuadrados las 28 sedes judiciales que ahora están dispersas por la capital. Son 147.000 metros cuadrados más de espacio -un 64,4 %- que los 228.000 metros cuadrados existentes existentes.
Desde el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, los juzgados de instrucción, de lo penal, de lo civil, de lo social, hasta los juzgados contencioso-administrativo, mercantil e incapacidades.
Son 326 órganos judiciales, en total.
«El partido judical de Madrid es el más grande de España, con más de tres millones de habitantes. Es el doble que el de Barcelona. Y mucho más grande que el de Valencia o Bilbao», explica Enrique López.
En total, la Ciudad de la Justicia de Madrid, levantada a lo largo de 500 metros de longitud, va a tener 18 edificios judiciales. De 3 a 9 plantas de altos en los que habrá itinerarios separados para que agresores, denunciados y víctimas no se puedan ver en los pasillos ni en las zonas de espera.
Se recuperará así una estructura que tuvo la antigua Audiencia Provincial de Madrid cuando ocupaba el Palacio de Justicia que hoy es el Tribunal Supremo.
Además, contará con aparcamientos con capacidad para 4.000 vehículos muchos de ellos en subterráneo. Un intercambiador facilitará su acceso a un población flotante que, cada día, se calcula que alcanzará las 30.000 personas.
Actualmente 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados, letrados de la Administración de Justicia y casi 100 forenses tienen sus destinos en los órganos judiciales del partido judicial de Madrid capital.
El mencionado informe ha sido realizado por la UTE EGUESAN, formada por dos empresas canarias que accedieron a este encargo mediante concurso público, y que ha tenido un costo de 228.000 euros.
Consiste en un proyecto y su estudio de viabilidad económica para la construcción, conservación y explotación de los nuevos edificios judiciales en la modalidad de colaboración público-privada.
Este informe se someterá ahora a exposición pública. Será la base para la elaboración de un proyecto técnico viable, con sus consiguientes pliegos y se abrirá a la licitación.
La adjudicación está previsto que se lleve a cabo a finales de 2022 o principios de 2023.
CÓMO SE FINANCIARÁ
De acuerdo con López, la financiación se llevará a cabo mediante el llamado modelo concesional, de colaboración público-privada. Un modelo en el que fue pionero en los años 70 el alcalde de Bolonia, Italia, Renato Zangheri, entonces miembro del Politburó del Partido Comunista italiano, y que importó el PSOE a Madrid de la mano del entonces alcalde socialista, Enrique Tierno Galván, en coalición con el PCE, cuyo líder en el consistorio era Ramón Tamames.
La UTE EGUESAN valora la inversión en 507 millones de euros, con una concesión de hasta 40 años y un canon anual del entorno de los 50 millones de euros.
El costo anual actual del gasto de la CAM para el mantenimiento de la Administración de Justicia en esta Comunidad es de 72 millones de euros. En esta cifra se incluyen los arrendamientos de los edificios judiciales -son el 60 % del total-, la vigilancia, el suministro eléctrico, el servicio infomático, la limpieza, etcétera.
La CAM, explicó el consejero, no comenzará a pagar nada hasta que no esté terminada y recepcionada la obra.
La adjudicataria obtendrá, además de los 50 millones anuales, la explotación comercial de los bajos y el entorno de los edificios, donde se intalarán restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, guarderías, farmacias, y servicios diversos para las personas que tengan que acudir.
El proyecto supone un ahorro económico evidente para la Comunidad de Madrid.
La inversión prevista, en la situación actual -para los próximos 40 años-, sería de 2.880 millones de euros, en lo que están incluidos todos los servicios de mantenimiento durante esos años.
Por el contrario, el desembolso en ese mismo periodo de tiempo en la nueva Ciudad de la Justicia será de 2.000 millones de euros. Al término de la concesión los edificios revertirán en propiedad a la Comunidad de Madrid.
UNA FÓRMULA CONTEMPLADA EN LA LEY
Esta forma de financiación está prevista en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Es una herramienta habitual para la puesta en marcha de proyectos públicos de gran calado que garantiza la estabilidad financiera de las instituciones.
Este mismo sistema fue utilizado por la Generalitat de Cataluña en la construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. Fue inaugurada en 2009 por el entonces presidente del Govern, José Montilla.
Y se usó también hace un mes en el contrato para una concesión de obras para la explotación hidroeléctrica de la central de Láncara, Lugo, suscrito por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La sentencia del Tribunal Supremo, de marzo de 2020, desestimando el recurso de casación interpuesto por el consorcio de empresas formada por OHL y Acciona contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017, por el que dio la razón al Gobierno regional al no ratificar la adjudicación de las obras que había dejado encarrilada el presidente saliente, Ignacio González, antes de las elecciones de 2015, es lo que ha permitido desbloquear el punto muerto en el que se encontraba este asunto.
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