El Ministerio de Justicia ha prorrogado durante 2022 las medidas extraordinarias aprobadas en 2021 para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del Tribunal Supremo (TS) con motivo del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva tres años y un mes en funciones, lo que está ocasionando un retraso de más de 1.000 sentencias al año. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia acordó en septiembre de 2021 autorizar las medidas de refuerzo solicitadas para el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
En total, se hizo dotaron 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico hasta diciembre de 2021.
Dado el escaso tiempo transcurrido para comprobar la efectividad de estos refuerzos, la cartera que dirige Pilar Llop prorroga durante 2022 esta dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros.
Esta medida extraordinaria para mitigar los efectos negativos que supone la no renovación del CGPJ supone la mayor dotación de recursos impulsados por el Ministerio de Justicia hasta el momento, afirman fuentes de esta cartera.
Este plan de choque se suma a otras medidas implementadas por el gabinete de Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa.
La ministra de Justicia mantendrá próximamente un encuentro con el presidente del TS y su Sala de Gobierno para continuar implementando estas medidas.
