El tribunal que juzga las piezas Iron, Land y Pintor del ‘caso Tándem‘, en las que el principal acusado es el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha reafirmado su competencia para juzgar estos hechos y ha descartado la mayoría de las testificales solicitadas en las cuestiones previas por las defensas, entre ellas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, al considerar que no guardan relación alguna con la causa.
En un auto, dictado ayer, los magistrados Ángela María Murillo Bordallo (presidenta), Carmen Paloma González Pastor y Fermín Javier Echarri Casi se han pronunciado sobre las cuestiones previas planteadas por las partes al inicio de la vista oral, en las que se piden numerosas testificales y se alega entre otras cuestiones vulneración de derechos fundamentales, nulidad de actuaciones, petición de expulsión de Podemos y prescripción del delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como el enjuiciamiento conjunto con la pieza principal.
El tribunal avanza que algunas de las cuestiones planteadas relacionadas con vulneración de derechos fundamentales o nulidad de actuaciones se resolverán en la sentencia.
En relación con la falta de competencia de la Audiencia Nacional alegada por las defensas, los magistrados recuerdan que las tres instancias judiciales que se han pronunciado sobre esta cuestión han mantenido la competencia de este tribunal, al tratarse de acciones cometidas por españoles en el extranjero.
El tribunal explica que las tres piezas del presente juicio tienen vinculación con la causa principal de la que proceden y ello sin perjuicio de reconocer que los hechos objeto de acusación en las tres piezas de enjuiciamiento, por sí solos considerados no sería suficiente para mantener la competencia de este órgano jurisdiccional.
En el auto, de 66 páginas, rechaza también la petición de acumular las tres piezas a la causa principal para su enjuiciamiento conjunto por ser procesalmente inviable al no haber finalizado la instrucción de la causa principal. No obstante, el tribunal señala que en las primeras sesiones de juicio se ha percatado de la necesidad de unir a las tres piezas parte de la documental de la principal, “en concreto, el núcleo de la investigación judicial llevada a cabo en aquella en relación, en concreto, con las diligencias de entrada y registro practicadas, con objeto de que conozca la forma en que se produjo su aprehensión y la legalidad de la actividad desplegada, tema éste que también ha sido cuestionado”.
En relación con la nulidad de las entradas y registros realizados que planteaban las defensas, explica que será objeto de análisis en la sentencia que dicte, pues exige los principios de contradicción e inmediación, «no sólo cómo se llevó a cabo y si los agentes encargados de su práctica observaron las directrices judiciales y de los respectivos letrados de la administración de justicia, sino si en el momento de llevarse a cabo, los datos de cargo contra cualquiera de los entonces investigados eran racionalmente bastantes para acordar su práctica».
El tribunal hace suyo el pronunciamiento de la Sección Tercera cuando al resolver los recursos de apelación mantuvo la personación de Podemos, reconociendo un cierto interés legítimo y porque habían prestado una importante fianza.
El auto también resuelve sobre la pertinencia o no de la práctica de las pruebas propuestas al inicio del juicio oral por las acusaciones y las defensas, tanto testificales como documentales y periciales.
La defensa de José Manuel Villarejo había pedido que testificaran Sánchez, Grande-Marlaska y Delgado por las «manifestaciones incriminatorias» vertidas en su contra a fin de que pudieran explicar en base a qué «pruebas» le han calificado de «corrupto».
También había reclamado que fueran interrogados como testigos los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González, así como los exministros María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y José Luis Corcuera, los ex secretarios de Estado Francisco Martínez y Rafael Vera, los fiscales Eduardo Torres Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix, y los jueces Fernando Andreu, Diego de Egea y Alejandro Abascal.
Respecto a la prueba solicitada por Villarejo, los magistrados rechazan los testimonios que no guarden relación ni directa ni indirectamente con los acontecimientos específicos de las tres piezas que se van a enjuiciar. Así, descartan las testificales de magistrados o fiscales, miembros actuales o anteriores del Gobierno «por carecer todos ellos de cualquier relación con los hechos que enjuiciamos». Igualmente sucede con los profesionales de los medios de comunicación, periodistas, secretario de Estado de Estado y exsecretario de Estado de Interior.
Tampoco se admiten las testificales solicitadas por Villarejo de personas que se encuentran investigadas en otras piezas del denominado “caso Tándem” y cuya investigación continúa en el Juzgado Central de Instrucción 6.
El tribunal sí ha admitido los testimonios solicitados por Villarejo de una decena de agentes y mandos de Policía, Guardia Civil y CNI, entre ellos los que fueran directores generales Operativos (DAO) de la Policía Agustín Linares, Pedro Díaz-Pindado y Florentino Villabona, el director del Centro contra el Terrorismo y Crimen Organizado José Luis Olivera o el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Javier Migueláñez.
Estas son las primeras piezas que juzgadas de la treintena que conforman el caso Tándem. Por ellas, la Fiscalía pide más de 109 años de cárcel para Villarejo.
En la pieza ‘Iron’, la número dos, se ha investigado al excomisario Villarejo y a su socio Rafael Redondo a raíz de haber sido contratados por el despacho de abogados Herrero y Asociados para supuestamente investigar a antiguos socios y empleados que constituyeron un nuevo bufete. El magistrado instructor, Manuel García-Castellón, envío al banquillo a Villarejo y a otras 13 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad documento mercantil, así como a la mercantil Herrero y Asociados como persona jurídica.
Por esta pieza, Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para Villarejo por el supuesto encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.
En ‘Land’, la pieza número 3, se ha investigado el supuesto encargo al comisario jubilado de labores de espionaje en el marco de la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo La Finca. El Ministerio Público reclama 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros.
La pieza ‘Pintor’, la número seis de Tándem, versa sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado los empresarios Juan y Fernando Muñoz -el primero es el marido de la periodista Ana Rosa Quintana- para extorsionar a un exsocio y al letrado de este último, el exjuez Francisco Javier de Urquía, para supuestamente conseguir información del exsocio y de su entonces abogado con el fin de reclamar una deuda pendiente en Hacienda.
El instructor acordó abrir juicio oral contra Villarejo, su hijo José Manuel Villarejo Gil, su socio Rafel Redondo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz, y otras diez personas por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración. En esta pieza, la Fiscalía pide 14 años de prisión para Villarejo.
