Del informe realizado por la auditoria internacional Price Waterhouse Cooper se desprende que el BBVA no respetó su propia normativa interna en sus relaciones con CENYT, la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Foto: BBVA.
El BBVA de Francisco González no cumplió con su “Compliance” interno en los contratos con Villarejo, por los que abonó 8.235.735 euros
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07/12/2021 01:00
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Actualizado: 07/12/2021 10:59
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El desaparecido magistrado del Tribunal Supremo –y fiscal general del Estado–, José Manuel Maza, acuñó en su conocida sentencia de 29 de febrero de 2016 un principio que, popularmente, entre los iniciados, se ha dado en llamar “doctrina Maza”. Fue la introducción del cumplimiento normativo, el “Compliance”, en nuestro ordenamiento jurídico.
La “doctrina Maza” viene a decir que si una empresa ha hecho todo lo que estaba en sus manos para evitar que se cometieran delitos en su seno, habiendo aplicado un programa de cumplimiento normativo, queda exonerada de responsabilidad penal.
En síntesis, lo que hizo Maza fue configurar los moldes sustanciales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Del último informe elaborado por la auditora Price Waterhouse Cooper (PwC) por encargo del actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, y a instancias del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que investiga los “trabajos” encargados por el banco al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, se desprende que la entidad financiera tenía un sistema de “Compliance” pero que se lo saltaron a la torera.
No cumplieron con la “doctrina Maza”, cuyo incumplimiento, un mes más tarde, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, describió como delito corporativo, en su sentencia de 16 de marzo de 2016.
Tras analizar los siete contratos suscritos entre 2004 y 2017 por el BBVA con el Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, S.L. (CENYT), la empresa de la que era administrador único Villarejo, PwC es contundente: “los contratos CENYT no cumplieron con los procedimientos internos recogidos en la Normativas de Compras de BBVA”.
En total la empresa de Villarejo facturó y cobró por sus servicios al BBVA un total de 8.235.735,05 euros durante esos trece años.
En este tercer informe de PwC, de 102 páginas de longitud, solicitado por el bufete Garrigues, que representa al BBVA, se especifica que, en ese periodo, el “banco contaba con un código de conducta que recogía los valores éticos y normas que regían la actuación de todos los empleados siendo de obligado cumplimiento para todos los directivos y empleados de BBVA”.
Era la “norma de mayor rango dentro de la Entidad”.
Además, el BBVA disponía de una normativa interna de contratación, facturación y pago de proveedores, que debía ser documentada a través de la plataforma ACOGE (hasta 2013) y después por la plataforma GPS. Las dos se las saltaron.
Esta investigación, que dirige el magistrado Manuel García-Castellón, pertenece a la pieza separada número 9 de la causa Tándem, en la que están siendo investigadas veinte personas, entre ellas el propio Villarejo, su amigo y colega, el excomisario de la Policía Nacional y exjefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, el expresidente del BBVA, Francisco González, y otros directivos.
También el BBVA como persona jurídica.
Las actividades de Villarejo y de su empresa CENYT supuestamente comprendieron espionajes ilegales a periodistas, empresarios y políticos.
CONTRATO NÚMERO 1
Fue suscrito el 2 de diciembre de 2004 por Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del BBVA y por Rafael Redondo, socio de Villarejo, en nombre de CENYT.
La empresa de Villarejo emitió un total de 4 facturas, entre el 23 de diciembre de 2004 y el 1 de marzo de 2005, por 510.404,84 euros (sin IVA) como honorarios por los servicios prestados de “Trabajos de asesoramiento, análisis e inteligencia con tareas de información e investigación”.
CONTRATO NÚMERO 2
Tiene fecha de 3 de enero de 2005. “No cumplió con la normativa de compras de BBVA”, dice PwC.
Como el anterior, fue Corrochano el que lo suscribió por el BBVA. “No hemos tenido acceso a información que acredite la intervención de los Servicios Jurídicos de BBVA en la elaboración del contrato suscrito entre las partes”, escribe la auditora.
Fueron 12 facturas emitidas entre el 1 de marzo de 2005 y el 1 de febrero de 2006 por valor de 360.101,21 euros (sin IVA).
CONTRATOS NÚMERO 3 Y 4
Se repiten los mismos firmantes. De Corrochano, la auditora dice que “si bien disponía de una habilitación legal de contratar toda clase de servicios, obras y suministros en nombre de BBVA (…) ello no le eximía de cumplir con los procedimientos internos de BBVA, de tal forma que podemos afirmar que no contaba con las competencias internas para contratar directamente estos servicios”.
Pero lo hizo.
En este caso se emitieron cinco facturas entre 5 de febrero de 2015 y 17 de febrero de 2015 por valor de 4.540.229 euros (sin IVA).
Dos de ellas tienen el concepto de “Trabajos de asesoramiento, análisis e inteligencia con tareas de información e investigación, según contrato de 5/02/2010”.
Y otras dos de “Prima de éxito de conformidad al anexo de 14/13/2011 del contrato de fecha 5/02/2010 (Localización e identificación de bienes)” por 1.200.000 euros la primera y 2.130.299 euros, la segunda.
Lleva la leyenda de “No cumplió con la normativa de compras de BBVA”.
CONTRATO 5
Lo mismo que este quinto contrato. Tampoco cumplió con la normativa interna obligatoria.
Suscrito el 1 de febrero de 2012, otra vez por Corrochano, por BBVA, y Redondo por CENYT, comprende 4 facturas emitidas de 1 de febrero a 17 de julio de 2012 por valor de 1.775.000,38 euros (sin IVA).
La primera lleva como concepto “Servicios profesionales de localización de bienes y estructuras patrimoniales paralelas al proyecto denominado KING. Provisión de fondos” y la cantidad de 625.000 euros (sin IVA).
Las otras tres facturas, por 702.464,28 euros, 418.837,10 euros y 28.699 euros son “primas de éxito”. Todas sin IVA.
CONTRATO 6
A diferencia de los cinco anteriores, este fue firmado por Ignacio Pérez Caballero, director del Área de Riesgos en España, quien no tenía facultades para llevar a cabo contratos, dice PwC.
Sin embargo, la auditora identifica a su inmediato superior, Manuel Castro Aladro. Además, ratifica que, en este caso, los servicios Jurídicos del BBVA estuvieron informados.
El contrato tiene fecha de 2 de diciembre de 2014. Rafael Redondo firma por CENYT.
Son, en total, tres facturas, con fechas que van del 19 de diciembre de 2014 a 4 de diciembre de 2015, por 100.000 euros (sin IVA).
El concepto reflejado es por “Honorarios de asesoramiento continuado en el análisis de información, localización de patrimonios y servicios de inteligencia comercial y corporativa, según contrato de 2014”.
El contrato, otra vez, “no cumplió con la normativa de compras de BBVA”.
CONTRATO 7
Tiene fecha de 1 de junio de 2016. Otra vez son Corrochano y Redondo. Son 19 facturas emitidas desde el 1 de julio de 2016 a 12 de diciembre de 2017 por 950.000 euros (sin IVA), por “Honorarios por servicios profesionales correspondientes al mes de diciembre de conformidad con contrato número (…) de prestación de servicios de fecha 1 de junio de 2016”.
Tampoco cumplió con la normativa de compras.
El exjefe de Seguridad de BBVA Corrochano presentó un escrito, el pasado mes de octubre, ante el magistrado García-Castellón confesando que «la decisión de contratar a esta empresa», propiedad de su colega de la Policía Villarejo, «fue del presidente» del BBVA, Francisco González, investigado desde 2019 en este caso de corrupción polcial y empresarial.
Corrochano también desvió la responsabilidad a su entonces superior, Ángel Cano, responsable de Recursos Humanos del BBVA, que después fue nombrado consejero delegado. El expolicía reveló que hasta siete departamentos del banco participaron en esta contratación.
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