Pilar Llop es la titular del Ministerio de Justicia. En la foto, durante la clausura de los IV Premios Confilegal, a los que asistió. Foto: Letspicyou.
El Ministerio de Justicia hace balance de lo hecho y de lo que queda por hacer en 2022
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31/12/2021 06:48
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Actualizado: 03/1/2022 13:35
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La clave, en este esfuerzo modernizador y transformador de la Administración de Justicia, según el Ministerio son tres leyes en marcha: la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, orientadas a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización.
Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros y, la tercera, ha sido aprobada en primera vuelta hace poco más de dos meses.
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia contempla la creación de tres figuras fundamentales para poner al día el ámbito de actuación de la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio. Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, en línea con los objetivos marcados por el propio Gobierno.
La Oficina de Justicia en el municipio acercará a la ciudanía los servicios públicos, independientemente del lugar en el que habiten, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes. Asimismo, los Tribunales de Instancia darán más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y para mejorarla en términos de especialización.
En cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, contempla medidas para potenciar los medios adecuados de solución de controversias y, de esta forma, reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales con medios que resulten satisfactorios para todas las partes implicadas, ahondando en la cohesión social.
«El Ministerio de Justicia ha avanzado de manera significativa en este año en los compromisos adquiridos por el Gobierno en su área de trabajo, centrados en transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible, y con las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho», apuntan fuentes del Ministerio.
DIGITALIZACIÓN
La ley de eficiencia digital, promueve la digitalización, regulando los servicios tecnológicos accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de justicia.
La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia y que después se han consolidado.
En total son más de 700.000 los juicios telemáticos celebrados durante la pandemia, que han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 14 millones de euros y han evitado la emisión de más de 6.825 toneladas de CO2.
Con este Anteproyecto, la Administración de Justicia española se sitúa entre los países pioneros en el empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea, poniendo el foco en la ciudadanía y estableciendo la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio de la nación.
El texto está, además, en línea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia.
LAS OTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS
El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) es la gran asignatura pendiente. Un texto que, cuando se apruebe vendrá a sustituir al actual, aprobado seis años antes de que se inventara el cine, en el siglo XIX.
Para ello, el Ministerio creó un grupo interinstitucional que trabaja ya en las aportaciones al texto del anteproyecto, que se estima estarán listas a lo largo del primer trimestre de 2022.
El citado grupo está integrado por representantes del Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, representantes de la Audiencia Nacional o de la Audiencia Provincial de Madrid, también a la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España.
SIN NOTICIAS DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE ALERTADORES DE CORRUPCIÓN
El Ministerio de Justicia, en esta valoración, sin embargo, se «olvida» de una transposición vital para nuestro país: la de la Directiva Europea de protección a alertadores de denunciantes de corrupción, conocida como Directiva «Whistleblower», que tenía que haber sido adaptada a nuestra legislación penal el pasado 17 de diciembre, después de haberse cumplido los dos años.
La Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, fue publicada el 26 de noviembre de 2019 en el diario oficial de la Unión Europea.
El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, organizó un grupo de trabajo interno para tal fin el junio de 2020, pero el texto no parece estar listo para ver la luz. La ausencia de dicha transposición, después de un año y medio de trabajo –se supone–, es un punto negro en el historial de este Ministerio.
Su implantación supondrá, sin duda alguna, un antes y un después en la lucha contra la corrupción en España.
APROBADA LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL
El Ministerio recuerda que, a propuesta suya y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el pasado 21 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo.
Un proyecto que tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, y que introduce otras reformas en el ámbito concursalpara disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia, faciliten el mantenimiento de empresas viables y refuercen el tejido productivo.
Esta reforma es una de las más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer e impulsar el crecimiento económico.
También en materia de trasposición de Directivas, Justicia está impulsando el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital y el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Además, con vistas a cumplir con el objetivo de mejorar las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva, se está trabajando en el marco del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, cuya pretensión es aunar en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental, incorporando las novedades oportunas a la luz de la jurisprudencia y del ejercicio diario de la abogacía.
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA
El Departamento que dirige la ministra Pilar Llop mantiene también líneas de trabajo prioritarias y transversales, centradas en la igualdad y en colocar al ciudadano en el centro de todas las actuaciones, con especial sensibilidad hacia las personas más vulnerables.
Con ese fin trabaja, en colaboración con otros ministerios, para la aprobación de importantes normativas, como es el caso de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y que fue aprobada el pasado mes de mayo.
Su participación también es relevante en la tramitación del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada por el Ministerio de Igualdad.
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha impulsado la reforma de las normas civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un texto aprobado en junio y que amplía derechos y da un gran salto hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Con el propósito de una justicia más igualitaria, además, la cartera dirigida por Pilar Llop está trabajando en la creación de un sistema de becas dirigidas a acabar con las barreras de acceso para quienes realicen oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. A este fin se destinan 1,62 millones de euros en Presupuestos Generales de 2022.
IGUALDAD DE GÉNERO
En relación a la igualdad de género, un objetivo prioritario del actual equipo de Justicia, el Ministerio, junto con el CGPJ, ha reforzado la especialización de la planta judicial, creando más Juzgados de Violencia sobre la Mujer y extendiendo su jurisdicción a dos o más partidos judiciales, procurando guardar un equilibrio entre la proximidad razonable del juzgado respecto de la víctima y la Justicia especializada que se requiere en este tipo de procedimientos.
En la misma línea, se ha puesto especial atención en la coordinación entre el Sistema VioGen, las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las Fiscalías y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, y se ha llevado a cabo el Nuevo Protocolo de Valoración Forense Urgente del Riesgo de Violencia de Género, aprobado por el Consejo Médico Forense en octubre del pasado año, entre otras medidas.
El Ministerio, a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), acaba de suscribir con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en representación del Ministerio de Igualdad, un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones en materia de prevención y sensibilización en violencia contra las mujeres a través de la formación de operadores jurídicos, entre otras medidas que ya se están implantando.
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