La profesora Chantal Moll, en el centro, flanqueada por Javier Berzosa, a la izquierda, y Antonio Pavón, a la derecha, quienes le han apoyado durante la lectura del texto, que se hizo a la puerta del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
1857 abogados le recuerdan al «Govern» catalán que en España las sentencias se deben cumplir
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30/12/2021 14:41
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Actualizado: 30/12/2021 21:41
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1857 abogados han firmado la petición, articulada a través de change.org, en apoyo del comunicado que la Sección de Derecho Constitucional del ICAB y del Estado de Derecho del Colegio de la Abogacía de Barcelona, hizo público el 20 de diciembre pasado criticando con dureza al «Govern» catalán, por negarse a cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir el 25 % de las clases en castellano.
Un comunicado que fue duramente criticado y calificado de «ultra» por el diputado de Junts en el Congreso y abogado del fugado Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y que desembocó en un manifiesto a favor de la inmersión lingüística completa en catalán.
Manifiesto que suscribieron, entre otros, Gonzalo Boye, también abogado de Puigdemont, Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras en el juicio del procés –condenado a 13 años por sedición y malversación y después indultado–, y Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez –igualmente condenado a 9 años por sedición e indultado–.
El manifiesto califica el escrito de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB como «estrictamente político alineado con las tesis ultranacionalistas españolas».
«Las sentencias en España se cumplen», ha recordado hoy la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Chantal Moll, portavoz de la plataforma que ha impulsado la petición a través de change.org, durante la lectura de la declaración de apoyo, leída ante la puerta del Colegio de Abogados y que ha concentrado solo a 50 compañeros –por las restricciones del COVID– entre los que se encontraron nombres tan relevantes como Antonio Pavón, Javier Berzosa, José Manuel Moya, Miguel Capuz, José María Fuster-Fabra, Fernando Martínez, Luis José Gómez, Ricardo Morante, Miguel Durán, Roser Navarro, Vanessa González y Ana Isabel Fuster-Fabra.
LA GENERALITAT ESTÁ OBLIGADA
«Nuestro apoyo al Comunicado de la Sección de Derecho Constitucional emitido el 20 de diciembre de 2021 en el que manifiesta su preocupación por las declaraciones de autoridades de la Generalitat de Cataluña en las que se anuncia que no se cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia de educación y en el que se recuerda la exigencia legal de proteger a los menores», ha comenzado la profesora Moll.
«La sentencia objeto de análisis en el Comunicado es una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, concretamente la sentencia 5201/2020 de la Sala Contencioso-Administrativa, Sección Quinta, el 16 de diciembre de 2020 que ha devenido firme hace pocos días al haberse inadmitido el recurso interpuesto por la Generalitat ante el Tribunal Supremo», ha añadido.
La Generalitat está obligada a cumplirla y a garantizar la enseñanza en el sistema educativo de Cataluña, para que «todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25 % en uno y otro caso».
Por eso, estos abogados que apoyan a la Sección de Derecho Constitucional del ICAB exigen al gobierno autonómico catalán que cumpla «con su función como Administración y facilite el ajuste del sistema educativo a la legalidad y no obligue a judicializar este tema».
Terminan advirtiendo al Ejecutivo que preside Pere Aragonés de que «En el caso que la Administración no cumpla su función, los abogados seremos los que tendremos que solicitar la ejecución de la sentencia en nombre de las familias y asociaciones afectadas».
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