Salvador Alba: “El juicio en el que se me condenó fue, como poco, irregular”
El magistrado Salvador Alba espera que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo valore las irregularidades que se produjeron en su juicio, en el TSJC, y anule la condena. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Salvador Alba: “El juicio en el que se me condenó fue, como poco, irregular”

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03/11/2019 06:50
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Actualizado: 30/7/2020 10:00
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Tiene 48 años. De ese tiempo, lleva 21 como juez y, después, como magistrado. Hasta el pasado mes de septiembre estaba destinado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, destino en el que se encuentra suspendido hasta que el Tribunal Supremo vea su recurso de casación.

Ese mes de septiembre, Salvador Alba Mesa fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión y a 18 años de inhabilitación por un delito de prevaricación  en concurso medial con uno de cohecho, y otro de falsedad en documento público.

El tribunal, formado por los magistrados José Félix Moto Bello, Jaime Requena Juliani y Julio Luis Wood Rodríguez, considera que cometió esos delitos por manipular una instrucción penal para perjudicar a la magistrada en servicios especiales y candidata de Unidas Podemos por Gran Canaria, Victoria Rosell.

Cosa que Alba niega. El magistrado afirma, sin matices: “El juicio en el que se me condenó fue, como poco, irregular. Y sobre juicios, dada mi experiencia profesional, sé que puedo opinar».

A estas alturas se ha armado de paciencia, a la espera de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo deshaga el entuerto.

Es optimista.

En esta larga entrevista, sin precondiciones de ningún tipo, explica lo ocurrido, desde su punto de vista.

¿Se esperaba una sentencia como esta?

En absoluto. Para nada. No te puedes esperar una sentencia así cuando el procedimiento ha caminado sobre los raíles de una prueba ilícita y no fiable. Por no reunir los requisitos de autenticidad e integridad, que establecen tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Supremo y que ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se han aportado en el plenario pruebas que deberían haber dado lugar, como dice el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a una sumaria instrucción, porque se abordaron hechos nuevos que se han desconocido durante toda la instrucción.

Quién, cómo y dónde se manipuló esa grabación.

Se aportaron pruebas documentales que demostraban estos extremos. Se aportó una prueba testifical, que aportaba estos extremos, y se solicitó, de hecho, al tribunal, que, en fase de cuestiones previas fuera examinado ese testigo precisamente para practicar una sumaria instrucción que debería haber dado lugar al archivo del procedimiento.

Ante esto que, desde mi punto de visita, son argumentos impecables, no te puedes esperar una sentencia así.

Y menos aún cuando en la sentencia no se hace referencia a esos mismos argumentos.

¿Se está usted refiriendo a la aparición, como testigo sorpresa –a su favor– (esto parece una novela de John Grisham), de Héctor de Armas, el que fuera mano derecha del empresario Miguel Ángel Ramírez durante 11 años?

Así es.

¿Por qué De Armas contactó con ustedes?

Este señor me escuchaba a mí en la radio. A lo largo de estos últimos meses he intervenido con bastante frecuencia. Este señor, que dijo conocer la verdad de cómo se fraguó la grabación, como se presentó, manipulada, ante la justicia, junto con la transcripción.

En fin, toda la manipulación de pruebas en la que, según De Armas –y nadie lo ha desmentido–, participó la acusación particular y una de las acusaciones populares, la de Carlos Sosa.

Este señor se puso en contacto con el locutor de radio que a mí me entrevistaba en esa emisora. Se ofreció ser testigo en el procedimiento y aportar este conocimiento de los hechos por haberlos vivido, en primera persona.

Si me lo permite, vamos a poner en perspectiva cronológica los hechos. Usted entra, en octubre de 2015, a ejercer como magistrado del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que había sido dejado vacante por Victoria Rosell, porque Podemos le había ofrecido ir de número 1 por aquella provincia. ¿Correcto?

Correcto.

En ese Juzgado se estaba llevando a cabo, desde hacía dos años, la instrucción del caso contra el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, dueño del equipo de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas y de importantes empresas, como Seguridad Integral Canaria, una de cuyas contratas era la seguridad de la ciudad de la Justicia de Las Palmas. 

Así es.

Los trabajadores de la Unión Sindical Obrera le habían puesto una querella por un delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. ¿Vamos bien?

Sí.

Y usted, cuando se convierte en el titular de ese Juzgado, en sustitución de Rosell, una de las primeras medidas fue imponerse una fianza a Ramírez. ¿De cuánto?

35 millones de euros. Pero no es lo primero que hice. Primero hablé con la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos, que es la persona que conoce el procedimiento desde su inicio. Me informa que existía una petición de ampliación de la imputación a otros años fiscales. Que afectaban, precisamente, a Héctor de Armas.

Yo lo que hago, entonces, es citar a declarar a Miguel Ángel Ramírez Alonso y a Héctor de Armas por esos nuevos periodos fiscales que no habían sido objeto de imputación.

¿De qué años estamos hablando?

De 2010 a 2013. Luego, lo segundo, tanto la señora fiscal como la acusación particular –la representación legal de USO– me dicen, después de la declaración de Ramírez y De Armas, que se llevan a cabo el mes de diciembre, que había siete peticiones de imposición de fianza.

La más reciente era de octubre, precisamente de justo antes de que Rosell abandonara el Juzgado. Y no se había resuelto.

Yo estudié las solicitudes y el procedimiento. Y dicté un auto por el que le impuse una fianza de 35 millones de euros. Luego ese auto fue recurrido.

Salvador Alba llegando al Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde se celebró el juicio; detrás de él, Nicolás González Cuéllar, su abogado.

Miguel Ángel Ramírez reconoció en el juicio contra usted que la imposición de esa fianza tuvo un efecto muy negativo sobre su imagen de solvencia económica.

Eso es mentira. Por una razón. En el momento en que impuse la fianza, actué con suma prudencia. No le requerí ni el pago de la fianza ni ordené embargo alguno hasta en tanto conociese los bienes, y su valor, de los que disponía la sociedad.

Era consciente de que era una empresa importante y que daba empleo a muchos trabajadores.

Ordené una investigación patrimonial a la Agencia Tributaria. Esta me informa que Seguridad Integral Canaria había facturado 83 millones de euros. Una fianza de 35 millones era como si a una persona que factura un millón de euros se le imponen 100.000 euros de fianza.

Proporcionalmente viene a ser lo mismo.

Por lo tanto, no es cierto lo que dijo en el juicio de que esta fianza llevó a la ruina a Seguridad Integral Canaria.

Luego rebajó esa fianza. ¿A cuánto?

A 17 millones de euros, porque se presentó un recurso. Yo estimé los argumentos de ese recurso porque es cierto había pendientes unos informes de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social sobre esos años.

La magistrada que me sucedió al frente del Juzgado de Instrucción 8, Carla Vallejo –amiga de Victoria Rosell–, la rebajó a 3 millones.

El 16 de marzo de 2016 usted recibió a Miguel Ángel Ramírez a solas, en su despacho. ¿Por qué?

Lo primero, quiero dejar claro que no sabía que lo iba a recibir a solas. Y segundo, tampoco sé que lo voy a recibir a él. A mí se me pone de manifiesto, por parte del abogado de Seguridad Integral Canaria, Sergio Armario, que había una serie de contratos y de relaciones entre el marido de la juez que tramitaba ese procedimiento y Miguel Ángel Ramírez.

Yo desconozco estas circunstancias, evidentemente. Sé que hay una relación, que es el alquiler de una emisora de radio a la Unión Deportiva Las Palmas, propiedad de Ramírez, y que la Fiscalía está investigando a Victoria Rosell por esos hechos.

Lo que desconocía era esa relación. Armario me dice que su cliente, que es Héctor de Armas, quería venir a hablar con el juez, a hacer una comparecencia para aportar esos documentos que acreditan esas relaciones y explicar por qué no se habían aportado con anterioridad.

Yo accedo y…

«Es mentira que la fianza de 35 millones impuesta a Miguel Ángel Ramírez tuviera un efecto muy negativo sobre su imagen de solvencia económica. Ni le requerí el pago de la fianza ni ordené embargo alguno hasta conocer el valor de sus bienes»

Es decir, usted iba a recibir, ese 16 de marzo, a Héctor de Armas y no a Miguel Ángel Ramírez.

Correcto. El 16 de marzo, por la mañana, me viene a ver el abogado Sergio Armario y me dice que quien va a hacer esa comparecencia es Miguel Ángel Ramírez porque es la persona que firma esos contratos y es la que los quiere aportar.

A mí me parece bien.

Ese día aparecen los dos. Sergio Armario me dice que va a ir a la oficina judicial para aportar esos contratos y Miguel Ángel Ramírez entra en mi despacho. Y ahí empieza la conversación.

¿En ningún momento pensó que esa situación era ilógica? No es muy normal verse a solas con un investigado sin su abogado y el de la otra parte presentes. Muchos compañeros suyos han criticado precisamente eso.

No, es lógico. Y se lo voy a explicar. Cuando se estuvo elaborando la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia yo formaba parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, donde se hicieron muchos informes sobre la misma. Y recuerdo perfectamente que se hizo una declaración, en aquel momento, haciendo a la misma.

En esa Carta se dice que el imputado tiene derecho a tener contacto permanente con el juez. Tiene derecho a ser atendido por el juez que le investiga o que le va a juzgar.

A mí esa situación no me resultaba extraña y no era, tampoco, la primera vez que lo hacía. Por lo tanto, es verdad que lo hacía más con acusados, porque mi destino permanente estaba en un tribunal colegiado, y que en este caso era un investigado.

No es extraño. Y a día de hoy sigo pensando que un investigado, cuyos derechos están sometidos a las garantías de un juez de instrucción, pues tiene derecho a hablar y a poner en conocimiento del juez de instrucción aquello que entiendo que pueda afectar a esos derechos.

Esa fue la razón de por qué se produjo esa reunión.

En esa reunión Miguel Ángel Ramírez graba la conversación con una grabadora  O quizá no, porque los peritos que usted contrató y que analizaron la grabación opinan otra cosa…

Nosotros tenemos un informe pericial aportado, que tampoco ha sido valorado en la sentencia, en el que se dice que la captación de parte del sonido de esa conversación se hace desde un micrófono colocado por detrás de la pantalla del ordenador del magistrado.

Recuerde usted que la empresa Seguridad Integral Canaria, la empresa de Ramírez, tenía la contrata de la seguridad del lugar en el que yo tenía mi despacho.

El perito visitó mi despacho y midió lo que ellos describen como frecuencias subsónicas y, para que nos entendamos, que captan aquello a lo que el oído humano no llega pero una grabadora sí, y llegaron a la conclusión que parte de esa conversación grabada procedía de una fuente diferente.

Y el resto correspondía a espacios temporales diferentes. Es decir, a momentos distintos. No al 16 de marzo de 2016.

Hay un dato curioso en esta sentencia. Y es que no se mencionan las fechas de creación de esa supuesta grabación que se da por válida. Precisamente no se menciona porque la fecha que aparece en el informe de la Guardia Civil es el año 2010.

Esa grabación se pudo crear en el año 2014, 2015, 2016 o 2017. O en cualquier fecha que se hubiese querido crear.

Todas estas dudas debían llevar a una sentencia absolutoria, por la aplicación del principio de “in dubio pro reo”, en caso de duda a favor del reo, que rige nuestro derecho penal.

Luego se presentó el empresario Ramírez ante el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que usted había dejado y cuyo lugar había sido ocupado por su compañera, Carla Vallejo, aportando dos audios y sus respectivas transcripciones, de esa conversación, que se dieron por buenos por muchos medios de comunicación durante bastante tiempo. Audios que “demostraban” –entre comillas– su supuesto interés por hundir a Rosell.

Ese audio se ubica en una carpeta, según la Guardia Civil, cuya fecha de creación es el 9 de septiembre de 2016. La reunión supuestamente grabada se produjo el 16 de marzo de 2016.

Esa es la primera duda.

La segunda duda es que no sabemos qué contenía el dispositivo que Ramírez entrega a requerimiento del tribunal.

A nosotros se nos deniega una copia de seguridad del volcado del dispositivo. Es decir, antes de que fuera manipulado por la Guardia Civil.

¿Contenía esa grabadora los dos audios manipulados y la carpeta “trash”, con el tercer audio largo?

No, según la declaración que hizo Ramírez el día que entregó los audios, en ese dispositivo de grabación no había nada.

Y de hecho, ese día que entrega la grabadora lo hace adjuntando un informe pericial en el que consta que se ha hecho un volcado de ese dispositivo y que no contiene ningún archivo. Ninguno de los tres. Estaba vacío.

Eso es lo que entrega Ramírez el 6 de junio de 2016.

Salvador Alba, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Estaba formateada, además?

Sí, eso es lo que declararon en el juicio. Que habían formateado la grabadora.

¿Y por qué lo hicieron?

Porque Ramírez así lo ordena. Él dijo en el juicio que entregó el dispositivo a su jefe de sistemas y le dijo que le hiciera una copia de su contenido en un “pen drive” y que luego lo formateara.

Es de lógica pensar que si se destruye el archivo original es porque quiere que nadie lo encuentre. Es así de simple.

La explicación que da el jefe de sistemas es porque se tenía que usar para otros servicios y necesitaba espacio. Pero todos sabemos que bastaba con darle al eliminar y habría dispuesto de ese espacio, pero la grabación habría permanecido.

Lo que entregaron a la Guardia Civil fueron dos archivos manipulados, editados, cortados, y nada más.

Más tarde quedó claro que habían sido manipulados. Los dos audios eran producto de un corta y pega. También encuentran un tercer audio, en una carpeta que llevaba por nombre “Trash” (basura), que dan por bueno porque, se ha entendido que recoge toda la conversación que mantuvieron Ramírez y usted. Un archivo que también han impugnado ustedes. ¿Por qué?

Porque aparece en una carpeta que corresponde a un ordenador Apple. La grabadora utilizada no tiene ese sistema operativo sino el Windows. Por lo tanto, sabemos que ese archivo no lo ha generado esa grabadora.

Afirma, por lo tanto, que la grabación fue manipulada por un ordenador Apple.

Indica que el audio pasó por un software Apple. Como documento electrónico la grabación tiene que tener unos metadatos, una fecha de creación, de modificación y una firma electrónica.

Todo eso ha desaparecido de ese documento electrónico. Si carece de todo eso, incluso de calidad de sonido, cosa que no ocurría con los que fueron manipulados, el 1 y el 2. Por ello, no reúne los requisitos del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La segunda cuestión es cómo se llevó al proceso.

Se hizo de una forma irregular. Porque en el juicio oral si se sustenta como prueba un documento, al encausado hay que exhibírselo, hay que preguntarle sobre ese documento. Y con los digitales hay que hacer lo mismo. Eso se llama principio de contradicción. Hay que someter a las partes cualquier prueba que se presente.

Esto lo solicitó por el Ministerio Fiscal y le fue denegado. El interrogado, yo, nunca fui preguntado sobre este documento. No se me permitió.

Traducido: La prueba no ha reunido los requisitos legales y no ha sido sometida a contradicción de forma correcta.

«Miguel Ángel Ramírez le dice a Héctor de Armas que no se preocupe porque van a editar esa grabación con la ayuda de un técnico de sonido que se llama Javier Angulo y que ni la Guardia Civil va a detectar que ese archivo se ha manipulado»

Es la prueba clave que sustentado la acusación, ¿correcto?

Es la única.

Cuando Ramírez entregó a la magistrada que le sucedió a usted en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, los dos audios manipulados de la conversación y sus respectivas transcripciones, en un “pen drive”, denunciándole, ¿cometió algún delito, desde su punto de vista?

Un delito de denuncia falsa. Y no sólo entrega los dos audios manipulados sino que lo acompaña de su propia declaración en la que dice cómo ha llevado a cabo la grabación, cómo la paró, y por eso había dos archivos, y cómo después la volvió a reanudar.

Una declaración absolutamente falsa, y así lo declaró la Guardia Civil. Y hasta cuatro informes periciales así lo han establecido.

Lo que hizo fue mentir en presencia judicial. Aportar un documento manipulado y eso da origen a un procedimiento penal contra un magistrado.

Contra mí.

Volvamos al momento en que aparece en su vida Héctor de Armas, en las semanas precedentes a su juicio. ¿Qué le cuenta?

Ramírez le dice a Héctor de Armas que ha hecho una grabación, pero necesita editar, manipular esa grabación, porque en el transcurso de esa conversación, primero, no se obtiene del magistrado ningún tipo de compromiso o acuerdo, como se pretendía. Y, segundo, pues se menciona a muchas autoridades políticas y judiciales, en lo que es un clarísimo delito de tráfico de influencias, por parte de Miguel Ángel Ramírez.

Héctor de Armas le transmite esa preocupación a Miguel Ángel Ramírez y éste le dice que no se preocupe porque van a editar esa grabación con la ayuda de un técnico de sonido que se llama Javier Angulo y que ni la Guardia Civil va a detectar que ese archivo se ha manipulado.

Da el nombre del técnico de sonido que, por cierto, está ahora contratado en la Unión Deportiva Las Palmas.

Y así fue. Se hace esa manipulación.

En ese proceso, Miguel Ángel Ramírez –cuenta De Armas– contacta con Carlos Sosa, que es la pareja sentimental de Victoria Rosell. Y de hecho, acuden, en Madrid, al despacho de Ramírez, José Antonio Choclán, quien les explica que eso tienen que entregarlo a un juzgado de guardia, porque es un disparate lo que han hecho.

En clara referencia a grabar a un juez y  modificar y alterar lo grabado.

Después de ese encuentro en el despacho, Héctor de Armas relata que Carlos Sosa, Victoria Rosell y un abogado, José María Aranda –el abogado socio de la defensa de Rosell en este procedimiento–, llevan a cabo la transcripción de lo que va a entregarse al día siguiente en el Juzgado de Instrucción 8, que en ese momento ya está servido por Carla Vallejo, amiga íntima de Victoria Rosell.

Se ponen en mi boca determinadas expresiones y en la de Ramírez determinadas expresiones. Y le dan apariencia de autenticidad.

Efectivamente así es. Al día siguiente, el señor Ramírez apareció con el “pen drive” con los archivos editados y las transcripciones, para hacer la denuncia.

O sea que no fue Ramírez quien hizo la edición de los audios.

[Se ríe abiertamente]  Noooo. Cuando Ramírez fue interrogado en el juicio sobre esa transcripción dijo que la habían pedido de los medios de comunicación. Miguel Ángel Ramírez no sabía cómo se había hecho esa transcripción porque se la había encomendado a Aranda, Sosa y Rosell.

Fue una respuesta absolutamente absurda. Una mentira más.

El magistrado Salvador Alba en una foto tomada junto a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

¿Cuál era el objetivo de Miguel Ángel Ramírez, al presentar una denuncia falsa contra usted, cuando usted había dejado ya el Juzgado de Instrucción 8?

Héctor de Armas dice que el objetivo era chantajearme. Hacerme llegar que tenían esta grabación para obligarme a archivar el procedimiento contra Ramírez. O lo archivaba o lo hacían público.

Esa era la intención.

¿Por qué no ocurre todo de acuerdo con sus planes? Porque le fallan los tiempos.

Esta manipulación se concluye, según se deduce de la fecha de la transcripción, el 5 de mayo. Y yo había abandonado ese Juzgado, para seguir en mi destino, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, el 3 de mayo.

Carla Vallejo tenía 20 días para tomar posesión. Tenía que hacerlo el 23 de mayo, pero lo hace el mismo día 3 de mayo.

Es decir, Ramírez contaba con que usted seguiría al frente del Juzgado el día que iba a presentar la falsa denuncia…

Sí, de hecho así lo relató Héctor de Armas ante el tribunal. Les fallaron los tiempos. Contaba con que yo cesara 20 días después.

¿Qué sacaba Ramírez, si usted había dejado ese destino?

Si la denuncia prosperaba, como así ha sido. Y se conseguía una sentencia condenatoria, como así ha sido, aunque no sea firme, pues ellos van a argumentar, de forma inmediata, la nulidad del que yo instruí en relación con la causa de Ramírez.

Es decir, los seis meses en los que se hizo la investigación patrimonial, en los que se impusieron las fianzas, en los que se amplió la imputación a otros delitos fiscales; todo eso quedaría anulado. Por aplicación del 324, no podrían ampliarse los delitos fiscales de 2010 a 2013.

Conseguirían la total impunidad por los delitos fiscales cometidos. Al tiempo. Es posible que se solicite próximamente esa nulidad ante el Juzgado de Instrucción 8.

«Héctor de Armas dice que el objetivo era chantajearme. Hacerme llegar que tenían esta grabación para obligarme a archivar el procedimiento contra Ramírez. O lo archivaba o lo hacían público»

O sea, la doctrina del fruto del árbol envenenado.

Correcto. No es una conclusión disparatada porque a lo largo del periodo de instrucción en el que Victoria Rosell regresa, sorprendentemente, al Juzgado de Instrucción 8 y se hace cargo, otra vez, del caso –pese a haber sido investigada por la Fiscalía, pese a ser público y notorio que su marido tiene relaciones comerciales con Miguel Ángel Ramírez–.

Durante un año. Y durante ese tiempo ella dicta resoluciones en las que alude a la posible nulidad de las resoluciones que yo había dictado durante los seis meses que instruí ese procedimiento.

El Tribunal Supremo abrió una instrucción a Victoria Rosell pero como no se presentó a las elecciones de junio de 2016, el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Qué papel juega aquí el presidente, Antonio Doreste?

Es muy sencillo. Desde que la Fiscalía investiga a la señora Rosell por ese contrato de 300.000 euros entre Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez el presidente se preocupa por la situación de ese procedimiento y por la situación del Juzgado. Doreste tenía información. Le preocupaba el retraso extraño e injustificado en la instrucción del procedimiento, resoluciones sin dictar, medidas sin adoptar, etcétera.

El papel que juega es correcto.

Yo informé al presidente de mi reunión del 16 de marzo de 2016 con Ramírez en mi despacho. Y lo hice tanto verbalmente como por escrito, lo que consta en el procedimiento.

Hasta ese momento la actuación del presidente es absolutamente impecable.

Cuando me sorprende es cuando él forma parte de la Sala de Admisión por la denuncia contra mí por esa reunión, presentada por Miguel Ángel Ramírez. Y decide admitirla a trámite e incoar un proceso penal.

Digo que me sorprende porque él era conocedor de todos los hechos y había sido informado como autoridad gubernativa que era.

Es cuando entiendo que el papel empieza a distorsionarse.

Entiendo que Doreste tenía que haberse abstenido de formar parte de esa Sala de Admisión porque estaba contaminado.

Tenía que haberse abstenido, sí. Pero no lo hizo. No solo había tenido un contacto previo con los hechos sino que había sido partícipe de los mismos. Porque en todo momento le tengo informado.

Usted estaba destinado en la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas. ¿Por qué asume usted la competencia de ese Juzgado de Instrucción?

Se ha dicho que yo tenía mucho interés en llegar a ese Juzgado y es cierto. Tenía interés por una razón. Yo formaba parte, junto con otros muchos compañeros, de una bolsa de sustituciones que se crea para sustituir voluntariamente en aquellos juzgados que estaban vacantes.

En ese momento había dos magistrado que podían ser llamados por el presidente para ocuparse del Juzgado de Instrucción 8: el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, y yo mismo.

¿Por qué me llama a mí? Porque Emilio Moya se encontraba sustituyendo en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Y, por lo tanto, según la ley, no podía sustituir en dos órganos al mismo tiempo. Pasa la lista, y me toca a mí.

El presidente me llama y le cuento que tengo interés en ocuparme de ese destino porque tiene guardias de 24 horas y, económicamente, era un caramelo. Cualquier juzgado de instrucción de Las Palmas es un caramelo. Se cobra bastante.

Me dijo que era para tres o cuatro meses y me dijo que le hiciera llegar un escrito explicándole cómo iba a compaginar mi trabajo en la Sección Sexta con el Juzgado de Instrucción, algo completamente habitual, para obtener la comisión de servicio.

El presidente me contó, 24 horas antes de tomar posesión, que existía una oposición muy grande, por parte de Victoria Rosell a que yo ocupara su Juzgado de Instrucción. Quiero que lo sepas, porque me ha llamado varias veces, me dijo.

Mi llegada al Juzgado de Instrucción número 8 fue aplicando el reglamento de la carrera judicial.

«El presidente me contó, 24 horas antes de tomar posesión, que existía una oposición muy grande, por parte de Victoria Rosell a que yo ocupara su Juzgado de Instrucción. Quiero que lo sepas, porque me ha llamado varias veces, me dijo»

Según tengo entendido, usted y Victoria Rosell fueron muy amigos en el pasado. Fueron, incluso, compañeros de promoción. ¿Qué es lo que pasó?

Mi relación con ella fue siempre muy, muy buena. Tan buena como que las hijas de esta compañera venían a mi casa. Hasta yo les he cambiado pañales.

Es cierto que ella era portavoz de Jueces para la Democracia y yo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Eso jamás provocó ningún tipo de roces.

Es verdad que se distanció un poco esa relación cuando ella se divorció de otro compañero de promoción nuestro, bastante amigo mío. Yo le presté mi hombro para que llorara en él. Aquello no le sentó bien a Victoria Rosell y a partir de ahí dijo que no quería que sus hijas fuesen a mi casa.

Eso es lo único que ha podido enturbiar, en cierto modo, la relación.

¿Y con Carlos Sosa, de dónde viene la relación?

De ningún sitio. No ha sido ni amigo ni conocido. La realidad es que cada vez que he dictado una resolución que a él no le ha gustado me ha insultado en su periódico, me ha faltado al respeto –no sólo a mí, también a la Sala que dictaba las resoluciones–.

Recientemente me denunció por acudir a una cena con un político conocido, Santiago Abascal, que dio lugar a las diligencias informativas 289/2019, que archivó el promotor de la Acción Disciplinaria porque no vio ninguna irregularidad.

A veces me pregunto si toda esta persecución, por parte de Sosa hacia mi persona, es porque le condené por un delito de calumnias.

¿Le condenó en costas?

Sí, claro.

Sosa había obtenido la concesión para la explotación de una emisora de radio en FM allí en Canarias, ¿no es así?

Así es.

El magistrado Salvador Alba declarando junto a sus abogados, Nicolás González-Cuéllar, con gafas rojas, y Pedro Ayala, en primer término.

¿Cómo llegó a usted la información de que había formalizado el alquiler, con derecho a compra, de esa frecuencia de onda a Miguel Ángel Ramírez, para la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que entonces estaba en Primera División?

Tres días después de que Victoria Rosell dejara el Juzgado de Instrucción para presentarse como número 1 por Podemos en Gran Canaria, sí.

Yo tengo noticia de ese contrato a través de la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos. Ella recibe ese contrato en la Fiscalía Provincial y deciden iniciar unas diligencias de investigación contra la señora Rosell por haber incumplido el deber de abstención.

La fiscal formaba parte del procedimiento contra Ramírez. Y me dice, mira existe este contrato y me comunica la apertura de las diligencias mencionadas. Esto es delicado.

Es verdad que luego he tenido más información, que he tenido acceso a esas diligencias de investigación, que el contrato se cerró el acuerdo el 3 de octubre de 2016 y, según uno de los testigos que habían declarado, Carlos Sosa había cobrado 60.000 euros de anticipo de ese contrato antes de que Victoria Rosell cesara en el juzgado. Fue casi un mes antes.

¿Por qué necesitaba la UD Las Palmas una emisora de radio?

Porque no tenía una licencia legal y la necesitaba, por los “sponsors” y las publicidades. Y la más asequible era la de Sosa. Fue un alquiler con opción de compra, un contrato privado, que generó después expedientes por parte del Gobierno autonómico de Canarias porque este tipo de concesiones son procedimientos administrativos reglados.

Cualquier tipo de cambio tiene que hacerse mediante procedimiento administrativo.

A día de hoy, ¿esta emisora sigue emitiendo?

Sí, claro. La utiliza la UD Las Palmas desde 2016.

¿Cabe la posibilidad de que Sosa haya cedido el uso de esa frecuencia de radio de forma gratuita a la UD Las Palmas?

[Se ríe] Lo dudo porque hay un contrato. Dudo mucho que haya querido condonarle una deuda de 300.000 euros una empresa como Clan de Medios a una sociedad como la Unión Deportiva Las Palmas.

¿Por qué tardó tanto tiempo la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, Margarita Varona, en instruir la causa de Victoria Rosell, teniendo una carga de trabajo mínima?

Para mí es inexplicable. En ese procedimiento se hicieron dos pruebas periciales, por parte de la Guardia Civil, que tardaron 20 días cada una, y luego se recibió declaración a unos 8 testigos, exclusivamente.

No tuvo más.

Yo puse muchos recursos, porque había muchas irregularidades, pero nunca tuvieron efectos suspensivos. Ha tardado tres años en instruirse. ¿Por qué? Para mí es inexplicable.

Esto ha generado un perjuicio personal y patrimonial en mi persona, indudable.

A Varona, que fue la instructora no sólo del caso de Rosell sino también del suyo ­–dos casos íntimamente relacionados–, la recusó.

Dos veces.

«No fue un error grabar a mis compañeros. El error fue entregar el audio en un Juzgado de Instrucción 2 con la ingenuidad de que no iba a trascender a la opinión pública. A los 30 minutos de presentarlo se había filtrado a un medio de comunicación»

¿Y qué pasó?

La primera fue por resolver un día antes una petición que le dirigió Victoria Rosell al día siguiente. Como no creo en los poderes adivinatorios de ningún compañero, entendimos que podía haber tenido un conocimiento previo extraprocesal del escrito de Rosell.

La recusación fue rechazada. La explicación fue que había sido una casualidad.

La segunda recusación fue por el archivo de las diligencias previas contra Rosell en las que ponía en duda mi actuación.

¿Varona instruyó su caso y el de Rosell al mismo tiempo?

A la vez.

¿Lo lógico no habría sido que la persona instructora no hubiera sido la misma?

No, no es sólo lo lógico. Es lo legalmente exigible. Una causa de recusación es el haber tenido, del modo que sea, contacto previo con lo que sea objeto del procedimiento.

A la señora Rosell se la estaba investigando por su actuación en las diligencias previas 644/2014 y a Salvador Alba, también. Por lo mismo.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que las diligencias de Rosell se incoaron con anterioridad a las mías, pues la señora Varona no podía instruir ambos casos.

Por una idea muy simple: porque la idea que se formara en unas iba a ser contraria a la que se formara en las otras.

Eso vulnera al juez imparcial predeterminado por la ley.

Esta fue la segunda causa de recusación, que sí se admitió a trámite, pero luego la Sala lo rechazó.

En esta segunda recusación ocurrió una cosa curiosa:  en el momento en que se estaba resolviendo la recusación, la magistrada Varona volvió a dictar resoluciones, a resolver recursos, cuando estaba nombrado como magistrado instructor otro magistrado.

Es decir, había dos magistrados instruyendo las diligencias previas a la vez. Esto provocó que el ministerio fiscal emitiese un informe diciendo que la señora Varona debía apartarse hasta que se decidiera la recusación.

Pero no ocurrió nada. Esto hubiera sido suficiente para abrir un expediente por el incumplimiento del deber de abstención.

Esto se planteó, en el juicio, como cuestión previa y el tribunal no lo resolvió tampoco.

¿Fue un error grabar las conversaciones a sus compañeros?

No, no lo creo. El error fue entregar el audio en un Juzgado de Instrucción 2 con la ingenuidad de que no iba a trascender a la opinión pública.

Se grabó por una razón. No por invadir la intimidad de nadie. Se grabó porque uno de mis compañeros, Carlos Vielba, me estaba ofreciendo manipular pruebas en un procedimiento de la mano de Miguel Ángel Ramírez.

Lo único que se pretendía era acreditar ese extremo. No me podía permitir aparecer en más conspiraciones. Fueron las autoridades las que vulneraron la privacidad de estos compañeros.

A todos ellos, menos a Vielba, les pedí disculpas y me las aceptaron.

Nosotros pedimos su comparecencia como testigo en el juicio y fue rechazada. Esa grabación figura como documental en el procedimiento. Veremos lo que dice el Supremo.

Los denunciados, en este caso, eran Miguel Ángel Ramírez y Sergio Armario.

El magistrado Salvador Alba, presidiendo uno de los juicios de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en cuya Sección Sexta estaba destinado.

¿Y cómo se filtró?

No lo sé, pero en 30 minutos estaba en el medio de comunicación de Carlos Sosa. El juez instructor abrió diligencias y requirió a Sosa para que retirara de su periódico digital la grabación. Lo retiró, pero ya sabe cómo funcionan las cosas en la Red.

¿Y la grabación al presidente Doreste?

Está bien que me lo pregunte, porque cuando el presidente me dice que quite la denuncia contra Ramírez y me cuenta que me están siguiendo, que están vigilando el correo electrónico, yo entiendo eso como presión.

Con el paso de los meses, a estas alturas creo que el presidente Antonio Doreste estaba más presionado que yo para que esa denuncia se retirase.

¿Entiende usted por qué sus compañeros han sido tan duros con usted en la sentencia? El castigo impuesto casi equivale a un homicidio frustrado.

Efectivamente. Desde el punto de vista jurídico y técnico no le encuentro ninguna explicación. Lo que pasa por la cabeza de mis compañeros a la hora de actuar con esa dureza, a la hora de forzar la interpretación de la norma penal para encajar esos tres delitos de los que resulta la condena no lo puedo saber.

Este caso me ha llevado 3 años de mi vida bajo una presión insoportable, que desembocó en una baja por depresión.

Y una sentencia que está siendo utilizada por los políticos en la campaña electoral.

Los políticos se han pasado en sus declaraciones. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que interpretan el Convenio Europeo de Derechos Humanos hablan de los efectos extraprocesales que obligan a las autoridades públicas, a diputados y senadores, a respetar el principio de presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme.

Yo podría demandar mañana ante el TEDH estas opiniones de los políticos y a buen seguro me darían la razón. Porque no se ha respetado en absoluto.

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