El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un plazo de diez días al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba Mesa para que se presente de manera voluntaria en prisión y empiece a cumplir su condena de seis años y medio de cárcel por un delito de prevaricación judicial, en concurso medial con un delito de cohecho y un delito de falsedad en documento público.
Sin embargo, esta decisión no es final ya que Alba ha interpuesto un recurso de nulidad ante la Sala de lo Penal del Supremo que, con arreglo al artículo 241.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), suspende la eficacia de la sentencia mientras se resuelve.
En dicho recurso de nulidad ha anunciado la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, con arreglo al artículo 56 de la Ley Orgánica de dicho tribunal de garantías, suspendería la ejecución de la totalidad de la condena.
La pena supone la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
Esta condena fue dictada el 10 de septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y confirmada el pasado 25 de noviembre por el Tribunal Supremo, que el 30 de diciembre remitió copia testimoniada de su resolución al Consejo.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha acordado hoy el inicio de expediente de pérdida de la condición de magistrado de Alba.
El artículo 379.1 de la LOPJ establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, «por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso».
Al respecto, la Comisión Permanente ha considerado procedente iniciar expediente de pérdida de la condición de magistrado de Alba, quien desde el 19 de julio de 2018 se encuentra en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones por acuerdo de la misma Comisión, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado contra él.
El CGPJ ha dado traslado del acuerdo a la Fiscalía y a la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias a fin de que emitan informe, y al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga.
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