La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que preside Cani Fernández Vicién, ha abierto un expediente sancionador contra cuatro empresas del sector de la Defensa por posibles prácticas restrictivas de la competencia, consistentes en acuerdos para la manipulación y reparto de licitaciones convocadas en España para el suministro, mantenimiento y la modernización del material militar.
Es decir, por supuestamente conformar un cártel.
«La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias para los consumidores y para el correcto funcionamiento de los mercados. Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras«, afirma la CNMC.
Las empresas investigadas son Comercial Hernando Moreno, S.L.U. (COHEMO), cuya actividad es la de modernización, reparación, fabricación y distribución de piezas de repuestos para todo tip de vehículos militares, de la que es administrador único Sergio Hernando Moreno –y por responsabilidad solidaria, contra su matriz Inversiones Certin 5, S.L. (IC5)–;
También Casli, S.A. (CASLI), distribuidora para España de diversas firmas como MTU, Allison Transmission, Detroit Diesel, Karcher Futuretech o Losberger De Boer, desarrollaprogramas y operaciones de suministro y mantenimiento integral de equipos y sistemas de defensa, cuyo presidente es Carlos Ortega Revuelta.
Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, S.A. (JPG), que opera en el mismo sector de mantenimiento y repuestos de vehículos de defensa. Su administrador único es Juan Pedro Gallástegui Ortuoste.
Y, por último, Star Defense Logistics & Engineering, S.L. (SDLE), especializada en la reparación, mantenimiento y modernización de vehículos blindados. Su administrador único es Aurelio Jesús Estrella Río.
De acuerdo con la CNMC, los pasados 9 y 10 de junio inspeccionaron las sedes, primero, de Comercial Hernando Moreno, S.L.U. y de Star Defence Logistics & Engineering, S.L.
Cuatro meses más tarde, entre el 3 y el 4 de noviembre, visitaron Casli, S.A. y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, S.A.
Los datos hallados en los registros de las cuatro mercantiles son la base del expediente sancionador abierto.
«A partir de la información recabada, la Dirección de Competencia ha incoado un expediente sancionador. Se abre un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y para su resolución, sin que la incoación de éste prejuzgue el resultado final de la investigación», aclara Competencia.
Añadiendo: «la Comisión cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección. Además, a estas empresas no les sería de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, como se establece en el artículo 72.5 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, si resultaran finalmente sancionadas».
