Esta reforma es una de las 102 que vienen contempladas en el Plan de Recuperación y Resiliencia que España presentó a la Unión Europea para poder acceder los Fondos Europeos Next Generation.
Las sanciones de la Inspección de Trabajo, ahora individualizadas, obligan a las empresas a ser escrupulosas en el cumplimiento de la reforma laboral
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29/12/2021 06:48
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Actualizado: 07/7/2022 14:59
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto Ley que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado laboral.
En este contexto, una de las medidas clave supone la reforma del artículo 7.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), con lo que las infracciones que señalen los inspectores de trabajo serán individuales y no colectivas, como hasta ahora.
Lo que incrementará su cuantía de forma notable.
Unas cuantías que ya se incrementaron el pasado 1 de octubre, pese a las críticas vertidas por distintos expertos en derecho del trabajo.
Esta reforma laboral llega cuando la gran mayoría de las organizaciones que representan a inspectores y subinspectores de trabajo y Seguridad Social han reclamado más medios en una situación de precariedad laboral importante de este colectivo.
“Nos jugamos mucho en la tramitación parlamentaria”, es el comentario de varios expertos en derecho laboral sobre la próxima convalidación del citado Real Decreto-ley aprobado este martes, del que algunas formaciones como ERC, PNV o Bildu reclaman cambios.
Hay que recordar que esta reforma es una de las 102 que vienen contempladas en el Plan de Recuperación y Resiliencia que España presentó a la Unión Europea para poder acceder los Fondos Europeos Next Generation en seis años. Es el programa de reformas más ambiciosos que se ha planteado.
El desafío es importante en un parlamento tan fragmentado como el español.
A diferencia de Italia, este Plan no ha sido debatido ni votado como fue en este país vecino donde tuvo el 85 % del apoyo del Parlamento. Habrá que estar pendiente de su desenlace el próximo mes de enero.
Las empresas deben cambiar su concepto de temporalidad
Martín Godino Reyes, socio director de Sagardoy Abogados, cree que “es una reforma prudente y no genera disrupción con las empresas. En materia de contratación los términos que se incorporan son gradualistas. No va producir una reducción de la temporalidad de forma inmediata. Necesitaremos al menos un año para ver los cambios”.
A su juicio, “hay que darse cuenta la normativa laboral debe actualizarse de forma continuada. Lo anormal ha sido estar ocho años con la reforma del 2012, sin apenas cambios. De todas formas, en el caso de que hubiera un cambio de Gobierno no creo que se modificase sustancialmente lo que acaba de pactarse”.
Godino adelanta que el Real Decreto-ley prevé una evaluación continua de su desarrollo. “Se trata de ver los efectos de la norma. En dicha comisión estarán representadas las tras partes, gobierno, patronal y sindicatos que echará a andar en cuanto la norma este aprobada”.
La gran apuesta «es el contrato fijo discontinuo que sustituye al de obra y servicio que ahora se suprime. Lo configura de una forma flexible. Abandona la llamada estacionalidad y se habla de periodos intermitentes. Acoge muchos supuestos y expresamente las contratas. El trabajador es fijo se va al paro y va a otra obra porque es fijo discontinuo”, afirma.
Respecto al resto de reformas, señala que “quitando la supresión de la ultraactividad de los convenios, que si es importante pero que tampoco se había usado mucho, en el resto de las cuestiones es prudente. Permite el convenio sectorial en lugar del empresarial en materia salaria».
Y en las contratas y subcontratas, señala, el convenio aplicable es el del sector de la actividad.
Desde su punto de vista, “la reforma supone un cambio de mentalidad por parte de las empresas para utilizar la temporalidad, cuando concurre causa de temporalidad. Ahora las empresas tendrán que tener cuidado porque las sanciones de la inspección son individualizadas y serán más elevadas”.
Sobre el tramite parlamentario recuerda que “nos preocupa que haya cambios. Los acuerdos son frutos de equilibrios que se hacen, no se puede romper tocando una pieza. Ninguna de las partes lo va a aceptar. LA CEOE no podría admitir que se modificase en cualquier punto sustancial. Todos han sido frutos del equilibrio. No será fácil dicha tramitación parlamentaria”.
Quedan retos al margen sin abordar
Juan Pablo Riesgo, socio de People Advisory Services de EY (secretario de Estado de Empleo entre junio de 2015 y junio de 2018), es consciente que a falta de conocer el texto final “se renuncia a solventar importantes retos de nuestro mercado laboral, como es reducir la dualidad de la contratación por la vía acercar condiciones de temporales e indefinidos, pese a que hay algunas medidas sancionadoras que se establecen”.
Al mismo tiempo destaca que “no se aborda el reto demográfico, como aumentar la tasa de actividad de los trabajadores. Y hay margen con mecanismos de jubilación activa, reforzar la compatibilidad de salario y pensión y aumentar la presencia de los seniors en el mercado de trabajo que ayudaría a la sostenibilidad de las pensiones”.
También Riesgo destaca que “se podría haber avanzado en la reducción del desempleo juvenil para mejorar las condiciones de uso de contratos de formación y aprendizaje y otras vías de acceso al primer empleo de los trabajadores jóvenes”.
Además, con cada acta de infracción será individual.
“Se modifica el artículo 7.2 de la LISOS. Es un cambio importante y generará un gran impacto. Ese mecanismo es útil habrá que ver si en un contexto de subida de cotizaciones, impuestos, restricciones a las materias primas y subida de costes energéticos es el mejor momento».
Lo mejor hubiera sido –opina– “atacar la temporalidad y reducir las condiciones de extinción que tienen los trabajadores temporales e indefinidos. Un mecanismo sería la mochila austriaca, los contratos indefinidos tendrían una parte de indemnización se sufragase por esa vía. Al final, la empresa no discriminaría entre unos y otros porque el coste sería el mismo”.
Sobre la tramitación en el Congreso, Riesgo cree que habrá un debate intenso en su tramitación parlamentaria “el desafío es importante. El Plan de Recuperación que presentó España se sustenta en 60 leyes de las que 50 están sin aprobar y necesitan convalidarse en el Parlamento. Habrá que seguir su tramitación como otras normas. La norma llegará en el Congreso cuando ya esté en vigor. Puede pasar cualquier cosa”.
El contrato de obra y servicio y la polémica en la CEOE
En opinión de Fernando Vizcaíno de Sas, socio de ECIJA, “salvo la supresión del contrato por obra y servicio que ha generado discusiones en el seno de la CEOE, tras suprimir el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, pocos cambios hay respecto a la reforma del 2012. Era una herramienta muy útil para las empresas. Es posible que se reduzcan las contrataciones hasta que vean cómo funciona el nuevo contrato fijo discontinuo”.
Este experto subraya que las medidas de flexibilidad de la reforma del 2012 no se han tocado “porque realmente están funcionando bien en este periodo de crisis económica que vivimos. El problema está en que puede judicializarse mucho de estos cambios. Habrá que ver como interpretan los jueces el nuevo contrato formativo o el mecanismo Red para ERTE, ahora novedoso”.
El acceso a la formación «ya se ha intentado y no ha funcionado. Nosotros los abogados cogemos estudiantes que hacen el master de acceso a la abogacía, durante seis meses y luego salvo excepciones dejan el despacho. A nivel de profesión no ha servido para mucho”, apunta.
«Lo importante», afirma este abogado, «de cara a Bruselas es que el acuerdo va firmado por sindicatos, patronal y Gobierno por encima de su contenido. La revolución que planteaba la ministra Díaz no ha sido tal, como podemos ver. El peso de sindicatos y patronal ha sido clave para evitar cambios tan drásticos”.
Vizcaíno de Sas cree que es una bomba de relojería “que ahora las sanciones de la inspección de trabajo sean individuales. Puede generar notables perjuicios económicos para las empresas”.
En cuanto a la tramitación parlamentaria, este veterano jurista tiene sus dudas sobre “si realmente incluirán enmiendas para endurecer el texto. Podría demorar la aprobación de la reforma laboral de hecho y no parece que Bruselas tenga ganas de esperar más tiempo”.
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