El juez de ‘Titella’ tomará declaración como investigado a José Luis Moreno el próximo 17 de febrero
Está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país
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25/1/2022 06:46
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Actualizado: 25/1/2022 00:41
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración como investigado al productor televisivo José Luis Moreno el próximo 17 de febrero a partir de las 10.00 horas, la principal figura en la operación ‘Titella’ cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Así consta en una diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 fija finalmente fecha para su declaración después de que el propio Moreno se ofreciese a declarar voluntariamente el pasado mes de noviembre.
Entonces, la representación del productor insistió en que todas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha revelaban el «error tremendo» que supuso la imputación de Moreno, haciendo énfasis en que el resultado de las mismas era «marcadamente exculpatorio».
Además, lamentó que durante los últimos meses las acusaciones hubiesen sido «incapaces de aportar un solo indicio racional de criminalidad» que superase «la condición de mera conjetura o convencimiento anímico».
A su juicio era algo «lógico» puesto que es «imposible acreditar lo inexistente».
José Luis Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
José Luis Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función.
El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
Tras tomar declaración a gran parte de los detenidos en la operación, el magistrado inicia el año escuchando a algunos de los principales protagonistas. Entre ellos se encuentra el socio del propio Moreno, el empresario argentino Alejandro Roemmers, que declarará ante el magistrado en su condición de perjudicado el próximo 9 de febrero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función.
Roemmers, el productor que habría sido estafado por Moreno, figura como perjudicado en la causa después de que invirtiera más de 30 millones de euros para la producción de la serie sobre Francisco de Asís que no habría llegado a término.
En un comunicado emitido el pasado mes de agosto, su defensa explicaba que Roemmers se personó para conocer la realidad de ‘Glow & Darkness’, «su calidad, su coste, y qué falta» por realizar.
Pero, además, la pasada semana el magistrado volvió a citar a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo de Moreno, que no pudo declarar como imputado debido a que dio positivo en COVID-19 al realizarse una prueba PCR en la República Checa, donde reside. Ya entonces solicitó que se aplazara su declaración al menos un mes.
En una providencia, el juez señalaba su declaración para el próximo 8 de febrero a partir de las 10.00 horas y advertía de que, en caso de nueva incomparecencia sin justificación, la citación podría convertirse en orden de detención.
Czehmester está siendo investigado por presuntamente haber participado directamente en la fase de blanqueo de los beneficios obtenidos por Moreno y sus empresas a través de su actividad fraudulenta.
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