La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, denunció ayer públicamente que el Gobierno todavía no ha cumplido con su obligación de transponer la normativa europea sobre protección de personas informantes o alertadores de corrupción, “lo que tiene consecuencias muy negativas para quienes denuncian y buscan protección”.
Pagaza se ha dirigido a la Comisión Europea en una pregunta escrita en la que alerta de este retraso en trasladar la Directiva 2019/1937 a la legislación nacional.
El plazo venció el 17 de diciembre de 2021 y de los 27 Estados, 22 no han llegado a tiempo.
Entre ellos está España, que acumula una treintena de infracciones por no transponer a tiempo distintas directivas comunitarias.
El año pasado España tuvo que pagar 23 millones de euros como sanción por no transponer a tiempo la ‘Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
UNA DIRECTIVA QUE PROTEGE A LOS DENUNCIANTES O ALERTADORES DE CORRUPCIÓN
La norma europea regula la protección de las personas conocidas como alertadores de corrupción o “whistleblowers”, quienes, por sus actividades laborales, alertan de actos de corrupción, irregularidades, blanqueo de capitales o actos contra la salud pública.
El objetivo es evitar que haya personas que dejen de denunciar sus sospechas o de informar de infracciones por miedo a las represalias, como un despido, acoso o coacciones, por lo que esta Directiva ofrece medidas de protección.
España y buena parte de los Estados llegan ya tarde.
La eurodiputada ha pedido en su pregunta escrita a la Comisión que informe sobre cómo va a acelerar el proceso de transposición de la Directiva y si se plantea un procedimiento formal de infracción contra estos países que no han cumplido el plazo previsto.
Además, y para cuando finalmente la normativa nacional recoja esa Directiva, Pagaza quiere saber cómo evaluará Bruselas que se ajusta a las disposiciones europeas y que la protección que se ofrece es efectiva.
