Tres vocales del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida denunciaron públicamente al decano de la entidad por gastarse 13.854 euros en un viaje de una semana al país caribeño en marzo de 2019.
Batalla legal en el seno de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona
Un viaje a Cuba en 2019 del decano, Carlos Berruezo, y el vicedecano, Julio Amador, con sus parejas, para intervenir en un congreso ha sido el detonante
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11/2/2022 06:48
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Actualizado: 14/2/2022 08:12
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Un viaje a Cuba del decano del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Carlos Berruezo, y el vicedecano, Julio Amador, con sus parejas, para intervenir en un congreso internacional de relaciones laborales en 2019 ha sido el detonante del enfrentamiento entre el decano y varios vocales de su Junta Directiva.
Tres vocales del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida denunciaron públicamente al decano de la entidad por gastarse 13.854 euros en un viaje de una semana al país caribeño en marzo de 2019. También se quejan de la poca transparencia de las cuentas y señalan su mala gestión.
Dos de estos vocales, Montse Cerqueda y Josep Canal han subrayado públicamente esas irregularidades. El pasado mes de agosto interpusieron un recurso contencioso administrativo en el que impugnan las cuentas del Colegio de los ejercicios 2017 a 2020 y piden que sus actos sean declarados nulos.
También de manera paralela, enviaron una comunicación a todos los colegiados imputando al decano unos gastos cercanos a los 53.000 euros en dicho viaje.
Dicho envío masivo de esa información a los colegiados provocó una querella criminal del propio Berruezo a dichos vocales por calumnias e injurias.
Sin embargo, el pasado 10 de noviembre el magistrado del Juzgado 33 de Instrucción de Barcelona archivó la querella, desestimando el pasado 22 de diciembre el recurso de reforma interpuesto ante dicho órgano judicial.
El magistrado Luis Martínez señalaba en dicho auto que “un error en la cuantificación de la cuantía total de los gastos repercutidos no es elemento suficiente, no determina la comisión de un delito de injurias y calumnias”, indica.
Esta decisión judicial ya ha sido recurrida por el propio decano ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
Falta de transparencia en el Colegio
Montse Cerqueda, una de las vocales enfrentada a la Junta de Gobierno, explica a Confilegal que en este momento están a punto de que se convoquen elecciones al Colegio de Barcelona, que serán el próximo 22 de marzo.
“Todos estos gastos judiciales van con cargo a las cuentas del Colegio de Barcelona, en nuestro caso el dinero en recursos judiciales sale de nuestro bolsillo”, comenta.
Cerqueda insiste en la necesidad de transparencia y aclarar cualquier gasto complejo e indica que como marca la ley todos los vocales tienen responsabilidad personal como miembros de la Junta de lo que se haga.
“Estamos convencidos que lo de Cuba es una tontería con lo que va a salir”, apunta.
También señala que Berruezo como decano ha gastado dinero sin control en sus seis años de gestión. “Tenemos prueba de que sus gastos cuando va a Madrid son muy elevados”.
Apunta sobre las auditorías realizas que “se hacen por una empresa familiar cercana al decano. Las cuentas están cuadradas pero los documentos que lo sustentan no sabemos a qué obedecen”.
Cerqueda reconoce que ha sido interventora de la Junta y que renunció al cargo por ser una figura decorativa, “tengo la renuncia firmada, pero cuando llego a la Junta de Gobierno no solo no la acepto sino que me destituyó y no aprobó mi gestión”.
De hecho, indica que las cuentas de 2019 están firmadas por todos “menos por mi”. También señala que ha enviado varios correos para reclamar ciertas cuentas que no se contestaron.
Esta jurista justifica sus argumentos señalando que “en la querella criminal tuvo el decano que aportar esos gastos y ahí están. La documentación existe. Hay una factura de Viajes Calypso de 13.500 euros sin detalles de aviones ni días de instancia”.
Sobre este conflicto que se ha judicializado de forma notable cree que “es previsible que le pida a Berruezo que devuelva ese dinero al Colegio. Es lógico que así sea”.
Justificación de los gastos
En declaraciones a Confilegal, Carlos Berruezo, decano actual del Consejo de Graduados Sociales de Barcelona, aclara en una reunión con este medio de comunicación que “no hay ningún conflicto abierto. Nosotros justificamos todos los gastos y no entendemos este ataque que estamos sufriendo y que puede dañar la reputación de nuestra entidad”.
Así sucedió, explica, el mes de noviembre de 2020 cuando enviaron un correo a todos los miembros del Colegio con las mismas acusaciones y que el Colegio rebatió e informó por mail a todos sus miembros el 7 de noviembre de 2020 .
“En esa situación no tuve más remedio que interponer una querella criminal por atentar a mi honor”, aclara.
En cuanto al viaje a Cuba Berruezo aclara que este viaje, que tenía carácter representativo, se realizó con el conocimiento y consentimiento de toda la Junta.
«En ningún momento, el coste fue el que comunicó por mail a todos los colegiados el Sr. Canal, 53.000 euros, lo que le valió una querella por falsedad, sino que fue de 12.000 euros».
También señala que del desarrollo del viaje se informó en el número 348 de la revista ‘Consell Obert’ de abril de 2019, que reciben todos los miembros del Colegio.
Salud financiera de la entidad colegial
Sobre la situación financiera de la entidad indica que las cuentas del Colegio han sido debidamente auditadas por un auditor externo, aprobadas por la Junta y ratificadas en Asamblea General.
“Estas cuentas del Colegio de Graduados Sociales reflejan, además, de forma inequívoca, la buena salud económica y financiera de la entidad”.
También indica que Cerqueda y Canal en ningún momento han llevado a cabo las acciones previstas específicamente para proceder a su impugnación.
Otra cuestión que señala es que respecto a las cuentas del Colegio, Montserrat Cerqueda que ha sido contadora del Colegio, debe aceptar la responsabilidad inherente al cargo que aceptó y bajo el cual actuó.
“Es un sin sentido que hable de irregularidades en unas cuentas que en su función de contadora ha validado”, subraya.
«Toda la actividad pública del Colegio está sujeta a la Ley de Transparencia y que cumple, de forma estricta, con todos sus requisitos»
También apunta que desde la entrada en el decanato del actual decano, se ha trabajado para reducir los costes en aquellos ámbitos en los que ha sido posible, reduciendo el presupuesto anual de forma considerable, sin que afecte a la cantidad y calidad de los servicios y sumando una reducción de cuotas del 10%.
Berruezo destaca que “los gastos anuales de explotación del Colegio se han reducido en más de 300.000 euros, respecto a 2008 con el Sr. Cardellach al frente. Los gastos en servicios profesionales externos han pasado de más de 40.000 euros a 7.300, o los gastos de representación, que con el anterior decano en 2008 fueron de 62.000 euros, se han reducido a 15.000 euros”.
Cuando le preguntamos por la falta de transparencia de su entidad colegial, aclara que “Es rotundamente falsa la acusación de opacidad y falta de transparencia del Colegio”.
Al mismo tiempo indica que “toda la actividad pública del Colegio está sujeta a la Ley de Transparencia y que cumple, de forma estricta, con todos sus requisitos. El Colegio ha dado respuesta a todas las solicitudes de los interesados, al amparo de esta ley, que además han sido resueltas por el organismo competente, facilitando siempre la información pertinente”.
Respecto a la prórroga de los cargos de los vocales que vencían en abril de 2020 y el aplazamiento de las elecciones por el estado de alarma, el Colegio consultó al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España que, a su vez, solicitó un informe jurídico a un experto, cuyo dictamen fue muy claro: “la Junta de Gobierno deberá seguir dirigiendo el Colegio con el resto de los integrantes cuyo mandato no venza en abril de 2020, hasta que se convoque el nuevo proceso electoral”.
“Este es exactamente el criterio aplicado. Añadir que los miembros de la Junta no han sido cesados en ningún momento, sino que, como determina el dictamen, les ha vencido el mandato”, comenta Berruezo.
Además, señala que todos ellos tenían pleno conocimiento al presentar su candidatura en 2017, de que el nombramiento de las vocalías vencía el 20 de abril de 2020, y así lo habían aceptado y firmado.
Por tanto, todos los procedimientos electorales del Colegio de Graduados Sociales se han llevado a cabo según la normativa. Los vocales cesantes perdieron su condición por vencimiento del cargo, como expresamente señala el Estatuto del Colegio.
Además, también indica que los seis vocales a los que les venció el mandato volvieron a presentarse en el proceso electoral en 2020 y ninguno de ellos obtuvo la confianza de los colegiados y colegiadas para renovar el cargo.
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